martes, 27 de septiembre de 2016

Bagua: La sentencia y la polémica

Apreciados amigos,
He estado revisando la sentencia de Bagua y aquí comparto algunas impresiones.  La RP por eso es un poco más larga de lo habitual, pero espero que les sea útil.   Acá está la sentencia por si la desean descargar también:

Un saludo cordial y una buena semana para todos,

Wilfredo

Reflexiones Peruanas N° 626
BAGUA: LA SENTENCIA Y LA POLÉMICA

Wilfredo Ardito Vega


Poco después de la tragedia de Bagua, un joven awajún viajó desde su comunidad para averiguar dónde estaba detenido su padre.  No lo iba a visitar, sino a ofrecerse en su lugar.

Los abogados le explicaron que no tenía sentido, porque él no había participado en los trágicos sucesos del 5 de junio.

-Mi padre tampoco –replicó él -, y yo puedo resistir mejor lo que le están haciendo.

Esta anécdota muestra que para el joven awajún, su padre no era un detenido, sino un prisionero, a quien el Estado peruano privaba de su libertad como parte de la ofensiva contra los pueblos indígenas, que entonces había dispuesto el régimen de Alan García.

En realidad, durante estos siete años, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional se han comportado con tanta arbitrariedad que no parecían buscar justicia, sino doblegar a los pueblos awajún y wampís. Por todo ello me sorprendió muy positivamente la sentencia promulgada el jueves pasado que absolvió a los 53 acusados del asesinato de doce policías en la Curva del Diablo.

La sentencia ha generado reacciones marcadamente polarizadas: quienes habían seguido el proceso de cerca sintieron alivio porque por fin terminaba el sufrimiento de 53 personas inocentes y de sus familias. Otras personas, como los congresistas fujimoristas Carlos Tubino y Lourdes Alcorta y el Ministro del Interior Carlos Basombrío señalaban su indignación porque “no había justicia en el Perú” y los asesinos de los policías habían quedado impunes.

Quienes creen que la Sala Penal absolvió a los homicidas, demuestran un gran desconocimiento sobre el proceso y también sobre los trágicos incidentes del 2009.

Lo que comúnmente se denomina “el Baguazo” fue  una sucesión de hechos violentos: el enfrentamiento en la Curva del Diablo, la desaparición del mayor Felipe Bazán, la masacre de policías desarmados en la Estación 6 de Petroperú (a muchos kilómetros de distancia) y los disturbios ocurridos en la ciudad de Bagua donde numerosas personas quedaron heridas por los disparos de la policía.

El proceso que concluyó el jueves pasado se refería al primer caso, el de la Curva del Diablo y, en éste, solamente a la muerte de los doce policías, no a los diez nativos y campesinos que allí también fallecieron. Un dato importante es que en el enfrentamiento no solo participaron indígenas, sino campesinos de la zona a quienes la sentencia denomina mestizos.  En total junto con 22 indígenas awajún y wampís y el líder shawi Alberto Pisango, había 31 mestizos acusados.

La sentencia es un documento muy prolijo, que en 392 páginas busca contextualizar los hechos, presentando mucha información histórica y antropológica sobre los awajún y wampís. Se señala como antecedentes la indignación de los indígenas por la presencia de la empresa minera Afrodita en su territorio y el recorte del Parque Nacional Ichigkat Muja por el gobierno de García (RP 355). Ignorando dicho descontento, García promulgó varios Decretos Legislativos que afectaban a los pueblos indígenas, especialmente el 1015 que permitía la disolución de las comunidades nativas y la venta de su territorio.

La sentencia recuerda que ya en agosto del 2008 se habían producido otros enfrentamientos entre los awajún y la policía y que tanto la Defensoría del Pueblo como la OIT y AIDESEP habían intervenido infructuosamente buscando que el régimen de García diera marcha atrás. Al relatar el conflicto, no se oculta la violencia que sufren los policías, los bomberos y el Ministerio Público, aunque en estos dos últimos casos, varios testimonios señalan que los atacantes fueron mestizos y no nativos.

Se cita documentos como la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, así los protocolos emitidos por el Poder Judicial para abordar casos donde estén involucrados indígenas y ronderos. Se analiza conceptos como tierra, territorio e interculturalidad. Debemos destacar especialmente que se señala que no es posible considerar delito la interrupción de la carretera, puesto que era parte del ejercicio del derecho a la protesta que debe ser respetado por el Estado (pp. 155-157) y los indígenas carecían de otras posibilidades para proteger sus territorios (pp. 354-357).

