lunes, 21 de julio de 2014

Acuerdos del IV Congreso Nacional de la Coordinadora Nacional de las Organizaciones de Afectados por la Violencia Política de Perú - CONAVIP

Felimón Salvatierra G. Presidente de CORAVIP - Ayacucho.

A casi 11 años de la entrega final de Informe de la Comisión de Verdad y reconciliación – CVR, el gobierno de turno no ha sabido dar respuesta las demandas de los afectados por la violencia política como:

1. Que el Plan Nacional de Derechos Humanos, no recoge las demandas de las víctimas de la violencia política como: la modificatoria del DS 051-2011.PCM, pago por la múltiple afectación, cesión y/o transferencia de derecho para los las víctimas, desplazados, torturados y otras afectaciones por la violencia, reapertura de registro único de víctimas para beneficiarios  de reparaciones económicas, entre otros.

2. Rechazamos el procedimiento burocrático de la Justicia Penal, cuando existe un principio procesal de celeridad establecido normativamente.

3. Por otro lado, se exige que el Ministerio de Defensa proporcione documentos y nombres de los perpetradores, las mismas que son protegidos y archivados por el Ministerio de Defensa.

4. Se requiere que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dote más abogados especializados en Derechos Humanos, para que puedan realizar defensa de las víctimas y afectados en casos de: Ejecuciones Extrajudiciales, Torturas, Violaciones Sexuales, Secuestros, Detenidos, entre otros, que hayas vulnerado los Derechos Fundamentales de la persona humana.

5. En el tema de memoria, es preciso la elaboración de un libro, conteniendo los acontecimientos ocurridos durante la violencia política, de mayo de 1980 a noviembre del 2000, y esta misma puede llegar a difundirse como material educativo en las escuelas, universidades, etc. Pero también se debe incluir en el sistema curricular educativo, y de esta manera  enseñar que los actos de violencia no se vuelvan a repetir en el País.

6. Que los beneficiarios de las reparaciones en salud, deben contar con una credencial, debidamente reconocido oficialmente por los Ministerios de Salud y Justicia, para facilitar el acceso al servicio de salud.

7. Asimismo se exige la ampliación en el aspecto académico para poder contar con las maestrías, Especializaciones y/o Diplomaturas, para aquellos que culminaron sus estudios superiores.

Ante esta situación, hemos determinado las 14 regiones más afectadas por la violencia política del País, la realización de acciones de incidencia y exigibilidad, ante el incumplimiento de las recomendaciones de la CVR.

Políticas públicas en DD.HH: el plan nacional

Compartimos artículo de Salomón Lerner Febres sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos.


El respeto y garantía de los derechos humanos debe convertirse en una política de Estado. En 1993, en la Cumbre Mundial de Viena de Derechos Humanos, organizada por la Organización de las Naciones Unidas, se recomendó a los estados que establezcan políticas públicas para el cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos fundamentales.  La comunidad internacional entendió que se requiere una visión transversal que involucre a todos los niveles de gobierno en torno a este tópico.

En 2005, el Perú adoptó su primer Plan Nacional de Derechos Humanos. Sin duda, la aprobación de un documento como este constituía un avance para nuestro país. Desafortunadamente, como ha demostrado una reciente investigación del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP), la implementación del Plan no estuvo a la altura de las circunstancias.

El pasado fin de semana, la actual administración promulgó el segundo Plan Nacional de Derechos Humanos 2014 - 2016. Lo hace un gobierno que, en efecto, ha creado un viceministerio de Derechos Humanos para tratar de fortalecer los organismos estatales en torno a esta materia. Una sombra sin embargo empaña la aparición de esta norma: la presencia en el equipo ministerial de una persona investigada por  un crimen abominable en el contexto del combate del terrorismo.

En lo que concierne al Plan que reseñamos, ciertamente, hay elementos positivos que hay que rescatar.  De especial importancia son aquellos referidos a la educación que se debe impartir sobre el tema: consolidación de un sistema formativo sobre derechos fundamentales en todos los niveles educativos; capacitación de funcionarios públicos en temas de género, interculturalidad y otras calidades fundamentales que han de ser respetadas en todos los hombres, sin excepción.

