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jueves, 14 de diciembre de 2017

DEMOCRACIA EN PELIGRO. RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS PERUANOS


Por: Fr. Héctor Herrera, o.p.

“La persona humana es el fundamento y el fin de la convivencia política” (CSI No. 384). El Perú vive una crisis ética moral en los poderes del Estado, que es urgente evaluarla a la luz del Evangelio.
La comunidad política la conforma todo el pueblo peruano. Los representantes del mismo, deben velar no por mezquinos intereses, sino pensando el bien común del país. Ser una mayoría, no da ningún motivo para desestabilizar el país, o interferir en las investigaciones, blindando a sus propios miembros. Lo que se trata es defender los intereses de los pobres de las distintas regiones del país, que no están actuando como actores de un desarrollo integral. “El pueblo no es una multitud amorfa, una masa inerte para manipular e instrumentalizar, sino un conjunto de personas, cada una de las cuales –“en su propio puesto y según su manera propia” tiene la posibilidad de formar su opinión acerca de la cosa pública y la libertad de expresar su sensibilidad política y hacerla valer de manera conveniente al bien común” (CDI No. 385)

“un gran factor negativo en buena parte de la región, el recrudecimiento de la corrupción en la sociedad y en el Estado, que involucra a los poderes legislativos y ejecutivos en todos los niveles, y alcanza al sistema judicial…lo que pone en riesgo las instituciones públicas y aumenta la desconfianza del pueblo”, expresaban los obispos latinoamericanos (D.A. 77)

Cuando se escucha a los congresistas “su indignación ante lo que está sucediendo en el país”, los peruanos de a pie, nos preguntamos si nosotros también estaríamos indignados ante la actitud del congreso. Desde las comisiones lava jato, las comisiones de ética, etc. ¿Les interesa realmente la vida educativa, económica, social, política, judicial? ¿O se escudan tras el poder, para no mirar la vida de los pueblos originarios, donde mafias talan los bosques, la trata de personas, la desnutrición, la inseguridad ciudadana, la falta de trabajo, techo, educación, la protección de los alimentos en la vida del pueblo?

La situación exige seriedad y responsabilidad de todos. Actuar con serenidad, libertad, responsabilidad, tolerancia y transparencia e ir creando una cultura ética, donde cada uno que ocupa un cargo público, piense en el bien común del país, para lo cual un sector de la población los eligió. Trabajar con más honestidad entre todos los poderes, respetando cada poder, de modo que se actúe con transparencia, dando cuenta al pueblo peruano de sus actos.

El país no puede seguir siendo ignorado de sus problemas cruciales, sino pensar que cualquiera que dirige las comisiones, más allá de su búsqueda personal, cree un clima de unidad, de justicia y de una verdadera paz, que cree la estabilidad para que se siga invirtiendo, pero pensando en un desarrollo con ética y responsabilidad social que tenga en cuenta la educación, creando los valores cívicos, ciudadanos, morales. No podemos seguir siendo el hazme reír de las noticias que salen fuera, por falta de responsabilidad de la clase política, recordando que la política tiene que ser un servicio de caridad y de solidaridad, como muchas veces lo ha expresado el Papa Francisco.

martes, 30 de junio de 2015

Comunicado de Cejil y Aprodeh sobre sentencia de Corte IDH en caso Eduardo Cruz Sánchez (Chavín de Huántar)‏


Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a Perú responsable por ejecución extrajudicial en el caso Eduardo Nicolás Cruz Sánchez (caso Chavín de Huántar)

Washington, D.C. y Lima, 29 de junio de 2015.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado peruano responsable por la ejecución extrajudicial de  un miembro del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), tras el operativo militar Chavín de Huántar en 1997, así como por la falta de una investigación diligente de estos hechos.

La Corte IDH dio a conocer el fallo hoy, el cual establece la responsabilidad internacional de Perú por la muerte de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez alias “Tito”, ocurrida luego de que éste quedó fuera de combate, lo que lo convertiría en persona protegida para el Derecho Internacional.

“El Estado tiene el derecho de utilizar la fuerza para el rescate de rehenes. Pero, como afirma la Corte Interamericana, se debe respetar la vida y la integridad de las personas que han quedado fuera de combate”, señaló Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

La sentencia de la Corte coincide con las decisiones emitidas por la jurisdicción interna en octubre del 2012 y en julio del 2013 que establecieron la existencia de una ejecución extrajudicial en el caso de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y obligaron a realizar una investigación para identificar a los autores de dicha violación.