Menciona el artículo 15 del Código Penal, que establece el error de comprensión culturalmente condicionado, pero aclara que en ningún momento puede justificar una violación a los derechos humanos (p. 358).

La absolución no se debe a un tema intercultural, sino a que los policías fallecieron por arma de fuego y la pericia de absorción atómica mostró que ninguno de los acusados había disparado un tiro. No tenía tampoco sustento considerar instigador a Santiago Manuin, que estaba malherido e inconsciente cuando los hechos ocurrieron o a Alberto Pizango, que estaba en Lima sin comunicación con los awajún a la hora que ocurrieron los hechos.

De esta manera se confirma lo que ya advertían los organismos de derechos humanos y las instituciones de la Iglesia Católica: que las detenciones eran totalmente arbitrarias y que muchos detenidos habían sido golpeados para obligarles a firmar confesiones. El caso más grave fue el de Feliciano Cahuasa, quien estuvo detenido durante cinco años en el penal de Huancas, en una zona muy fría y distante de las comunidades nativas.

Leer los testimonios de los involucrados es realmente triste, porque hace pensar cuán difícil es una reconciliación en un país como el Perú. Varias veces he visto a los familiares de los policías y de los procesados juntos, muy afectados, mientras los políticos de la época eluden cualquier responsabilidad (como la Vicepresidenta Araoz).

Ahora bien, la reconciliación será imposible si persiste la impunidad, especialmente para quienes cometieron los crímenes de la Estación 6 y los responsables de la desaparición del mayor Bazán. Ninguno de ellos estaba entre los absueltos el jueves pasado. Por eso, pese a que la sentencia es positiva para los acusados, queda la sensación de que la justicia está muy lejos de llegar para quienes perdieron a sus seres queridos el triste 5 de junio del 2009.


ADEMÁS…

-Entre los cambios más preocupantes en la Defensoría del Pueblo están la salida del responsable de asuntos indígenas, Daniel Sánchez y la llegada como Secretario General de Hugo Suero, quien fue muy cuestionado en su cargo anterior en el Poder Judicial. Muchos otros valiosos funcionarios siguen renunciando.

-Sobre los cambios en la publicidad de Saga Falabella y Ripley, llama la atención que una empresa peruana como Oeschle continúe solamente presentando personas blancas en su publicidad.

-El gobierno chileno difundió su posición en el litigio con Bolivia mediante videos en aymara y mapudungún (el idioma mapuche).  Llama la atención que ninguna autoridad peruana se le ocurrió hacer lo mismo cuando tuvimos un litigio similar con Chile.

-El Cardenal Giuseppe Versaldi, Prefecto de la Congregación para la Educación Católica, indicó en la PUCP que el Vaticano valora el servicio que la Universidad da a la sociedad peruana.  Señaló que la Iglesia busca respetar la autonomía y los derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria y garantizar la libertad académica. Aclaró que la Santa Sede reconoce que la PUCP es propietaria de sus bienes y no pretende adueñarse de ellos.

APORTES Y COMENTARIOS: (Sobre la nueva publicidad de Saga Falabella).

-La publicidad con personas de rasgos andino solo abunda cuando se trata de obtener votos en las campañas políticas, allí sí todos van a mercados, se suben a mototaxis, desfilan con la gente "del pueblo", en verdad, con los otros (Un abogado).

-La publicidad de marcas o tiendas de Inglaterra o Suecia era más mixta que la de Saga Falabella (Un comunicador).

-Esas empresas quieren ampliar su mercado vender más tarjetas de consumo para apropiarse de tus ingresos (Una periodista).   En realidad, Saga Falabella tiene más de 20 años en el Perú y si no cambió su publicidad antes es porque detectaba que a muchos peruanos no les molestaba.

Esperemos que ahora entienda que a la gente sí le molesta. (WA). 

LA FRASE W:
Cuánta inconsciencia muestra quien lamenta la absolución de inocentes.

miércoles, 7 de septiembre de 2016

Reflexión Peruana N°623 - De Chachapoyas a Accomarca


Amigas y amigos,

La sentencia de Accomarca tiene importantes implicancias y es bueno saber que fue resultado de los valiosos esfuerzos de muchas personas a lo largo de estos 31 años. 

Un saludo cordial y una buena semana para todos,

Wilfredo



Reflexiones Peruanas N° 623

DE CHACHAPOYAS A ACCOMARCA

Wilfredo Ardito Vega

Chachapoyas, sin duda, está muy lejos de Accomarca. No hubo allí mayores enfrentamientos o violaciones a los derechos humanos durante los años del conflicto armado. Sin embargo, un viaje a Chachapoyas en 1999 desencadenó una serie de acontecimientos hasta que por fin, la semana pasada Telmo Hurtado fue condenado a 25 años de prisión por la masacre.

