lunes, 8 de abril de 2013

Juntos contra la corrupción “Colecta por los gatos y las gatas para que las ratas no nos ganen”


El día domingo 07 de Abril, la Comisión de Justicia Social junto con otros organismos e instituciones que integran la Red de Ética y Gobernabilidad de la Provincia del Santa, presentaron un acto público contra la corrupción, en la Plaza de Armas de Chimbote.

Una rata andaba por medio de algunas unas enfermeras, médicos y funcionarios repartiendo dinero sucio, un gato que se encontraba solo tratando de cazarla pero no lo lograba, cuando la gente empezó a dar su colecta otro gato más se suma a la caza y juntos logran atrapar a la rata y sorprender a quienes recibían el dinero de la rata, con unas manos blancas de “ALTO A LA CORRUPCCIÓN” y “TE ESTAMOS VIGILANDO”, en el que se alienta a la población a vigilar la calidad de los servicios que se brinda en el sector salud.

Cabe recalcar, que toda esta parodia forma parte de una campaña de sensibilización y promoción para que los ciudadanos y las ciudadanas participen con su compromiso en la construcción de una sociedad libre corrupción.

Esta campaña, se realizó en el marco de la celebración del día internacional de la Salud, pues la corrupción está inmersa, lamentablemente, en distintos sectores del país entre ellos el sector salud.

La “Colecta por los gatos y las gatas para que las ratas no nos ganen”, continuará realizándose para frenar la corrupción y lograr la actuación y compromiso de la población.

Red de Ética y Gobernabilidad de la Provincia del Santa
Secretaría Técnica, Comisión de Justicia Social de Chimbote


Hagamos memoria: “Verdad y justicia de las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas”


Es importante mantener la memoria viva para no permitir que actos que violan los derechos humanos se vuelvan a repetir, es por ello, que la Comisión de Justicia Social como organismo de defensa de los derechos humanos organizó el video foro, “Hagamos memoria: Verdad y justicia de las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas”
Teniendo como expositores a Lic. Yolanda Cadenillas Ortega, directora del Instituto Pacha Mama, quien definió y amplió el tema y nos contó su experiencia y al Abg. Víctor Mendoza Barrantes, Director de la Comisión de Justicia Social, quien hizo referencia sobre el caso de Mamérita Mestánza, el cual fue precedente para la reapertura de la investigación por las esterilizaciones forzadas en el Perú. 
En los años 1996-2000, la política de planificación familiar implementada durante el gobierno del Alberto Fujimori, fue aplicada de forma irregular, violando una serie de derechos humanos de las mujeres (tanto por la falta de consentimiento, como por la baja calidad de atención médica) y  es uno de los temas pendientes de sanción y reparación.
La cantidad de mujeres esterilizadas oscilan entre las 300 mil, y a 16 mil hombres, se les practicó la vasectomía. Las consecuencias de las esterilizaciones en cifras, daños físicos y mentales a las mujeres esterilizadas contra su voluntad, es un asunto que aún no ha sido evaluado a profundidad en el  Perú. (Fuente: Man Fundacional)
Las mujeres a quienes se dirigió, el programa nacional de salud reproductiva pertenecían a los sectores más pobres del país. Como explica el informe de la Defensoría del Pueblo del Perú, las mujeres tenían el siguiente perfil: mujeres analfabetas o con instrucción primaria, agricultoras, campesinas y amas de casa. Asimismo, señala que el mayor número de denuncias se concentra en los departamentos de Ayacucho y Huancavelica, los más pobres del país. Los métodos de «captación» de usuarias comprendían la entrega de paquetes de alimentos, las visitas reiteradas a los domicilios de las mujeres, las amenazas veladas o explícitas y la persecución y detención en el caso de mujeres indígenas de Amazonía.
Así también, en el evento se presentó el reporte “Nada Personal”, de Giulia Tamayo, sobre las Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), la misma que presentaba documentación de metas impuestas por el Ministerio de Salud y en el que se fundamentaron las investigaciones en la CIDH.
Cabe recalcar, que hasta la fecha, el estado Peruano, no ha sancionado a los responsables y las víctimas aun no han recibido reparaciones.