Si bien la Corte determinó que no existen pruebas suficientes para determinar la responsabilidad del Estado por las muertes de Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza, el Tribunal determinó la responsabilidad del Estado por violar sus garantías judiciales al no haber llevado a cabo investigaciones diligentes y por la utilización de la jurisdicción militar para avanzar las investigaciones penales de sus casos.

“Es satisfactorio para nosotros que la Corte haya reiterado su jurisprudencia respecto a la inadecuación de la jurisdicción militar para la investigación de hechos que pueden constituir violaciones a los derechos humanos”, dijo Gloria Cano, Directora Ejecutiva de APRODEH. “Hemos insistido desde hace años en este tema, que influyó en que el caso sea sometido al Sistema Interamericano”, concluyó.

En su decisión, la Corte IDH ordena al Perú llevar a cabo una investigación seria y efectiva para identificar, procesar, y en su caso sancionar a los responsables de la ejecución extrajudicial de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez. A su vez, solicitó tratamiento de salud especializada y psicológico a favor del hermano de la víctima. Como había sido solicitado por los familiares de Cruz Sánchez, la Corte no ordenó reparaciones económicas.

CEJIL litigó el caso en conjunto con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú.


Fuente: CEJIL

miércoles, 18 de marzo de 2015

Obispos latinoamericanos expondrán ante la CIDH sobre los efectos de las industrias extractivas



El próximo jueves 19 de marzo la Iglesia de América Latina expondrá su visión sobre los efectos de las industrias extractivas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, durante una audiencia pública dedicada al tema “Derechos Humanos e Industrias Extractivas en América Latina”.

En dicha audiencia, informa una nota, el Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), la Red Eclesial Pan-Amazónica (REPAM), el Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Caritas (SELACC), la Confederación Latinoamericana y caribeña de Religiosos y Religiosas (CLAR)  y  la  Comisión Amazónica  de  la  Conferencia  Nacional  de Obispos  de  Brasil  (CNBB)  presentarán  “la  posición de la Iglesia Católica ante la vulneración de los derechos humanos de poblaciones indígenas y  campesinas, afectadas por las industrias extractivas en América Latina”. Serán presentados algunos  casos emblemáticos en Brasil, Ecuador, Honduras, México y Perú, en los que la Iglesia cumple un  papel relevante y se formularán algunas recomendaciones a los Estados y a la  sociedad civil del continente.

Durante la audiencia, la delegación de la Iglesia entregará un informe donde se incluyen casos en los que la Iglesia católica ha tenido un papel relevante ante las violaciones a los derechos humanos cometidas por las empresas extractivas. Además, el informe indica que muchos Estados de la región permanecen indiferentes a estas prácticas, considerando como prácticas usuales la criminalización  de defensores y defensoras de derechos humanos y las afectaciones graves a la salud, integridad y  vida, especialmente de comunidades indígenas y campesinas.

El informe destaca la necesidad de adoptar un modelo de desarrollo en América Latina que sea sostenible, en donde esté en equilibrio el desarrollo económico, los derechos humanos y el ambiente.

Participarán en la audiencia Monseñor Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo (Perú) y Presidente del Departamento de Justicia y  Solidaridad del CELAM; Mons. Roque Paloschi, Obispo de Roraima y miembro de la Comisión Amazónica de la Conferencia  Nacional  de  Obispos  de  Brasil  CNBB; Mons. Álvaro Ramazzini, Obispo de Huehuetenango (Guatemala) y Presidente la Comisión de Justicia y Solidaridad de la Conferencia Episcopal de Guatemala; Mauricio López Oropeza, Director nacional de Caritas Ecuador y secretario ejecutivo de la REPAM; David Lovatón, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y asesor del CELAM para esta audiencia.