Asimismo, es importante que el Estado proponga la incorporación del tema  de los Derechos Humanos en sus políticas y se ocupe de acciones adecuadas en torno a la seguridad ciudadana, la lucha contra la discriminación  y otros asuntos que antes eran examinados sólo desde un punto de vista “técnico”.
Sin embargo, el Plan también presenta algunas ausencias, sobre todo, en lo que respecta a políticas en favor de grupos especialmente vulnerables; entre ellos, las personas que sufren discapacidad y los pueblos indígenas en lo relativo a la consulta previa.  

Sobre las víctimas del conflicto armado interno, se recuperan algunas recomendaciones planteadas por la CVR, (plan de búsqueda de personas desaparecidas, el establecimiento de un Plan de Investigaciones Antropológico Forenses y garantía de  la preservación del acervo documentario de la Comisión).  Extraña sin embargo, que no haya alusión alguna al establecimiento de sitios de memoria por parte del Estado, la ausencia de indicadores vinculados a la judicialización de los casos presentados a partir de Informe Final de la CVR y que las medidas de reparación material ya  planteadas sean  diminutas.

De otra parte no se coloca ninguna palabra o política a favor de las personas con distinta orientación sexual, quienes vienen emprendiendo una larga lucha por el reconocimiento de derechos básicos. Lo mismo se puede decir en torno a las trabajadoras del hogar.

Se trata pues de un paso en la buena dirección y que es perfectible. Lástima que su credibilidad, como ya lo hemos señalado, se encuentre mellada por la presencia en el gobierno de una persona que se halla, objetivamente, cuestionada por un delito de lesa humanidad.

La República, 18 de julio de 2014

domingo, 20 de julio de 2014

Perú: no a la licencia de soldados y policías para matar a los manifestantes ambientales

Petición contra la Ley 30151

La ley recientemente aprobada en Perú excluye a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía de la responsabilidad penal en caso de causar lesiones o la muerte a los manifestantes ambientales.

Perú ha sido escenario de numerosas protestas de las comunidades indígenas que se oponen a la minería, el arbitrario desarrollo de carreteras, la extracción de petróleo y la explotación forestal; actividades que han contaminado y destruido la selva, e impactado negativamente en la vida de las comunidades.

La ley Nº 30.151 ( aprobada en enero), permite a soldados y  agentes de policía cometer crímenes con plenas garantías de impunidad.

Grupos de Defensores de los Derechos Humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos,  han expresado su profunda preocupación por esta ley.

Manifestantes ambientales en el Perú deberían tener derecho a protestar sin miedo a la muerte o lesión de cualquier persona.

Por favor, firme la petición para exigir que el gobierno peruano no concede licencia de soldados y policías para matar a los manifestantes ambientales.

jueves, 17 de julio de 2014

Los familiares del caso Soras (Ayacucho), siguen esperando justicia

Compartimos una nota de prensa de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) sobre el caso de Soras en Ayacucho.


Los familiares de las víctimas de la mayor masacre senderista del país, siguen esperando justicia.


martes, 15 de julio de 2014

Pronunciamiento de la CNDDHH sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016

EL PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PROMULGADO NO CALIFICA COMO UN PLAN SERIO 


Las organizaciones miembros de la CNDDHH,  red de 81 instituciones con un trabajo de 29 años en defensa de los derechos humanos en todo el país, ante la promulgación del Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) afirmamos lo siguiente:

Luego de un largo silencio de dos años sin mencionar el tema, el presidente Ollanta Humala Tasso promulgó el Plan Nacional de Derechos Humanos – PNDH  el pasado viernes 4 de julio en la ciudad de Pisac, acompañado del gabinete en pleno, incluyendo al cuestionado Ministro del Interior Daniel Urresti, procesado por delitos de lesa humanidad. Desde la CNDDHH, consideramos que este PNDH no recoge el proceso previo de formulación con participación de muchos sectores de la sociedad civil y el Estado, ni cumple con las expectativas que levantó con la finalidad de poder tener un marco legal que planteara un camino para el cumplimiento de múltiples derechos aún insatisfechos. Tanto su preámbulo, como cada uno de los cuatro lineamientos estratégicos, así como los indicadores de medición de cumplimiento del Estado peruano sobre derechos humanos, se encuentran muy por debajo de los estándares internacionales  y de las obligaciones asumidas, respecto de las políticas públicas indispensables para la vigencia de los derechos humanos en el Perú. Cabe mencionar que además se ha invisibilizado por completo,  los derechos de  un grupo vulnerable como es la población LGTBI.