En abril de 1999, cuando yo trabajaba en el Instituto de Defensa Legal, viajé a Chachapoyas para dar un curso a los Jueces de Paz.  Me acompañaba Glatzer Tuesta, que entonces tenía solamente 23 años, supuestamente para hacer un reportaje sobre el curso, pero en realidad tenía otra misión.  

Habían pasado 14 años desde que Hurtado dirigió la columna que asesinó a 69 campesinos en Accomarca, incluyendo niños y bebés.   El crimen, ocurrido a las pocas semanas del primer gobierno de Alan García, había causado conmoción en la opinión pública, porque se sabía que el régimen de Belaúnde había permitido muchas masacres similares y se esperaba que con el cambio de gobierno esto ya no ocurriría más. 

García relevó de su cargo al general Wilfredo Mori, Jefe del Comando Político Militar de Ayacucho. A diferencia de la complicidad del parlamento anterior con los crímenes que ocurrían en Ayacucho, en este caso, se formó una comisión investigadora en el Congreso, ante la cual Hurtado confesó sin mayores remordimientos.  La comisión calificó la masacre como “genocidio”, pero la Corte Suprema señaló que correspondía al Fuero Militar juzgarlo y Hurtado desapareció de la escena pública. Para su beneficio, en 1995 Fujimori promulgó las leyes 26479 y 26492 que otorgaban amnistía a militares y policías por las violaciones a los derechos humanos que hubieran cometido. 

En 1999, los corresponsales de IDL Radio, donde laboraba Glatzer, denunciaron que en la base El Milagro en San Ignacio (Cajamarca) se cometían levas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. El responsable sería un mayor del ejército llamado Ricardo Hurtado Hurtado, que se jactaba de los crímenes que había cometido años atrás en Ayacucho. En el IDL sospechábamos que el mayor Hurtado podría ser el mismo Telmo Hurtado y el viaje a Chachapoyas fue la ocasión para comprobarlo. 

Todavía recuerdo cuando, terminado el curso, Glatzer se bajó del ómnibus en el cruce de Chamaya, para dirigirse a Jaén y luego a San Ignacio. Tantos años después, me pongo a pensar cuán imprudente era que viajara solo, pero efectivamente, en el viaje Glatzer comprobó que Telmo y Ricardo Hurtado eran la misma persona y que había sido ascendido y protegido por las Fuerzas Armadas. Ante el escándalo, Hurtado fue dado de baja y volvió a desaparecer.

Tras la caída de Fujimori y la derogatoria de la Ley de Amnistía, Hurtado huyó a los Estados Unidos, donde fue capturado en el 2007. En el 2011 fue extraditado y comenzó el juicio por la masacre. Un detalle poco difundido es que durante un tiempo, Hurtado compartió la celda con Gregorio Santos, el Gobernador Regional de Cajamarca, quien precisamente es de San Ignacio.

El pasado miércoles 31 de agosto, tras más de doce horas de aguardar a la intemperie, los familiares de las víctimas de Accomarca escucharon por fin la condena a 25 años de prisión para Hurtado,  pero también para otros nueve militares, entre ellos el general Mori.

La condena a Mori, implicado también en la masacre de Putis, revela que las masacres que se cometieron en los años ochenta no se debían a la locura o el sadismo de algunos oficiales (como el teniente Roca, protagonista de la película La Boca del Lobo), sino que se trataba de una estrategia planificada intencionalmente por los altos mandos militares.  

La desaparición de miles de personas, el exterminio de aldeas enteras, la construcción de hornos para incinerar cadáveres en Los Cabitos, las violaciones de centenares de campesinas, no fueron actos aislados, sino deliberados. Y todo este horror, naturalmente, implica la responsabilidad del gobierno de Belaúnde, a quien muchos todavía pretenden considerar un patricio democrático, pese a todos los horrores que se cometieron (y denunciaron) mientras estuvo en el poder.

Personalmente, yo creo que el crecimiento de Sendero Luminoso se debió precisamente a las atrocidades que cometieron las Fuerzas Armadas entre 1983 y 1985, originando la total deslegitimación del Estado.

En Accomarca, Umasi, Putis y un doloroso etcétera, impacta especialmente el asesinato de decenas de niños, varios de apenas meses de nacidos. Ni siquiera los militares argentinos cometieron crímenes así, porque ellos procuraban entregar a los bebés de sus víctimas. Solamente el más profundo desprecio por la población andina puede explicar que los militares hayan cometido esas atrocidades. Y, además, la convicción de que quedarían impunes. 