*La audiencia se transmitirá en vivo a través del canal web de la Organización de los Estados Americanos: www.oas.org

lunes, 2 de febrero de 2015

HRW examina situación de derechos humanos en Perú

Human Rights Watch presentó el Reporte Mundial 2015. El documento de 644 páginas, su 25.º edición anual, Human Rights Watch examina prácticas de derechos humanos en más de 90 países. A continuación compartimos con nuestros lectores la sección del informe referente a Perú. Para leer el Reporte Mundial 2015 completo visite: http://www.hrw.org/world-report/2015


Informe Mundial 2015: los derechos valen aún en épocas difíciles
Los derechos humanos son un camino para salir de situaciones de crisis y caos


INFORME MUNDIAL 2015

SECCIÓN: Perú

Es habitual que manifestaciones públicas contra proyectos de minería a gran escala y otras iniciativas del sector privado y del gobierno en Perú lleven a enfrentamientos entre policías y manifestantes, en los cuales civiles resultan heridos o asesinados por disparos policiales o militares. Si bien en 2013 y 2014 la cantidad de víctimas fatales de estos enfrentamientos fue menor que en 2012, hubo escasos avances en la investigación de casos lesiones o homicidios ocurridos en el pasado, y la legislación adoptada recientemente ha disminuido aún más la rendición de cuentas por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Continúan las investigaciones judiciales sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado en Perú, pero el progreso de los juicios ha sido lento y limitado.

Muertes durante protestas

Hasta septiembre de 2014, 34 civiles habían sido asesinados durante protestas desde que el Presidente Ollanta Humala asumió su cargo en julio de 2011. En los primeros nueve meses de 2014, cuatro civiles murieron a causa de heridas de bala luego de que policías presuntamente utilizaran armas de fuego contra manifestantes en tres incidentes distintos. En septiembre de 2014, Jhapet Huilca, de 16 años, recibió disparos policiales durante una protesta contra un gasoducto en Quillabamba, Cusco. El ministro del interior anunció la suspensión del jefe de policía responsable del operativo mientras se encuentre en curso una investigación de los hechos.

Sólo hubo progresos menores en el esclarecimiento de las circunstancias en las cuales se produjeron estas muertes, y en el enjuiciamiento de los policías o militares que emplearon a un uso ilegítimo de la fuerza. En enero de 2014, un fiscal concluyó una investigación, sin presentar cargos, sobre la muerte de cuatro civiles, presuntamente provocada por disparos de soldados durante una manifestación en Celendín, Cajamarca, en julio de 2012, a pesar de que concluyó que los responsables habían incurrido en homicidio doloso. Su informe reveló que los disparos fatales fueron probablemente emitidos por fusiles Galil del Ejército, y que no había evidencias de que ninguna de las víctimas estuviera armada. No obstante, el informe indicó que el Ejército no había aportado una copia del plan de actuación, los nombres de los soldados que intervinieron ni datos de las armas de fuego que les fueron entregadas, a pesar del pedido en este sentido, y que era imposible identificar a los autores.

Nuevos obstáculos para la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad

En enero de 2014, entró en vigor la Ley 30151, que prevé la inimputabilidad del “personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas y otro medio de defensa, cause lesiones o muerte”. Esta reforma al Código Penal derogó disposiciones que supeditaban la inimputabilidad a que los policías emplearan la fuerza letal observando las reglamentaciones relevantes, y se aparta de los estándares internacionales que exigen que los funcionarios de seguridad pública apliquen la fuerza con arreglo a los principios de necesidad y proporcionalidad, y rindan cuentas cuando haya un uso indebido de la fuerza.

Continúa siendo preocupante que los casos de derechos humanos en los cuales están involucrados militares sigan siendo competencia de la jurisdicción militar. El Decreto Legislativo 1095, adoptado por el gobierno del Presidente Alan García en 2010, podría permitir que tribunales militares juzguen a miembros de esta fuerza acusados de cometer abusos contra civiles en operativos de seguridad pública. Diversos órganos internacionales de derechos humanos han rechazado de forma consistente la intervención de fiscales y tribunales militares en casos de violaciones de derechos humanos. En noviembre de 2014, el Tribunal Constitucional aún no se había pronunciado sobre la constitucionalidad del decreto, que ha sido cuestionada por defensores de derechos humanos de Perú.

Juicios por abusos del pasado

La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú ha estimado que casi 70.000 personas murieron o fueron víctimas de desapariciones forzadas durante el conflicto armado ocurrido en el país entre 1980 y 2000. Muchas de ellas sufrieron atrocidades cometidas por Sendero Luminoso y otros grupos insurgentes; y otras fueron víctimas de violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes estatales.

