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lunes, 23 de mayo de 2016

La CIDH se queda sin fondos para defender los derechos humanos en las Américas.

El organismo advierte de que no podrá seguir funcionando si los países no pagan.

Washington 23 MAY 2016.

La región de las Américas corre riesgo de quedarse sin la protección del organismo que durante décadas ha vigilado y defendido los derechos humanos en el Hemisferio Occidental. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido este lunes de que está arruinada. Si los países miembro no empiezan a entregar fondos, tendrá que despedir casi a la mitad de su personal a partir de agosto y dejar de ejercer funciones clave de su mandato. Algo que, para los expertos, podría tener consecuencias nefastas.

Visita de la CIDH a Iguala, México, en septiembre de 2015 Daniel Cima/CIDH

“Nos preocupa que la crisis financiera debilite la capacidad del sistema interamericano de responder a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos”, resume la situación Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Todo ello cuando la Comisión “ha sido la que, cuando hay deterioros institucionales que afectan a los derechos humanos, es la primera, y muchas veces la única dentro de la OEA, que llama la atención sobre los derechos humanos”, recuerda Ariel Dulitzky, director de la Human Rights Clinic de la Universidad de Texas y exsecretario ejecutivo adjunto de la CIDH. Esto hace que la crisis que atraviesa pueda “repercutir en la calidad de los derechos humanos y en la calidad democrática de la región”, alerta.

Según ha adelantado el presidente de la Comisión, James Cavallaro, a EL PAÍS, si el organismo no recibe fondos con urgencia, a partir de agosto tendrá que despedir al 40 % de su personal, o a 30 de las 78 personas que emplea. Pero las consecuencias van mucho más allá. El peligro es hacer retroceder los avances logrados por la Comisión “30 años”, lamenta su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza.

Estamos hablando de que “la Comisión pierda cualquier posibilidad de hacer su trabajo, como emitir medidas cautelares o de protección cuando una persona está siendo amenazada. Y eso ha salvado vidas humanas en Latinoamérica”, advierte Santiago Canton, secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y que precedió a Álvarez Icaza en la CIDH.

Que la CIDH se quede a medio fuelle por falta de fondos significa también, apunta, que no podrá volver a haber un proyecto como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que estudió el caso Ayotzinapa y descubrió numerosos fallos en la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, México. O que se pierda la única instancia en las Américas que puede realizar una “observación independiente” en los Estados.

Porque la CIDH “es el único garante independiente e imparcial que tenemos en la región”, resaltan tanto Canton como Dulitzky.

Un problema endémico

Pese a ser celebrada como la “joya de la corona” del sistema interamericano y un ejemplo para muchos organismos de derechos humanos en todo el mundo, la CIDH siempre ha caminado al borde del precipicio económico. Los únicos fondos que tiene asegurados son prácticamente pírricos, un 6% del presupuesto de la Organización de Estados Americanos (OEA) o, como se suele señalar con sorna, menos de lo que este organismo dedica a cuidar sus edificios. En el presupuesto de 2016, ese dinero asciende a 4,8 millones de dólares. Su principal fuente de ingresos han sido siempre las contribuciones voluntarias, pero ahí los países miembro también han sido, generalmente, muy parcos.

Hasta ahora, la Comisión lograba subsistir gracias a las contribuciones sobre todo de países europeos. Pero con la crisis de refugiados que vive el viejo continente desde el año pasado, ese grifo se ha secado. La responsabilidad, según Álvarez Icaza, tiene que ser asumida de una vez por los Gobiernos de los países que forman parte del organismo.

“Los jefes de Estado de la región tienen una narrativa muy fuerte en materia de derechos humanos, pero tienen una chequera muy pasiva. Es momento de empatar el discurso. La CIDH debe ser parte de las prioridades de los países”, reclama.

Los Estados no responden

La respuesta ha sido, por el momento, magra. Los únicos que han dado fondos a la CIDH en 2016 han sido Argentina, Estados Unidos, Perú y Uruguay. El total: 2,5 millones de dólares, de los cuales EE UU aportó más del 90%.

La escasa aportación a la CIDH no se explica, según los observadores y funcionarios del organismo, por falta de dinero. Al fin y al cabo, el año pasado los países de las Américas contribuyeron con casi 20 millones de dólares a la Corte Penal Internacional (CPI). Los mismos países, en el mismo periodo, destinaron solo 199.000 dólares a la Comisión en materia de fondos voluntarios.

Para Santiago Canton, se trata de una “vergüenza histórica” tras la cual se esconde una “perversidad insólita”: “A los países de la región no les gusta la CIDH, les molesta porque les marca cuando están cometiendo errores, y a nadie le gusta eso”. Así que no le proporcionan los recursos necesarios porque es una manera, sostiene el defensor de derechos humanos, “de lograr que la Comisión no haga lo que no les gusta”.