El PNDH, que tendrá una vigencia de 3 años, 2014 - 2016, subordina los derechos humanos al enfoque económico, e ignora el largo proceso de consultas (21 audiencias previas y 11 talleres de validación financiados por el PNUD), a pesar de indicarlo en su preámbulo. El Plan no está centrado en la producción de políticas públicas que garanticen la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, sino en una perspectiva educativa, de difusión de derechos, fomento de la tolerancia, sin hacer referencia a muchos de los más graves problemas y  necesidades en materia de violación de derechos humanos en el Perú.

Tenemos conocimiento que los aportes al PNDH desde cada sector del Estado, han sido  los planes operativos que se vienen actualmente ejecutando, de manera que se han recogido solo los indicadores de los planes sectoriales, con la finalidad de poder ser cumplidos de cara al Examen Periódico Universal y otras revisiones de acciones de cumplimiento en el ámbito de Naciones Unidas. Esta situación se contradice con el objetivo y la misión del PNDH, que no supone simplemente cumplir con planes operativos sectoriales, sino por el contrario plantear un horizonte de políticas públicas para la vigencia y respeto de los ddhh en el Perú.

En su introducción, el PNDH sostiene que “el progreso económico, sustentado en gran medida en la protección de las libertades económicas y en defensa y promoción de la inversión privada, es un presupuesto indispensable para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos”.  Esta perspectiva no coloca en el centro a la persona humana sino que subordina o condiciona  la protección de sus derechos al crecimiento y a las libertades de empresa y económica. Desde nuestra perspectiva, la dignidad y derechos de la persona humana no se pueden subordinar al interés del Estado ni de la economía.

Desde la misma perspectiva de derechos debe reconocerse, también, el acceso equitativo y justo a todas las personas, sin discriminarlas por su orientación sexual  e identidad  de género. Lamentablemente este es uno de los temas  intencionalmente retirados del plan y deploramos que este tema haya sido completamente invisibilizados en el PNDH pese a que la propuesta original elevada al Consejo de Ministros (en noviembre de 2012),  contenía dieciocho  actividades, lo que implica que el Estado no reconoce obligaciones internacionales que ha aceptado previamente.

El plan desconoce la promoción de los derechos sindicales, invisibiliza por completo la situación de las trabajadoras del hogar desconociendo el Convenio 189 de la OIT.  Asimismo en torno a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, demuestra poca voluntad política para reconocer la necesidad de su  cumplimiento más allá del tema de reparaciones, (Justicia, Reformas Institucionales)  y, asimismo, no respeta lo avanzado en otros marcos legales en relación a la institucionalización de los pueblos indígenas. Esto constituye un  lamentable retroceso respecto  al anterior PNDH (2005-2011), que tenía una perspectiva más inclusiva y de reconocimiento de los derechos humanos.

La CNDDHH desde que recibió la primera versión del plan presentó su preocupación sobre la insuficiencia del mismo durante la sesión del Consejo Nacional de Derechos Humanos del 4 de diciembre de 2012. En esa ocasión sostuvimos enfáticamente que no íbamos a respaldar una propuesta que, de cara a todo el proceso previo, desconocía los acuerdos de cada uno de las audiencias públicas realizadas en todo el Perú y los talleres de validación. Sin embargo debemos señalar que el PNDH promulgado está inclusive por debajo de esa versión y no califica como un plan serio que pueda permitir afrontar las diversas situaciones de violación de derechos humanos de nuestro país.
En tanto que el PNDH expresa la voluntad política del Poder Ejecutivo frente a las garantías de los derechos humanos, esta situación nos preocupa y consideramos que aún hay tiempo para poder corregirla: por eso exigimos que el Estado peruano rectifique los vacíos del PNDH y asuma como le corresponde las obligaciones contraídas en los diversos convenios internacionales.