En un juicio emblemático, el ex Presidente Alberto Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por desapariciones y asesinatos ocurridos en 1991 y 1992. Su asesor en inteligencia Vladimiro Montesinos, tres ex generales del Ejército y miembros del grupo Colina, un escuadrón de la muerte creado por el gobierno, también están cumpliendo penas de entre 15 y 25 años de prisión por el asesinato en 1991 de 15 personas en el distrito de Barrios Altos, en Lima, y por 6 desapariciones.

Los tribunales han hecho avances mucho menores con respecto a abusos ocurridos durante los gobiernos anteriores de Fernando Belaúnde (1980-1985) y Alan García (1985-1990). En un informe emitido en agosto de 2013 en ocasión del décimo aniversario del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la Defensoría del Pueblo determinó que, pese a los esfuerzos iniciales, Perú no había consolidado un sistema judicial especializado con suficiente personal y recursos para juzgar la mayoría de los casos.

En 2013, el 48 por ciento de los 2.880 casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado que se denunciaron ante fiscalías habían sido rechazados, principalmente debido a que los fiscales no pudieron identificar a los responsables y el Ministerio de Defensa no estuvo dispuesto a aportar documentos que facilitaran las investigaciones. Solamente el 2 por ciento de los casos llegaron a juicio, según datos de Juicios por Violaciones a los Derechos Humanos en Perú, un proyecto dela universidad George Mason que realiza un seguimiento de los juicios vinculados con derechos humanos. En 2014, continuaron las audiencias judiciales de dos causas emblemáticas por cuarto año: las torturas y desapariciones en la base militar Los Cabitos, en Ayacucho en 1983, y la masacre de Accomarca en 1985, en la cual murieron 62 campesinos a manos de miembros de una unidad del Ejército.

A partir de cambios jurisprudenciales recientes, la Corte Suprema ha revocado en instancia de apelación una cantidad creciente de condenas. Si bien en ocasiones la Corte ha fundado sus decisiones en contradicciones en los testimonios, esta determinó en un pronunciamiento de enero de 2014 que la desaparición en 1983 de 6 personas cuyos cuerpos fueron hallados e identificados más de 20 años después constituía un delito sujeto a prescripción, lo cual viola las obligaciones jurídicas de Perú de impartir justicia contra los responsables de desapariciones forzadas.

En junio de 2014, el Presidente Ollanta Humala designó como ministro del interior a un ex miembro de la sección de inteligencia del Ejército que siendo investigado por su presunta participación en el homicidio de Hugo Bustíos, corresponsal en Ayacucho de la revista Caretas, en 1988. Dos soldados fueron condenados en 2007 por el homicidio de Bustíos, uno de los cuales declaró en su testimonio que el ministro, Daniel Urresti, había comandado a los soldados que organizaron una emboscada y dispararan contra Bustíos antes de destruir su cuerpo con una granada.

La designación de Urresti suscitó fuertes cuestionamientos debido a la gravedad del delito que se le atribuía y a que su posición pública como ministro podía incidir en el resultado judicial de la causa y cercenar el derecho de los familiares de Bustíos a obtener justicia. Asimismo, las declaraciones públicas del Presidente Humala antes del juicio oral, en las cuales apoyaba la inocencia de Urresti, constituyeron una intromisión indebida en procedimientos judiciales en curso.

Tortura

El Congreso adoptó medidas significativas durante 2014 para combatir la tortura, que continúa representando un problema crónico en Perú. En junio, aprobó un proyecto legislativo que exigía que la Defensoría del Pueblo implemente el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) para cumplir con las obligaciones de Perú con arreglo al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes , que ratificó en 2006. El proyecto exige que la Defensoría del Pueblo, entre otras cosas, visite cárceles y centros de detención sin previo aviso y vigile sus condiciones, formule recomendaciones proactivas y preventivas y publique un informe anual, pero no indica deben financiarse estas actividades adicionales. En noviembre de 2014, el proyecto se encontraba frenado en el Congreso a la espera de que el plenario aclarara algunos puntos que habían sido planteados por el presidente de la comisión legislativa que trató el texto.

Libertad de expresión

Es común que periodistas que investigan la participación de funcionarios de gobiernos regionales, alcaldes y empresarios en actos de corrupción sean objeto de agresiones físicas, amenazas y juicios penales por difamación, y en 2014 se registró un aumento de la cantidad de procesos penales de este tipo.