Nota de Silvia Ayuso, en El País.

martes, 7 de julio de 2015

Análisis sobre la sentencia de la Corte IDH para el caso "Chavín de Huántar".

EDITORIAL: LA CIDH Y NUESTRO PODER JUDICIAL.
El Comercio. Sábado 4 de julio, 2015.
El problema de fondo en muchos de los casos que enfrentamos en la CIDH es nuestro PJ.


Este lunes la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló parcialmente en contra del Estado Peruano en el caso denominado Chavín de Huántar (CdeH). En la sentencia se especifica que, además de haber violado el derecho a la vida del terrorista conocido como ‘Tito’ (Eduardo Nicolás Cruz Sánchez), quien fuera capturado vivo en la operación CdeH, el Estado violó los derechos de garantías judiciales y a la protección judicial establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

La decisión, como se ha explicado, versa específicamente sobre “la conformidad o no de los actos estatales con la CADH, en cuanto a si existió o no ejecución extrajudicial en el marco de la operación”. En otras palabras, la Corte IDH ha encontrado que, a pesar de haber firmado la referida Convención en 1977, el Estado Peruano no se atuvo a determinadas reglas en materia de derechos humanos estipuladas en ella. Por lo tanto, la sentencia no niega el heroísmo mostrado por los efectivos durante la operación Chavín de Huántar y de hecho considera la operación que lideraron como plenamente justificada. Lo único que hace es circunscribirse a la forma en que actuaron ciertos agentes del Estado –que no eran parte del grupo de comandos– durante la acción militar y en los procesos judiciales que siguieron.

Ahora, en lugar de destemplanzas absurdas, lo que corresponde a un Estado moderno y responsable es, obviamente, hacer frente a las decisiones tomadas por una entidad a cuya jurisdicción se sometió voluntariamente, así le hayan sido desfavorables. Pero también, claro, preguntarse qué factores han influido en un resultado así.

Cabe recordar, en ese sentido, que no es esta la primera vez que el Estado Peruano pierde un caso ante esta instancia. A decir verdad, tiende más bien a perderlos todos, y por razones que un análisis desapasionado de los casos hace difícil atribuir, al menos en gran número de ellos, a las supuestas inclinaciones ideológicas de los miembros de la Corte IDH. Más parecen pesar en nuestras sistemáticas derrotas en este tribunal dos razones no atribuibles a sus miembros.

La primera ha sido mencionada extensamente en los últimos días: la calidad de nuestras estrategias de defensa ante la corte.

La segunda se menciona menos pero tiene un peso igualmente grande: nuestras instituciones estatales de justicia suelen ser incapaces de llevar a cabo un trabajo que se adecúe a los lineamientos suscritos en la convención. Hace 18 años, por ejemplo, que nuestro Poder Judicial está procesando el caso de la muerte del antes mencionado ‘Tito’ sin que haya podido llegar a una conclusión sobre qué fue lo que sucedió con él ni quiénes fueron los responsables. 

Las falencias de los procesos y el sistema judicial general son patentes. Así lo confirman tanto el Índice de Estado de Derecho del Proyecto Mundial de Justicia (que coloca a nuestro sistema legal en el puesto 67 de 99 países), como el World Economic Forum (que ubica la eficiencia de nuestro marco legal en la resolución de disputas en el puesto 122 de 144 países).

La reacción inmediata de los políticos a la sentencia –ya sea la de criticar la instancia internacional, buscarle el lado ‘positivo’ al fallo (en este caso, el no pago de reparaciones civiles) o ‘denunciar’ una supuesta persecución a los héroes de Chavín de Huántar–  solo obvia el gran problema subyacente: la absoluta deficiencia de nuestro sistema de justicia.

Después de todo, para que un caso llegue a la Corte IDH es necesario, en primer lugar, que haya agotado todas las instancias nacionales; y luego, que sea aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta última, además, no deriva casos a la corte a menos que considere que existan muy altas posibilidades de ganar.

La respuesta política sensata a este fallo, por lo tanto, debería empezar por enfocarse en las cosas que se pueden mejorar en el Poder Judicial (PJ). De acuerdo con los criterios del Proyecto Mundial de Justicia, por ejemplo, alcanzamos solo un 23% en juzgamiento oportuno y efectivo en el sistema de justicia criminal y un 43% de debido proceso. Una manera de romper esta tendencia es contar con un Poder Judicial que sea capaz de determinar en un período razonable lo ocurrido en cada caso. 

Para ello es imprescindible que se implementen mecanismos de control e incentivos a los jueces y a los procesos judiciales, sin que ello dé pie a una mayor burocratización. También son necesarias la automatización de los sistemas y sanciones para los jueces que no cumplan con los plazos y para los funcionarios estatales que ralentizan los procesos. Y asimismo que dichos procesos estén dotados de una mayor transparencia y sometidos a mecanismos de control civil. 