Consejo Directivo Nacional
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

14/07/2014

martes, 8 de julio de 2014

CEJIL, DPLF y WOLA expresan su preocupación por el nombramiento del General (r) Daniel Urresti como Ministro del Interior en Perú

Urresti es actualmente investigado por su participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988

Washington D.C., 8 de julio de 2014. Frente al reciente nombramiento realizado por el Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala, del General en retiro Daniel Urresti como Ministro del Interior, las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por cuanto el nuevo Ministro está siendo objeto de una investigación penal por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno peruano.

Tal como dio a conocer el Instituto de Defensa Legal (IDL) la semana pasada, Urresti está siendo investigado como presunto autor mediato del asesinato de Hugo Bustíos, periodista y corresponsal de la revista “Caretas”, ocurrido el 24 de noviembre de 1988. Bustíos, junto con su compañero Eduardo Rojas Arce, acudían a investigar el asesinato de dos civiles en las afueras de la ciudad de Huanta, tras haber pedido permiso para acceder al lugar al Jefe de la Base Militar de Castropampa, Víctor La Vera Hernádez. En la trayectoria a Huanta, Bustíos y Rojas Arce fueron atacados con proyectiles de fuego. Bustíos recibió un impacto de bala, perdió control de la moto que conducía y se cayó. Rojas Arce logró salvarse. Sobre el cuerpo malherido de Bustíos, los atacantes colocaron una carga explosiva, provocando su muerte. Urresti, capitán del Ejército en ese momento, se desempeñaba como jefe de la Sección de Inteligencia S-2 en la base de Castropampa en Ayacucho.

La investigación inicial del caso fue conducida por la justicia militar y eventualmente archivada. Ante ello, el caso fue llevado por CEJIL y otras organizaciones, entre ellas COMISEDH en sede interna, a la Comisión Inter-American de Derechos Humanos, que en 1997 encontró al Estado peruano responsable del asesinato de Hugo Bustíos y el ataque a Eduardo Rojas Arce.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación retomó la investigación de este caso, y en el año 2007, la Sala Penal Nacional condenó a los oficiales Víctor La Vera Hernández y Amador Vidal Sanberto a 17 y 15 años respectivamente, como autores del delito de asesinato y tentativa de asesinato en agravio de Bustíos y Rojas Arce. La investigación continuó para establecer la identidad de los otros responsables, y el 17 de junio de 2013 el Poder Judicial emitió un auto de apertura de instrucción contra Urresti. El mismo refiere que el 24 de noviembre de 1988, los dos periodistas fueron “emboscados y atacados por miembros del ejército peruano de la Base Militar de Castropampa al mando del oficial EP Daniel Belisario Urresti Elera conocido con el apelativo de ‘Arturo’, con la participación del Sargento Johny José Zapata Acuña conocido con el apelativo de “Centurión” y otros miembros del Ejército no identificados”.

El auto de apertura de instrucción se sustenta en varios elementos probatorios, entre ellos declaraciones de otros miembros del ejército peruano que laboraban en la Base Contrasubversiva de Castropampa en noviembre de 1988. Con base en ello, se investiga la responsabilidad de Urresti como autor mediato del asesinato de Bustíos y la tentativa de asesinato de Rojas Arce, ambos calificados como crímenes de lesa humanidad.

Como señala Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, “la CIDH determinó que Perú era responsable por el asesinato de Bustíos y por la violación a la integridad personal de Rojas Arce, además de la violación a la libertad de expresión de ambas víctimas por cuanto eran periodistas. La decisión del Ejecutivo peruano de ofrecer un cargo público a una persona investigada por estos graves hechos, envía un mensaje de irrespeto a la labor del poder judicial en combatir la impunidad, además de ser una afrenta directa para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en Perú”.

Para Katya Salazar, Directora Ejecutiva de DPLF, “este caso es emblemático porque fue investigado por la Comisión de la Verdad del Perú, que recomendó la investigación y procesamiento de todos los responsables. La decisión del Presidente Humala de ‘evaluar el caso’ y concluir que no existen pruebas suficientes es un ataque a la independencia judicial y supone ‘recompensar’ a una persona acusada de estas graves violaciones”.