En marzo de 2014, el periodista César Quino recibió una pena de seis meses de prisión en suspenso por haber difamado al entonces gobernador de Ancash, César Álvarez, en un artículo publicado en El Observador, un periódico editado por Quino que mantiene una postura crítica del gobierno regional. En los últimos años, Álvarez —que ahora enfrenta cargos por el homicidio de un opositor político— ganó varias demandas por difamación llevadas a cabo con el objetivo de silenciar a críticos en la prensa.

En abril de 2014, se detonó un explosivo en la vivienda del periodista Yofré López Sifuentes en la ciudad portuaria de Barranca, al norte de Lima. López, quien se desempeña como editor de un periódico semanal y presentador de un programa radial de noticias denominado “Toque de Queda”, resultó ileso, pero su madre y su padrastro sufrieron heridas. Según trascendió en la prensa, López había sido un prominente crítico de la contaminación del aire provocada por empresas locales agrícolas .

Derechos reproductivos

Las mujeres y jóvenes de Perú solamente pueden solicitar abortos en casos de riesgo para su salud o su vida. En junio de 2014, el Ministerio de Salud publicó una guía técnica que describe los procedimientos administrativos que deben cumplir los hospitales al evaluar casos individuales. Las normas suplen un vacío en materia regulatoria que había sido criticado por organismos internacionales de derechos humanos, y permiten que el personal de salud practique abortos en 10 tipos de condiciones médicas, y considere los derechos y necesidades de mujeres y jóvenes que no estén contempladas en estas condiciones, analizando cada caso en particular. El acceso a servicios en situaciones no contempladas en las condiciones estipuladas —por ejemplo, cuando la salud mental de una mujer o joven puda verse peligrosamente afectada por un embarazo no deseado— queda a discreción de personal del establecimiento, y sujeto a un proceso de apelacióninterno de este.

Actores internacionales clave

En sus observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de Perú, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer instó a Perú a que adoptara una ley integral para combatir la violencia contra la mujer e implementara una estrategia de lucha contra los estereotipos de género discriminatorios. También recomendó que Perú haga extensiva la legalización del aborto legal a casos de violación sexual e incesto.

En agosto de 2014, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) recomendó que Perú tomara medidas para evitar que se continúe perpetuando la estigmatización de su población indígena y afroperuana. El comité se refirió específicamente a “La Paisana Jacinta”, una comedia televisiva de amplia audiencia en la cual un actor disfrazado realiza una interpretación estereotipada y burda de una campesina indígena. Tras las recomendaciones del CEDR, Frecuencia Latina, el canal de televisión que emite el programa desde 1999, decidió quitarlo de su horario de mayor audiencia.

Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Perú apoyó medidas de las Naciones Unidas orientadas a que se llevara a cabo un fuerte escrutiño sobre violaciones de derechos humanos cometidas en Corea del Norte, Sri Lanka, Bielorrusia, Irán, los territorios palestinos ocupados y Siria.

lunes, 5 de noviembre de 2012

Foro "Construyendo la reconciliación luego del proceso de violencia en el Perú"


La Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) del Ministerio de Justicia y Derechos,
organiza el Foro "Construyendo la reconciliación luego del proceso de violencia en el Perú", que se llevará a cabo el día viernes 09 de noviembre en el Auditorio de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Nacional del Santa, en el horario de 3:00 pm a 7:00 pm.


Dentro del programa se ha considerado la participación del director de la Comisión de Justicia Social (CJS), Víctor Mendoza Barrantes con el tema: ¿Cómo fortalecer la relación entre la sociedad civil y el Estado Peruano para construir la reconciliación nacional?.


Aquí el programa en detalle:






PROGRAMA

3.00 p.m.              Saludo de bienvenida y presentación de objetivos del Foro
Representante del Programa de Reparaciones Simbólicas
Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN)

3.15 p.m.            Desapariciones forzadas y su tratamiento en la legislación de protección a los derechos humanos
Dra. Rosalía Chauca Sabroso

3.45 p.m.             Refrigerio
                                  
4.00 p.m.             Panel

¿Considera que estos hechos se pueden repetir en el Perú? ¿Por qué?
Milton Mendoza Calle
Magister en Derecho Constitucional
Universidad Nacional del Santa

¿Qué debe hacer el Estado y la sociedad civil para que estos hechos no se repitan?
Dra. Roslin Villanueva Ramírez
Defensoría del Pueblo

¿Cómo fortalecer la relación entre la sociedad civil y el Estado Peruano para construir la reconciliación nacional?
Dr. Víctor Mendoza Barrantes
Director de la Comisión de Justicia Social (CJS)