Lo que no podemos pretender es seguir con un PJ funcionando en los niveles antes mencionados y que se considere que al mismo tiempo cumplimos con garantizar el derecho al debido proceso que todos tenemos y que, entre otras cosas, sirve para que a todos quede siempre claro que es limpiamente y en justicia que los criminales reciben el castigo que les toca.

***

LA CIDH Y EL CASO CHAVÍN DE HUÁNTAR: UNA SENTENCIA "POLÍTICAMENTE CORRECTA".
Análisis de Iván de Montoya (director de Idehpucp).

Con el fallo queda en claro que al no haber vulneración de las normas del Pacto de San José, no cabe investigación o proceso penal alguno contra los comandos. Reconoce sí la existencia de una ejecución extrajudicial por agentes estatales.

FALLO. El operativo se realizó de acuerdo a la ley del derecho internacional humanitario.

LOS TEMAS EN DEBATE
La Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 17 de abril de 2015, sobre el caso del operativo Chavín de Huántar, nos ha vuelto a plantear a los peruanos una discusión que debimos superar hace tiempo entre la eficacia en la lucha contra el terrorismo y los derechos y garantías que les corresponden también a los miembros de las organizaciones terroristas, especialmente cuando se trata de personas que manifiestamente no se encuentran en actividad beligerante o militarmente activa. En especial, esta discusión se concretiza en el presente caso en cuatro temas sobre los cuales la sentencia que comentamos hace particulares concesiones que pretenderían satisfacer los dos intereses en conflicto: la de un sector de las Fuerzas Armadas y del gobierno que defiende la tesis que niega cualquier acto de ejecución extrajudicial durante o después del operativo militar de rescate de rehenes y la de los familiares de las víctimas y un sector de organizaciones de protección de los derechos humanos que pretenden que se reconozca la existencia de al menos tres miembros del MRTA ejecutados extrajudicialmente. Veamos cada uno de estos temas:

1. El operativo de rescate de los rehenes en la casa del embajador de Japón y su compatibilidad con los estándares del Derecho Internacional Humanitario.
Uno de los extremos más importantes de la sentencia es la evaluación de la Corte Interamericana del operativo mismo de rescate a los rehenes en la casa del embajador del Japón y sobre las muertes de los emerretistas que se produjeron en ese contexto. Para evaluar si el Perú vulneró o no el derecho a la vida reconocido en el Pacto de San José, es decir, para determinar si las muertes producidas en ese contexto fueron arbitrarias o no se remite necesariamente al estándar del Derecho Internacional Humanitario, es decir, el núcleo mínimo de normas que se deben respetan en el contexto de un conflicto armado (internacional o interno). Ello ocurre porque los hechos se produjeron en una zona declarada… y en el contexto del rescate militar de rehenes civiles tomados por una organización alzada en armas (el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru).

La Corte concluye que el operativo se llevó de manera compatible con ese marco normativo, es decir, de manera correcta a la luz del Derecho Internacional Humanitario y por lo tanto no se vulneró el derecho a la vida de los emerretistas muertos en ese contexto. Compartimos evidentemente esta conclusión y, si bien la sentencia no indica (porque no lo puede hacer) que los comandos son inocentes, queda claro que al no haber vulneración de las normas del Pacto de San José no cabe en el Perú iniciar investigación o proceso penal alguno contra los comandos por los hechos ocurridos en ese contexto.

2. La ejecución extrajudicial del emerretista Cruz Sánchez por parte de algunos agentes estatales y la vulneración del derecho a la vida de la Convención Americana.
Otro extremo importante de la sentencia es la decisión sobre las ejecuciones extrajudiciales que los demandantes (Comisión Interamericana y representantes de las víctimas) plantearon ante la Corte Interamericana. De acuerdo con los demandantes, tres fueron los ejecutados extrajudiciales: Herma Meléndez, Víctor Peceros y Cruz Sánchez. La Corte Interamericana, siguiendo la decisión a la que arribaron nuestros tribunales, reconoce la existencia de una ejecución extrajudicial (la de Cruz Sánchez) mas no la de los otros dos. La razón de ello es que estos últimos murieron en el contexto del conflicto (a diferencia de Cruz Sánchez) y no se tiene evidencia de que se hallaran fuera de la participación de las hostilidades.

En el caso de Cruz Sánchez la Corte sí reconoce la existencia de una ejecución extrajudicial llevada a cabo por agentes estatales. Tanto el testimonio del funcionario japonés Hidetaka Ogura, la de dos suboficiales de la Policía Nacional, como las pericias ordenadas por los tribunales internos dan cuenta de muerte ejecutada contra un emerretista ya rendido. En este punto, entonces, la Corte discrepa de la posición de los representantes del Estado peruano cuando pretende negar cualquier hecho de ejecución extrajudicial. Pero creo también que hay una discrepancia con lo establecido por nuestros tribunales de justicia. En estos se reconoce que Cruz Sánchez fue ejecutado extrajudicialmente pero se añade que se trató de “un hecho aislado, que no formó parte de la operación y de los planes elaborados por las instancias superiores”. La Corte no llega a esta conclusión. Deja abierta la posibilidad de que las investigaciones iniciadas a nivel fiscal develen a todos los responsables. De hecho no formó parte de la operación en sí, pero sí pudo haber estado en la planificación de instancias superiores que llegan al ex presidente Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos o su agente Zamudio.