Al respecto, Jo-Marie Burt, Senior Fellow en WOLA, considera que “el Ejecutivo debe rectificar esta decisión porque es lesiva al proceso que se sigue en el Perú para lograr verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado interno peruano, y afecta gravemente la consolidación de las instituciones democráticas. Urresti debe ser removido de su cargo y debe responder ante la justicia por este caso, y el gobierno de Ollanta Humala debe reafirmar su compromiso de proteger la integridad física de familiares y testigos en este y otros casos bajo investigación”.

Con base en lo anterior, solicitamos respetuosamente a las autoridades peruanas que respeten la actuación del Poder Judicial y garanticen la independencia de las investigaciones y procesos que se siguen para determinar las responsabilidades de todos los autores del asesinato de Hugo Bustíos. Adicionalmente, instamos a que el Poder Ejecutivo separe al General Urresti de su cargo de Ministro del Interior en tanto se dilucida su responsabilidad penal en estos hechos.

**

CNDDHH demanda la renuncia del Ministro Daniel Urresti, procesado por crimen de lesa humanidad

PRONUNCIAMIENTO
COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEMANDA LA RENUNCIA DEL MINISTRO DANIEL URRESTI PROCESADO POR CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

El Consejo Directivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos desea expresar a la ciudadanía lo siguiente en relación a la designación del Gen. Daniel Urresti como Ministro del Interior, quien está implicado en un proceso penal por crimen de lesa humanidad por el asesinato del periodista, corresponsal de la Revista Caretas en Ayacucho, Hugo Bustíos:

1.- Que el Gen. Urresti es acusado por miembros del Ejército Peruano, condenados por este crimen, como uno de los autores materiales del mismo. Por ese motivo se encuentra procesado y dilucidando su responsabilidad en este grave delito contra los derechos humanos.

2. El Presidente Humala está generando una crisis con su decisión de mantener al Gen. Daniel Urresti como ministro, y más aún al defenderlo arguyendo su inocencia, hecho que constituye en la práctica una afectación a la independencia del Poder Judicial y a las garantías del debido proceso.

3. No es ético que se designe a una autoridad que se encuentra implicada en un proceso penal abierto por crimen de lesa humanidad, y que además permanezca en su puesto pese a los serios cuestionamientos que ya tenía en su contra como Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, tales como el uso abusivo de la fuerza contra la población civil, torturas, detenciones arbitrarias, amenazas y agresiones a periodistas, allanamiento de viviendas, etc.

4. Es de advertir que la permanencia de un Ministro del Interior, procesado por un crimen de lesa humanidad, constituye un grave riesgo para la seguridad de los familiares y testigos en el proceso que se le sigue por cuanto compete a su cartera brindar dicha seguridad.

Por todo lo expuesto, consideramos que la designación del Gen. Urresti como Ministro del Interior enrarece el clima democrático en el país, y exigimos su renuncia como Ministro del Interior.

Lima, 7 de julio de 2014.

Consejo Directivo Nacional
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Instituto de Promoción y Educación Popular – Comisión de Justicia Social de Chimbote
Grufides (Cajamarca)
Vicaría de la Solidaridad de Jaén
Asociación por la Vida y la Dignidad Humana (Cusco)
Comisión de Derechos Humanos Alto Huallaga
Comisión de Derechos Humanos de Ica
Comisión de Solidaridad, Desarrollo y Justicia (Chiclayo)
Asociación Pro Derechos Humanos
Comisión de Derechos Humanos
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz
Instituto de Defensa Legal
Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz
Asociación Paz y Esperanza Ministerio Diaconal
Centro de Desarrollo Humano (Puno)
Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa

domingo, 6 de julio de 2014

Una madre más que fallece sin alcanzar una digna reparación por parte del Estado peruano

Amigas y amigos:

Cumplo con comunicarles el fallecimiento de la Sra. Eva Vásquez Melgarejo, madre de Federico Coquis Vásquez uno de los detenidos desaprecidos del Santa. Su deceso ocurrió aprox. a las 12 del m. de hoy dom. 6. La sra. Eva partió a los 82 años de edad y se encontraba internada en el centro médico del seguro social de Coishco. El lunes pasado que fui a visitarla no me reconoció y tenía bastantes dificultades para pasar los alimentos. Sus familiares han estado siempre atendiéndola.