Estoy seguro de que en estos 31 años muchas veces pareció que nunca habría justicia, pero si se ha logrado es por la actuación valerosa de muchas personas: familiares, abogados, políticos, periodistas. A todos ellos nuestro reconocimiento.    

ADEMÁS…

-El Ministerio del Interior incorporará a los nueve prófugos de Accomarca en la lista de los delincuentes más buscados otorgando una importante recompensa. 

-Un diccionario jurídico en quechua y una obra sobre derechos indígenas fueron presentados… en Salta, Argentina. Sería sumamente importante que en el Perú se pudieran elaborar obras similares.

-La presencia de un traductor de quechua en un juzgado de Arequipa permitió que una anciana de 96 años recibiera protección adecuada frente a la violencia familiar que sufría.  Además, ha sido inscrita en Pensión 65 y el Seguro Integral de Salud. Muchas situaciones injustas se podrían solucionar con más traductores e intérpretes.

-La pretendida destrucción de parques y áreas verdes en Balconcillo, San Isidro y Miraflores para “agilizar el tránsito” es otra de las muestras de improvisación en la actual gestión de la Municipalidad de Lima. Esperemos que los respectivos alcaldes se mantengan firmes en la defensa de los espacios públicos.

-El dinero que la Municipalidad podría usar en dichos proyectos debería servir para apoyar a la población shipiba, como había dispuesto la anterior gestión.

APORTES Y COMENTARIOS (Sobre la RP 622)

-Creo que eres benevolente respecto a esos dirigentes que deberíamos esperar que lleguen al poder... ¡Dios nos libre si mantienen esa indiferencia y poca capacidad crítica respecto a los crímenes que cometieron agentes del Estado durante gobiernos llamados democráticos! Si entre esos jóvenes dirigentes estaban apristas y acciopopulistas, eso indicaría que no ha habido ninguna renovación sobre lo que significan los derechos humanos y cómo deben ser garantizados por el Estado. Efectivamente, dirigentes del FA también debieron ser invitados y si conocen del tema qué mejor que hacer algo de pedagogía con los jóvenes líderes de otros partidos.

Por otro lado, la última vez que fui a la muestra de Yuyanapaq en el Museo de la Nación me impidieron entrar con mi hija de 8 años y mi hijo de 15.   Me explicaron que las imágenes eran muy fuertes para chicos de su edad. "¿Y los noticieros y la violencia que destilan los diarios de todas las mañana?", pregunté pero opté por aceptar las explicaciones de la funcionaria de la Defensoría. En todo caso, si esta muestra no es para niños y adolescentes se debería pensar en un material o espacio adecuado para puedan aproximarse y reflexionar, de acuerdo a su edad, sobre esta terrible época de nuestra historia. Ojalá que ya estén trabajando en eso (Un sociólogo).

«Nadie es tan ciego como el que no quiere ver". Urge hacer obligatoria la enseñanza del período de violencia política de fines del siglo XX, en el marco de la historia de ese siglo y los anteriores, así como en los pendientes por saldar en estas primeras décadas del s. XXI (Un abogado).

-Es verdad, hay un bloqueo mental que invisibiliza la violencia de los agentes del Estado, y consiente la impunidad actual.  El gesto de Marisol Pérez ha sido importante y el reinicio de las medidas para la reparación a las víctimas lo es más, porque se trata de una medida concreta (Un profesor universitario).

-Son muchos años en que la prensa servil a los intereses económicos está dispuesta a “terruquear” a cualquier persona llamada antisistema.  Han construido un perfil como que el único agresor en la violencia de esos años fueron los terroristas y además, añadiendo como sinónimos: terroristas = comunistas, rojos. Tristemente muchos jóvenes lo ven así y ya hasta les resulta aburrido hablar del tema (Un biólogo).

-Alguna vez se planteó que el Informe de la Comisión de la Verdad debería ser un insumo fundamental en la educación de los escolares en torno a la violencia política en los años 80 y 90. Se quedó en propuesta, porque prima hasta ahora la historia oficial o la desinformación, que es una manera también de presentarla (Un antropólogo).

-Cuando escucho una historia como esa de los chicos que llegan a los partidos políticos por arribismo, pienso si yo no tendría mas bien que asumir mayor responsabilidad y militar en un partido (Un sociólogo). 

LA FRASE W:

No desmerezcas los pequeños actos heroicos, porque sumados pueden llevar a grandes logros para los derechos humanos