3. La exclusión de los comandos del riesgo de una nueva investigación fiscal y otro proceso judicial.
Se ha mencionado, con razón, que la Corte Interamericana no establece ni hace referencia a responsabilidades penales individuales sino a responsabilidades estatales. Sin embargo, es innegable que los extremos de sus consideraciones sobre la responsabilidad del Estado (que no es otra cosa que la infracción de normas internacionales por parte de sus propios agentes en el ejercicio del poder público)  tienen implicancia indirecta sobre la posibilidad o no de que los órganos del sistema penal interno investiguen y juzguen determinados hechos y a determinados responsables.

En el presente caso, los voceros del gobierno vienen repitiendo que la sentencia de la Corte Interamericana garantiza que los comandos no vuelvan a ser investigados o juzgados penalmente. Lo único que garantiza la sentencia es que los comandos no sean juzgados por los hechos ocurridos durante el operativo. Sin embargo, nada impide que en el transcurso de las nuevas investigaciones fiscales pueda evaluarse que alguno o algunos de los comandos participaron, por órdenes de algún alto superior, en la ejecución de Cruz Sánchez. Se trata de un tema muy sensible en el que el fiscal a cargo de las investigaciones tiene que estar atento sobre la base de priorizar la tesis de la intervención de agentes externos al equipo del comando y que obedecieron a un poder paralelo al que ejecuto el operativo.

4.  La negación de indemnización por daño inmaterial a los familiares de Cruz Sánchez.
La Corte Interamericana no ha establecido ningún tipo de indemnización civil de carácter pecuniario a favor de los familiares de Cruz Sánchez. Si bien los familiares de la víctima renunciaron a la indemnización del daño material (lucro cesante y daño emergente) no renunciaron a la indemnización del daño inmaterial (sufrimiento, aflicciones, etc.) Este extremo sí fue solicitado aunque no cuantificado por las víctimas. Estas dejaron a criterio de la Corte Interamericana el establecimiento del monto que correspondía por el daño inmaterial. La Corte Interamericana, variando su jurisprudencia reiterada, consideró no pertinente otorgar dicha reparación económica por daño inmaterial y, en su lugar, dispuso que la propia sentencia de la Corte Interamericana y su difusión, la disposición de atención psicológica al familiar Edgar Cruz y el establecimiento de la obligación para el Estado de investigar debidamente los hechos, se consideren formas compensatorias suficientes por el daño inmaterial ocasionado. Entiendo que es posible que la Corte cambie de criterio en este punto, pero hubiera sido importante que motivara mejor este extremo de su decisión.

De todo lo dicho hasta aquí sobre esta sentencia, es posible sostener que si bien la Corte Interamericana no puede establecer responsabilidades y sanciones individuales sus consideraciones y decisiones tienen una repercusión sobre los ámbitos posibles o no de investigación o juzgamiento sobre determinados hechos y sobre determinadas personas. En este caso, se cierran determinados ámbitos para la investigación y juzgamiento, pero se abre otra con relación a la ejecución de Cruz Sánchez.

En el tema de las indemnizaciones, la Corte Interamericana ha otorgado lo mínimo necesario como reparación, prácticamente simbólica, a los familiares de la víctima y ha evitado el establecimiento de reparaciones pecuniarias a cargo del Estado.

***

¿Por qué el caso Chavín de Huantar enloquece a algunos?


El tema debería estar concluido, pero continúa.

El Estado peruano, a pesar de haber sido condenado, en parte, por la CIDH, ha logrado un importante reconocimiento internacional en cuanto al uso legítimo de la fuerza en situación de conflicto, lo cual, pese a la derrota formal constituye un triunfo de fondo.

¿Por qué entonces seguimos escuchando extraños discursos seudo patrióticos? ¿Por qué el tema sobre la supuesta “judicialización” de los comandos, según voceros fujimoristas continúa?