Hoy será el sepelio en Javier Heraud y mañana en La Huaca. Todavía no definen dónde será el entierro.
Una madre más que fallece sin alcanzar una digna reparación por parte del Estado peruano.

Víctor Mendoza.
Directo CJS

P.D. Si alguien de uds. desea manifestarse con cualquier tipo de apoyo lo pueden realizar al 966 57 41 60 para la coordinación. Gracias.





La Asociación Nacional de Periodistas exige la renuncia del Ministro del Interior, Daniel Urresti

Estimados/as compañeros/as:

Bien saben que en el asesinato del periodista Hugo Bustíos Saavedra, es uno de los casos emblemáticos de crímenes contra periodistas en impunidad en Perú.
Por ello, pedimos sumarse a esta posición gremial de la ANP, acompañar las acciones que en este sentido se emprendan y difundir la demanda de renuncia del Ministro del Interior, Daniel Urresti Elera.

Fraternalmente,

Zuliana Lainez Otero
Secretaria general ANP

viernes, 4 de julio de 2014

Medidas de reactivación económica sacrificarán derechos de la población

Un conjunto de instituciones de la sociedad civil como La Organización “Derecho, Ambiente y Recursos naturales” (DAR), la “Red de Propuesta y Acción” (MUQUI), el “Centro Peruano de Estudios Sociales” (CEPES) y la ONG “CooperAcción: Acción Solidaria para el Desarrollo”, han realizado un análisis pormenorizado del Proyecto de Ley 3627/2013-PE.

Desde Chimbote el "Instituto Natura" se suma a este pronunciamiento.

Los sencillos son tus preferidos

Compartimos uno de los mensajes del Fray Héctor Herra O.P. publicado en "Al encuentro de la vida" (microprograma vía Radio Santo Domingo)


DOMINGO 14 T.O. CICLO A. D.06.07.2014. MT. 11,25-30

La Iglesia, este pueblo de Dios está en una búsqueda constante de una vuelta a los orígenes del evangelio de la alegría. Así nos lo da a entender claramente el obispo de Roma, Francisco: “cuánto querría una Iglesia pobre y para los pobres…”. Sus gestos nos permiten ver como los preferidos de Jesús, vuelven a ser el centro de la misión de la Iglesia, como la alegría que experimenta Jesús, como nos recuerda el evangelio de hoy de Mt. 11,25-30, Jesús pronuncia con alegría esta hermosa oración: “Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultando estas cosas a los sabios y entendidos, se las diste a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, ésa ha sido tu elección”(vv. 25-26).

Jesús nos enseña que sólo el Hijo es capaz de mostrarnos el verdadero rostro de un Dios amoroso y misericordioso que se manifiesta a los sencillos y se cierra a los sabios y orgullosos. Aún más los que se sienten cansados y agobiados encontrarán en Él alivio (v.28).

¿Quiénes son los pequeños? Son los excluidos de nuestra sociedad: niñas, os de la calle, gente maltratada, sin trabajo, los que sufren la contaminación de los ríos, los que viven en situaciones de extrema pobreza víctimas de la violencia, los migrantes, los enfermos, los indígenas, a quienes se les imponen cargas pesadas, a los que se abusa quitándoles su hábitat. A ellos se dirigió Jesús y urge a su Iglesia, a hacer de ellos sus preferidos: a saber escucharlos, acompañarlos y trabajar por su dignidad como personas. Jesús se dirige a los poderosos de su tiempo, quienes creían tener en sus manos el poder de Dios y habían hecho de la Ley una carga insoportable con sus 643 preceptos y con un rigor de interpretación sobre purificaciones, ofrendas, sacrificios y descanso del sábado, que se convertía en un yugo deshumanizador. Por eso Jesús nos dice: Vengan a mí.” Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy tolerante y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su vida. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera” (vv.29-30). El yugo de Jesús es el amor, la libertad y la ternura. Frente a las pesadas leyes que los fariseos imponían obligaciones que ni ellos eran capaces de cumplir” (Mt, 23,2-4), Jesús nos propone el amor que defiende la vida.