            5.15  p.m.          Intervenciones del público

            6.45 p.m.           Presentación de conclusiones del evento
Dra. Rosalía Chauca Sabroso

            7.00 p.m.                    Clausura

jueves, 7 de junio de 2012

San Martín de Porres visitó la Comisión de Justicia Social


En medio de alegría y devoción fueron acogidos  las reliquias de San Martín de Porres, Patrón de la Justicia Social, en su visita a  la Comisión de Justicia Social. El recibimiento estuvo  a cargo de la Hna. Carolina Conroy O.P, responsable de la Pastoral Social y de  Víctor Mendoza Barrantes, director de la Comisión de Justicia Social.

Los restos de San Martín de Porres llegaron dentro una urna de madera sostenida por un anda, que por estos días visita parroquias e instituciones de nuestra ciudad, en este primer recorrido por el norte del país.
La comitiva de la Comisión de Justicia Social, se trasladó hasta la Parroquia Virgen de la Puerta para trasladar las reliquias del Santo Moreno hasta el auditorio Justicia y Paz de la CJS, el encuentro se desarrollo con un acto de reflexión, donde se presentaron testimonios.
“La figura de de San Martín de Porres, me ha acompañado desde siempre, tanto que por mis rasgos algunas veces me llamaron Martín, la comparación con él me enorgullece pero también me anima a seguir su ejemplo de Santo. Ahora que trabajo en una oficina de derechos humanos y  que tengo la oportunidad de estar frente a las reliquias de San Martín me fortalece y alienta a seguir contribuyendo para la construcción de una sociedad justa y solidaria, donde todos tengamos una vida digna”, indicó Carlos Espejo, estudiante de Ciencias de la Comunicación de la Universidad César Vallejo.
Por su parte, Gloria Córdova, responsable del Departamento Pastoral de Salud resaltó que “San Martín fue un hombre que se puso al servicio de los más necesitados, principalmente los enfermos y los pobres, hoy en día cada uno de nosotros  estamos llamados a mirar y a responder  a las necesidades de nuestros  hermanos  que padecen enfermedades, y a exigir que tengan una vida digna”.
El momento más emotivo, fue la participación del niño  Martín Villanueva, quien contó que su abuelita estuvo muy preocupada  por la salud de su madre durante el embarazo y acudió a pedirle  a San Martín de Porres protección; gracias a sus peticiones él nació sano, en agradecimiento  él  lleva el nombre del Santo Moreno.
“El respeto, el servicio, la humildad, la convivencia son valores esenciales que deben tener presente en la actualidad. Por eso valoro y resalto la simplicidad y a la vez la profundidad de la vida Martín, para que nos ayude en esa utopía que es trabajar por la justicia social, es difícil, pero no imposible, si cada uno de nosotros  y nosotras aportamos. Que Martín nos ayude a dar respuesta que satisfagan las exigencias del evangelio” indicó Víctor Mendoza Barrantes, director de la CJS.
Por su parte  el Padre Matías Siebenaller  explicó el significado del cuadro de San Martín, pintado en 1992  en tiempos de violencia por Juan Lamboralle: “Martín tiene el cuerpo maltratado e inclinado por el trabajo y los golpes de la vida, a pesar del sufrimiento encontramos en su rostro una singular paz y dulzura, los golpes y el sufrimiento no han  endurecido su vida.  Encontramos a Martín en medio del dolor y violencia, está apoyado en su representativa escoba para decirnos; confíen,  mantengan viva la bondad, el perdón,  la esperanza, la defensa de los derechos humanos y encontraremos una manera de unir lo que parece imposible”.
Padre Matías Siebenaller.
“La visita de las reliquias de San Martín en nuestra ciudad, que nos convoque para tenerlo presente como un elegido de Dios, para darnos su mensaje,  en esta realidad dura e incierta como lo percibimos desde la conflictividad en Espinar y Cajamarca. Martín es sensible frente al dolor de su pueblo, él no va  a permitir que nos acostumbremos a la indiferencia frente a lo que le pasa  a nuestros hermanos y hermanas” finalizó al Padre Matías Siebeneller.
Posteriormente las reliquias de San Martín de Porres regresaron a la Parroquia Virgen de la Puerta, y hoy continuará su recorrido por nuestra ciudad.