Aquí, una explicación política:

1. La Operación Chavín de Huantar fue presentada al país como un triunfo de Alberto Fujimori. No del Ejercito, no de los oficiales, no de los comandos. Sólo y exclusivamente, para fines de propaganda, del entonces Presidente Alberto Fujimori que tenía como programa reelegirse por segunda oportunidad el año 2000. Cuando el General Nicolás de Bari Hermoza Rios, Comandante General del Ejercito desde 1992,  sacó su libro “Operación Chavín de Huantar” a fines de 1997 y pretendió tomar para sí una cuota del éxito, cavó su tumba. Por auto declararse “General Victorioso” y estratega de la operación, Montesinos se encargó de sacarlo del entorno final de Fujimori. Es interesante revisar las fotos de su  libro que tengo en mis manos. La galería de personajes posteriormente presos que aparecen como héroes es notable. Hermoza Rios dejó el poder en agosto de 1998 con una asonada interna que hasta tanques en la calle incluyó.

2. Si el triunfo era sólo del líder, el triunfo debía ser perpetuamente inmaculado. Cualquier pequeña duda, cualquier desviación, cualquier pensamiento crítico merecería el mismo trato que recibió el General Victorioso. Por eso, jamás se criticó una línea de la operación en los años siguientes. Sólo con la caída de Fujimori y el testimonio del ex Primer Secretario de la Embajada de Japón que describió haber visto con vida a 3 terroristas, luego de culminado el ataque, se abrió el caso.

3.  Sin embargo para el gobierno de Toledo el asunto era una papa caliente con un Ejercito que ya detestaba al Presidente. Hizo bien, mediáticamente, el entonces Ministro de Defensa Aurelio Loret de Mola en inventar y popularizar el termino “los gallinazos” para referirse a terceros, fuera de los comandos operativos, que fueron parte del aparato de SIN que entró a la residencia, culminado el operativo, como parte del grupo Júpiter que trabajaba bajo las ordenes de facto de Vladimiro Montesinos. Pero esos terceros también eran parte del Ejercito. Lamentablemente, la estrategia del deslinde, que era la correcta, no funcionó.

4. A partir de entonces, y hasta hoy, se une un concierto de intereses. Por un lado, el fujimorismo, que no quería mancha alguna sobre lo que consideraba digno de exhibirse como un gran éxito frente a tantas imputaciones delictivas. Con tan pocos méritos, tampoco podían darse el lujo de perder uno más. De otro lado, las Fuerzas Armadas, pero en particular el Ejercito, que estaba (y a veces creo que aún lo está) aterrado por un develamiento total e identificación de todo el personal militar que hubiera participado en la lucha contrasubversiva desde 1980 hasta el año 2000. Y en tercer lugar, algunos políticos de perfil autoritario, o que pasaron por el Ministerio de Defensa en los gobiernos de Toledo y García, que creen fervientemente que el encubrimiento es un deber patriótico.

5. La caída de Fujimori fue dura para el Ejercito.  Al desprestigio  de sus oficiales presos por corrupción , se unió la revelación de videos vergonzantes cómo el del acta de sujeción frente a Montesinos. Toledo restringió los presupuestos militares, luego del dispendio organizado por el ex asesor para comprar generales  y conciencias. Fueron tiempos de austeridad pero también de rabia acumulada. Entonces, era necesario encontrar un enemigo para generar unidad y levantar la moral. Ese enemigo no podía ser otro que todo aquél qué representase un cuestionamiento civil, aunque sea minúsculo, a cualquier operación militar. ¿Y que mayor éxito militar que la Operación Chavín de Huantar?

6. ¿Cómo montar un psicosocial duradero en el tiempo, que genere enorme simpatía popular? Mostrando los rostros (sin identidad) de los comandos que entraron al Embajada de Japón a rescatar a los rehenes. Las imágenes están grabadas en la memoria del pueblo porque el rescate se hizo de día,  así que mayor esfuerzo, no había que hacer. Presentar a los comandos como “victimas”  de esta “pseudo democracia” con un Poder Judicial corrupto y vendido a los intereses de la izquierda era un gol de media cancha. Por supuesto, era mentira pero cumplía un propósito mucho mayor. Desacreditar a cualquier persona o institución que utilizará siquiera la frase “derechos humanos”.  Recordemos que la CVR estaba en funciones y era vista como una amenaza real. Se hizo de todo por desprestigiarla, a ella, a sus miembros, a sus asesores. Ese trabajo no fue gratuito. Luego se hizo lo mismo dentro de los procesos judiciales para investigar si hubo o no asesinatos de rendidos en la Embajada del Japón. El mismo patrón de conducta. Desprestigiar a los testigos (e intimidarlos con cárcel),  a los peritos y a los abogados.

7. Felizmente todos los psicosociales terminan. Los derechos humanos seguirán existiendo y seguirán siendo el sustento de la democracia. Y un operativo exitoso solo se mancha cuando se miente o se oculta la verdad. No cuando se reconoce errores y delitos. Esta es, sin embargo, una lección difícil de aprender para quienes se aprovecharon de la buena fe del pueblo.

jueves, 2 de julio de 2015

CNDDHH saluda decisión de la CIDH en el caso denominado “Chavin de Huántar”



La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en representación de 78 instituciones que promueven los derechos fundamentales de la persona, ante el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte), sobre el caso  Eduardo Cruz Sánchez versus el Perú  sostiene lo siguiente:
  1. Que saluda la decisión de la Corte cuando señala que “El Estado es responsable por la violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez”.  Por esto mismo ordena al Estado peruano iniciar una investigación por la ejecución extrajudicial, en el presente caso.
  2. Que ve con satisfacción que la Corte haya reiterado su jurisprudencia respecto a la inadecuación de la jurisdicción militar para la investigación de hechos que pueden constituir violaciones a los derechos humanos. Tal como lo señala en sus acápites 384 al 387 la Comisión consideró que en el presente caso el “Estado peruano extralimitó la esfera de la justicia militar, en contravención de los parámetros de excepcionalidad y restricción que caracterizan a la jurisdicción penal castrense, y extendió la competencia del fuero militar a delitos que no tienen relación directa con la disciplina militar [,] como lo son las ejecuciones extrajudiciales”.
  3. Que nos preocupan las declaraciones del Ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, quien afirmó, en conferencia de prensa, que la sentencia de la Corte permitiría que se investigue a los policías, Raúl Robles Reynoso y Marcial Torres Arteaga, al diplomático Hidetaka Ogura, así como a las instituciones (APRODEH, CEJIL)  por falso testimonio; cuando es claro que la Corte reconoce los testimonios dados sobre hechos que si sucedieron, y por los cuales “El Estado es responsable por la violación del derecho a la vida”.
  4. Que tal como lo señaláramos en anteriores oportunidades, respaldamos esta sentencia de la Corte que afirma la vigencia del respeto a la vida de todos. Asimismo, consideramos que la Corte aclara la vigencia del Estado de Derecho que si bien, puede hacer uso de la fuerza en situaciones como es el caso del secuestro de personas, esta se debe llevar adelante  dentro de los marcos institucionales como el respeto de la vida de los sobrevivientes.
  5. Finalmente, saludamos que el Estado se haya comprometido a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como corresponde a una democracia y que los anuncios anteriores, en torno a una supuesta rebeldía o incumplimiento, hayan sido  dejados de lado.


30 de junio de 2015

sábado, 18 de abril de 2015

Entrevista de Gloria Cano sobre caso Chavín de Huántar en la CIDH

Compartimos la entrevista que dio el jueves la doctora Gloria Cano (APRODEH) sobre la próxima sentencia que emitirá la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Chavín de Huántar en Canal N.





Además se comparten algunos informes que analizan la entrevista.

► La Mula: "¿Me vas a dejar hablar?"

►Informe que sacó en la noche canal N

sábado, 21 de marzo de 2015

Iglesia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Impacto en Prensa Internacional de la Audiencia de la Iglesia Católica ante la CIDH sobre Industrias Extractivas y DDHH. Valiosa contribución a nuestras luchas.



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EEUU

Iglesia, por primera vez en la CIDH, defiende a los indígenas y sus recursos

19 MAR. 2015

18:12

Religiosos católicos de Latinoamérica, EE.UU. y Canadá acudieron hoy por primera vez a la CIDH para denunciar la vulneración de los derechos de los campesinos y de los pueblos indígenas por parte de las industrias que extraen recursos naturales en América, especialmente en la Amazonía.

En una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los religiosos reclamaron la necesidad de proteger "a los más pobres entre los pobres", que el obispo de la diócesis guatemalteca de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini, identificó con los pueblos indígenas.

"Denunciamos el comportamiento irresponsable de las empresas trasnacionales, que en el desarrollo de sus actividades no respetan los acuerdos internacionales, mientras los Estados permanecen pasivos ante las prácticas extractivas", alertó Ramazzini.

"No somos los dueños de la creación, sino sus guardianes y administradores", destacó el obispo, que recordando la doctrina social de la Iglesia dijo que el hombre no puede reducir al medio ambiente a un "objeto de explotación" y debe ser respetuoso con otros hombres y con los animales.

El purpurado incidió en que la responsabilidad sobre los daños a la naturaleza o a los derechos de los indígenas viene tanto de parte de los Estados que acogen a las empresas extractivas, como de los cuales proceden las compañías, entre los que citó a Canadá y EE.UU.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Justicia y Paz de Canadá, Donald Bolen, expresó el compromiso de su Iglesia para hacer llegar al Gobierno canadiense las denuncias sobre los daños al medioambiente y mostrar las consecuencias a las industrias mineras.

De esta forma, el arzobispo de Huancayo, en Perú, Pedro Barreto Jimeno, destacó la "seria" preocupación de la Iglesia católica sobre las consecuencias de la extracción de recursos naturales, de las que los religiosos son testigos en primera línea.

"Somos testigos cercanos del aumento de las enfermedades graves de las poblaciones indígenas a causa de los gases y de la destrucción de la naturaleza", señaló el arzobispo, que también preside el Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

Citando unas palabras del papa Francisco, recordó que si bien "el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la Política, la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la Justicia".

Los religiosos incidieron en la gravedad de algunos casos en Brasil, Honduras, México, Perú y Ecuador, país que citaron para hablar del Parque Nacional Yasuní, una reserva de la biosfera envuelta en polémica por el anuncio de la explotación de petróleo en una de sus zonas.

Mauricio López, de la Red Eclesial Pan Amazónica, llamó la atención sobre la situación del Amazonas, que "requiere una respuesta urgente" por la vulneración de derechos humanos de los pueblos que habitan los territorios que comparten la selva tropical.

Para proponer soluciones, la Iglesia entregó un informe en el que se destacan como prácticas usuales de los Estados la criminalización de la protesta y las agresiones a los defensores de derechos humanos, así como el crecimiento de la conflictividad social como consecuencia de las extracciones de recursos naturales.

Tras escuchar a los religiosos, los comisionados expresaron su emoción por lo que la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Antoine, consideró "un momento histórico".

"Es la primera vez que vienen tres conferencias a la comisión en un tema que refleja la importancia crítica, la afectación al medio ambiente y a los defensores del medioambiente de la industria extractiva", dijo a Efe el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza.

Icaza, que estuvo presente en la audiencia, consideró que la asistencia de los obispos lanza un mensaje "muy importante" sobre la valía de la CIDH, que hoy ha dado la bienvenida a un nuevo actor social.


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De izquierda a derecha: Timothy P. Broglio (Arzobispo Castrense de los EEUU, Conferencia Episcopal de EEUU); Álvaro Ramazzini (Obispo de Huehuetenango, Guatemala); Pedro Barreto Jimeno (Arzobispo de Huancayo-Perú, Presidente del Dpto. de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano); Roque Paloschi (Obispo de Roraima-Brasil y Representante del Cardenal); Donald Bolen (Presidente de la Comisión Justicia y Paz, Canadá)
Foto: CIDH


Obispos latinoamericanos piden al papa que visite la CIDH en su viaje a EEUU

Obispos latinoamericanos han pedido en una carta al papa Francisco que visite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su viaje a EE.UU. en septiembre de este año, confirmó hoy uno de los signatarios en Washington. 


Agencia EFE | 19 de Marzo de 2015

Washington, 19 mar (EFE).- Obispos latinoamericanos han pedido en una carta al papa Francisco que visite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su viaje a EE.UU. en septiembre de este año, confirmó hoy uno de los signatarios en Washington.

"El papa recibió la carta con mucha alegría", explicó a Efe uno de los firmantes, Pedro Barreto Jimeno, arzobispo de Huancayo, en Perú, y presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

Junto a otros religiosos latinoamericanos, estadounidenses y un canadiense, Barreto intervino hoy en una de las audiencias que la CIDH celebra esta semana para evaluar el estado de los Derechos Humanos en el continente americano.

Al final de la audiencia, en la que la Iglesia dio su visión sobre los efectos de las industrias extractivas, Barreto se dirigió a los comisionados para pedirles que le indicarán cuál era el mejor momento para dar "una buena noticia".

Entonces, expuso que él y el cardenal brasileño Claudio Hummes viajaron a Roma para reunirse con el sumo pontífice, el primero de América Latina, y hacerle entrega de una carta en la que le solicitan que visite la CIDH durante su visita a Washington, una de las posibles paradas de su viaje a Estados Unidos.

"Estoy seguro de que el papa hará algún pequeño cambio. No lo puedo asegurar porque eso ya está en manos de ellos, pero he hablado con la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Antoine, para pedirle que nos refuerce y el papa pueda venir aquí", explicó el obispo.

"Estoy seguro que el papa, que aboga por los derechos de los más humildes, puede hacer mucho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", destacó.

El obispo mostró a los comisionados la carta y una fotografía en la que aparecen él y el cardenal Hummes entregando la misiva al papa Francisco en Roma.

En declaraciones a Efe, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, dijo que el papa será "bienvenido" y consideró "una agradable sorpresa" la noticia que dieron los religiosos al final de la audiencia.

"El papa viene de un contexto latinoamericano, vivió en carne propia las dictaduras. La Iglesia en América Latina jugó un papel determinante en materia de derechos humanos. Muchos monjes, monjas, hicieron un gran trabajo. Lo que se hizo en Chile por ejemplo. Unos grandes defensores", destacó el secretario ejecutivo.

Icaza explicó que ahora, muy probablemente, lo que hará la CIDH será someter la noticia a conocimiento de las instancias pertinentes del organismo para ver si se formaliza también por parte de la Comisión la disposición de recibir al papa.

Durante su primera visita oficial a Estados Unidos, el Santo Padre participará en el octavo Encuentro Mundial de las Familias, que se celebrará en Filadelfia, del 22 al 27 de septiembre de 2015. EFE

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Aquí la audiencia completa

miércoles, 18 de marzo de 2015

Audiencias del Perú en la CIDH

154° PERIODO DE SESIONES DE LA CIDH
marzo 2015

De izquierda a derecha: Mar Pérez (CNDDHH); David Velazco Rondón (Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz FEDEPAZ); Rocío Silva Santisteban (CNDDHH); Viviana Krsticevic (CEJIL); María Noel Leoni (CEJIL).
Foto: CIDH


Audiencias sobre el Perú (donde participaron representantes de la CNDDHH, IDL, APRODEH, DAR, entre otras instituciones) durante el 154° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

1. Perú: Libertad de asociación y reunión


Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) / Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Estado de Perú


2. Empresas, derechos humanos y consulta previa en América


Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) / Justiça Global / OXFAM International / Fundación para el Debido Proceso (DPLF) / Displacement Solutions / Instituto de Defensa Legal (IDL) / Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) / Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) / Instituto de Estudios Sociales y Culturales (PENSAR) de la Pontificia Universidad Javeriana / Rede de Cooperação Amazônica (RCA) / Human Rights Research and Education Centre, University of Ottawa


3. Peru: Plan Nacional de Educación


Estado de Perú (Audiencia solicitada por el Estado)


4. Protesta social y derechos humanos en América


American Civil Liberties Union (ACLU) / Article 19 Brasil / Article 19 - México / Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) / Canadi an Civil Liberties Association (CCLA) / Cauce Ciudadano A. C. / Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria / Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProDH) / Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) / Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) / Centro Naciona l de Comunicación Social (CENCOS) / Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) / Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos - Honduras (COFADEH) / Comité de Solidaridad con Presos Políticos / Conectas Direitos Humanos -Brasil / Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú / Corporación Humanas / Espacio Público / Fundar Centro de Análisis e Investigación / Instituto de Defensores de Direitos Humanos (DDH) / Instituto de Estudios Legales y Sociales (IELSUR) / Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) / Justicia Global / Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos de Defensoría Pública do Estado de Sao Paulo / Observatorio Ciudadano / Programa Venezolano de Educación - Acción de Derechos Humanos (PROVEA ) / Propuesta Cívica / Red de Apoyo para la Justicia y la Paz / Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos ” / Servicios y Asesoría par La Paz (SERAPAZ)

Obispos latinoamericanos expondrán ante la CIDH sobre los efectos de las industrias extractivas



El próximo jueves 19 de marzo la Iglesia de América Latina expondrá su visión sobre los efectos de las industrias extractivas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, durante una audiencia pública dedicada al tema “Derechos Humanos e Industrias Extractivas en América Latina”.

En dicha audiencia, informa una nota, el Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), la Red Eclesial Pan-Amazónica (REPAM), el Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Caritas (SELACC), la Confederación Latinoamericana y caribeña de Religiosos y Religiosas (CLAR)  y  la  Comisión Amazónica  de  la  Conferencia  Nacional  de Obispos  de  Brasil  (CNBB)  presentarán  “la  posición de la Iglesia Católica ante la vulneración de los derechos humanos de poblaciones indígenas y  campesinas, afectadas por las industrias extractivas en América Latina”. Serán presentados algunos  casos emblemáticos en Brasil, Ecuador, Honduras, México y Perú, en los que la Iglesia cumple un  papel relevante y se formularán algunas recomendaciones a los Estados y a la  sociedad civil del continente.

Durante la audiencia, la delegación de la Iglesia entregará un informe donde se incluyen casos en los que la Iglesia católica ha tenido un papel relevante ante las violaciones a los derechos humanos cometidas por las empresas extractivas. Además, el informe indica que muchos Estados de la región permanecen indiferentes a estas prácticas, considerando como prácticas usuales la criminalización  de defensores y defensoras de derechos humanos y las afectaciones graves a la salud, integridad y  vida, especialmente de comunidades indígenas y campesinas.

El informe destaca la necesidad de adoptar un modelo de desarrollo en América Latina que sea sostenible, en donde esté en equilibrio el desarrollo económico, los derechos humanos y el ambiente.

Participarán en la audiencia Monseñor Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo (Perú) y Presidente del Departamento de Justicia y  Solidaridad del CELAM; Mons. Roque Paloschi, Obispo de Roraima y miembro de la Comisión Amazónica de la Conferencia  Nacional  de  Obispos  de  Brasil  CNBB; Mons. Álvaro Ramazzini, Obispo de Huehuetenango (Guatemala) y Presidente la Comisión de Justicia y Solidaridad de la Conferencia Episcopal de Guatemala; Mauricio López Oropeza, Director nacional de Caritas Ecuador y secretario ejecutivo de la REPAM; David Lovatón, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y asesor del CELAM para esta audiencia.

*La audiencia se transmitirá en vivo a través del canal web de la Organización de los Estados Americanos: www.oas.org