Sólo el amor libera, dignifica y nos hace crecer y madurar en la vida, porque no es la ley del dominio y de la opresión sobre el otro, sino es reconocer que el amor de Dios nos mueve a amarnos y amar al otro. Cuando uno comprende que su misión como creyente, en medio de los pobres, se basa en el amor a Dios, nos permite descubrir la cercanía y solidaridad con los más indefensos. Porque el Dios en quien creemos se nos ha dado a conocer en la humildad de Jesús como señala Zacarias 9,9-10. Si el mundo de hoy comprendiera que la carrera armamentista se gasta tanto dinero que sólo lleva a la destrucción y a la guerra, se invirtiera en agricultura, alimentación, educación, salud, trabajo, tendríamos un mundo con rostro más humano y solidario.

Vivamos según el Espíritu de Jesús. Porque Cristo nos ha dado una nueva vida, porque el Espíritu de Dios habita en ustedes”(Rom 8,9). El amor de Dios será la luz y la fuerza para creer que Dios tiene un proyecto de amor con nosotros, en medio de los sencillos.(Fr. Héctor Herrera, O.P.)

Escuchar el microprograma aquí

jueves, 3 de julio de 2014

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: Ministro del Interior, Daniel Urresti, debe renunciar

Ministro Urresti está imputado en graves violaciones
de derechos humanos. (Foto: Andina)

Al haberse revelado que el Ministro del Interior Daniel Urresti Elera está imputado como responsable de la ejecución extrajudicial del periodista Hugo Bustíos en 1988, la CNDDHH señala lo siguiente:

La solidez de la imputación contra Urresti es incuestionable dado que el proceso ha superado la etapa de instrucción, y descansa sobre las acusaciones efectuadas por los entonces superiores jerárquicos de Urresti, ya condenados por los mismos hechos, así como sobre las imputaciones de sus subordinados. La acusación es además especialmente grave por referirse a la ejecución extrajudicial de un periodista que se encontraba ejerciendo sus funciones.

De acuerdo con la Constitución, el Ministro del Interior tiene la obligación de garantizar y promover los derechos humanos. Al mismo tiempo ostenta importantes facultades para dirigir el ejercicio de la fuerza pública, y control sobre información vital tanto para prevenir violaciones de derechos humanos como para luchar contra la impunidad de los perpetradores. Estos poderes también podrían usarse para todo lo contrario, incluyendo la obstrucción del proceso que se sigue contra el propio General Urresti. 

Estos temores se acrecientan considerando las graves violaciones de derechos humanos que se han perpetrado en Madre de Dios mientras el General Urresti ha estado desempeñando el cargo de Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, como la ejecución extrajudicial del manifestante Américo Laura Pizarro, el uso abusivo de la fuerza contra la población civil, torturas, detenciones arbitrarias, amenazas y agresiones a periodistas, allanamiento de viviendas, todo ello en el marco de una intervención conjunta de la policía y las fuerzas armadas.

Mantener a un Ministro con estos antecedentes podría proyectar en la ciudadanía y en la comunidad internacional la imagen de un débil compromiso del gobierno en materia de derechos humanos y de precariedad de la democracia en nuestro país.

Por todo ello consideramos que el General Urresti Elera debería renunciar de inmediato a su cargo como Ministro del Interior, a fin de garantizar la protección de los derechos humanos y preservar la institucionalidad democrática en nuestro país.

Secretaría Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
2 de julio del 2014

miércoles, 2 de julio de 2014

Manifiéstate, Respeta Mi Vida

Antes, durante y después de las fiestas en nuestra ciudad, no hemos olvidado los casos de muertes ocurridos a causa de la inseguridad ciudadana y el sicariato.

¿Cómo van esas investigaciones?, los responsables ¿están en la cárcel?

No bajemos la guardia, hay que mantenerse en alerta y sobre todo no olvidar lo ocurrido.

Es por eso que hoy, miércoles 2 de julio, la Comisión de Justicia Social continúa la campaña #RespetaMiVida. Esta vez se presentará en la Plaza de las Banderas de Chimbote (berma central, frente a la Plaza de Armas) a las 6:30 p.m.

Todos tenemos algo que decir sobre el respeto a la vida, decir algo en contra del sicariato, la inseguridad ciudadana y, por qué no, la corrupción. ¡Manifiéstate!


Revisa otras de nuestras incursiones en: