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martes, 8 de julio de 2014

CEJIL, DPLF y WOLA expresan su preocupación por el nombramiento del General (r) Daniel Urresti como Ministro del Interior en Perú

Urresti es actualmente investigado por su participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988

Washington D.C., 8 de julio de 2014. Frente al reciente nombramiento realizado por el Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala, del General en retiro Daniel Urresti como Ministro del Interior, las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por cuanto el nuevo Ministro está siendo objeto de una investigación penal por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno peruano.

Tal como dio a conocer el Instituto de Defensa Legal (IDL) la semana pasada, Urresti está siendo investigado como presunto autor mediato del asesinato de Hugo Bustíos, periodista y corresponsal de la revista “Caretas”, ocurrido el 24 de noviembre de 1988. Bustíos, junto con su compañero Eduardo Rojas Arce, acudían a investigar el asesinato de dos civiles en las afueras de la ciudad de Huanta, tras haber pedido permiso para acceder al lugar al Jefe de la Base Militar de Castropampa, Víctor La Vera Hernádez. En la trayectoria a Huanta, Bustíos y Rojas Arce fueron atacados con proyectiles de fuego. Bustíos recibió un impacto de bala, perdió control de la moto que conducía y se cayó. Rojas Arce logró salvarse. Sobre el cuerpo malherido de Bustíos, los atacantes colocaron una carga explosiva, provocando su muerte. Urresti, capitán del Ejército en ese momento, se desempeñaba como jefe de la Sección de Inteligencia S-2 en la base de Castropampa en Ayacucho.

La investigación inicial del caso fue conducida por la justicia militar y eventualmente archivada. Ante ello, el caso fue llevado por CEJIL y otras organizaciones, entre ellas COMISEDH en sede interna, a la Comisión Inter-American de Derechos Humanos, que en 1997 encontró al Estado peruano responsable del asesinato de Hugo Bustíos y el ataque a Eduardo Rojas Arce.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación retomó la investigación de este caso, y en el año 2007, la Sala Penal Nacional condenó a los oficiales Víctor La Vera Hernández y Amador Vidal Sanberto a 17 y 15 años respectivamente, como autores del delito de asesinato y tentativa de asesinato en agravio de Bustíos y Rojas Arce. La investigación continuó para establecer la identidad de los otros responsables, y el 17 de junio de 2013 el Poder Judicial emitió un auto de apertura de instrucción contra Urresti. El mismo refiere que el 24 de noviembre de 1988, los dos periodistas fueron “emboscados y atacados por miembros del ejército peruano de la Base Militar de Castropampa al mando del oficial EP Daniel Belisario Urresti Elera conocido con el apelativo de ‘Arturo’, con la participación del Sargento Johny José Zapata Acuña conocido con el apelativo de “Centurión” y otros miembros del Ejército no identificados”.

El auto de apertura de instrucción se sustenta en varios elementos probatorios, entre ellos declaraciones de otros miembros del ejército peruano que laboraban en la Base Contrasubversiva de Castropampa en noviembre de 1988. Con base en ello, se investiga la responsabilidad de Urresti como autor mediato del asesinato de Bustíos y la tentativa de asesinato de Rojas Arce, ambos calificados como crímenes de lesa humanidad.

Como señala Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, “la CIDH determinó que Perú era responsable por el asesinato de Bustíos y por la violación a la integridad personal de Rojas Arce, además de la violación a la libertad de expresión de ambas víctimas por cuanto eran periodistas. La decisión del Ejecutivo peruano de ofrecer un cargo público a una persona investigada por estos graves hechos, envía un mensaje de irrespeto a la labor del poder judicial en combatir la impunidad, además de ser una afrenta directa para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en Perú”.

Para Katya Salazar, Directora Ejecutiva de DPLF, “este caso es emblemático porque fue investigado por la Comisión de la Verdad del Perú, que recomendó la investigación y procesamiento de todos los responsables. La decisión del Presidente Humala de ‘evaluar el caso’ y concluir que no existen pruebas suficientes es un ataque a la independencia judicial y supone ‘recompensar’ a una persona acusada de estas graves violaciones”.

Al respecto, Jo-Marie Burt, Senior Fellow en WOLA, considera que “el Ejecutivo debe rectificar esta decisión porque es lesiva al proceso que se sigue en el Perú para lograr verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado interno peruano, y afecta gravemente la consolidación de las instituciones democráticas. Urresti debe ser removido de su cargo y debe responder ante la justicia por este caso, y el gobierno de Ollanta Humala debe reafirmar su compromiso de proteger la integridad física de familiares y testigos en este y otros casos bajo investigación”.

Con base en lo anterior, solicitamos respetuosamente a las autoridades peruanas que respeten la actuación del Poder Judicial y garanticen la independencia de las investigaciones y procesos que se siguen para determinar las responsabilidades de todos los autores del asesinato de Hugo Bustíos. Adicionalmente, instamos a que el Poder Ejecutivo separe al General Urresti de su cargo de Ministro del Interior en tanto se dilucida su responsabilidad penal en estos hechos.

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CNDDHH demanda la renuncia del Ministro Daniel Urresti, procesado por crimen de lesa humanidad

PRONUNCIAMIENTO
COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEMANDA LA RENUNCIA DEL MINISTRO DANIEL URRESTI PROCESADO POR CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

El Consejo Directivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos desea expresar a la ciudadanía lo siguiente en relación a la designación del Gen. Daniel Urresti como Ministro del Interior, quien está implicado en un proceso penal por crimen de lesa humanidad por el asesinato del periodista, corresponsal de la Revista Caretas en Ayacucho, Hugo Bustíos:

1.- Que el Gen. Urresti es acusado por miembros del Ejército Peruano, condenados por este crimen, como uno de los autores materiales del mismo. Por ese motivo se encuentra procesado y dilucidando su responsabilidad en este grave delito contra los derechos humanos.

2. El Presidente Humala está generando una crisis con su decisión de mantener al Gen. Daniel Urresti como ministro, y más aún al defenderlo arguyendo su inocencia, hecho que constituye en la práctica una afectación a la independencia del Poder Judicial y a las garantías del debido proceso.

3. No es ético que se designe a una autoridad que se encuentra implicada en un proceso penal abierto por crimen de lesa humanidad, y que además permanezca en su puesto pese a los serios cuestionamientos que ya tenía en su contra como Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, tales como el uso abusivo de la fuerza contra la población civil, torturas, detenciones arbitrarias, amenazas y agresiones a periodistas, allanamiento de viviendas, etc.

4. Es de advertir que la permanencia de un Ministro del Interior, procesado por un crimen de lesa humanidad, constituye un grave riesgo para la seguridad de los familiares y testigos en el proceso que se le sigue por cuanto compete a su cartera brindar dicha seguridad.

Por todo lo expuesto, consideramos que la designación del Gen. Urresti como Ministro del Interior enrarece el clima democrático en el país, y exigimos su renuncia como Ministro del Interior.

Lima, 7 de julio de 2014.

Consejo Directivo Nacional
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Instituto de Promoción y Educación Popular – Comisión de Justicia Social de Chimbote
Grufides (Cajamarca)
Vicaría de la Solidaridad de Jaén
Asociación por la Vida y la Dignidad Humana (Cusco)
Comisión de Derechos Humanos Alto Huallaga
Comisión de Derechos Humanos de Ica
Comisión de Solidaridad, Desarrollo y Justicia (Chiclayo)
Asociación Pro Derechos Humanos
Comisión de Derechos Humanos
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz
Instituto de Defensa Legal
Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz
Asociación Paz y Esperanza Ministerio Diaconal
Centro de Desarrollo Humano (Puno)
Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa

domingo, 6 de julio de 2014

La Asociación Nacional de Periodistas exige la renuncia del Ministro del Interior, Daniel Urresti

Estimados/as compañeros/as:

Bien saben que en el asesinato del periodista Hugo Bustíos Saavedra, es uno de los casos emblemáticos de crímenes contra periodistas en impunidad en Perú.
Por ello, pedimos sumarse a esta posición gremial de la ANP, acompañar las acciones que en este sentido se emprendan y difundir la demanda de renuncia del Ministro del Interior, Daniel Urresti Elera.

Fraternalmente,

Zuliana Lainez Otero
Secretaria general ANP

jueves, 3 de julio de 2014

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: Ministro del Interior, Daniel Urresti, debe renunciar

Ministro Urresti está imputado en graves violaciones
de derechos humanos. (Foto: Andina)

Al haberse revelado que el Ministro del Interior Daniel Urresti Elera está imputado como responsable de la ejecución extrajudicial del periodista Hugo Bustíos en 1988, la CNDDHH señala lo siguiente:

La solidez de la imputación contra Urresti es incuestionable dado que el proceso ha superado la etapa de instrucción, y descansa sobre las acusaciones efectuadas por los entonces superiores jerárquicos de Urresti, ya condenados por los mismos hechos, así como sobre las imputaciones de sus subordinados. La acusación es además especialmente grave por referirse a la ejecución extrajudicial de un periodista que se encontraba ejerciendo sus funciones.

De acuerdo con la Constitución, el Ministro del Interior tiene la obligación de garantizar y promover los derechos humanos. Al mismo tiempo ostenta importantes facultades para dirigir el ejercicio de la fuerza pública, y control sobre información vital tanto para prevenir violaciones de derechos humanos como para luchar contra la impunidad de los perpetradores. Estos poderes también podrían usarse para todo lo contrario, incluyendo la obstrucción del proceso que se sigue contra el propio General Urresti. 

Estos temores se acrecientan considerando las graves violaciones de derechos humanos que se han perpetrado en Madre de Dios mientras el General Urresti ha estado desempeñando el cargo de Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, como la ejecución extrajudicial del manifestante Américo Laura Pizarro, el uso abusivo de la fuerza contra la población civil, torturas, detenciones arbitrarias, amenazas y agresiones a periodistas, allanamiento de viviendas, todo ello en el marco de una intervención conjunta de la policía y las fuerzas armadas.

Mantener a un Ministro con estos antecedentes podría proyectar en la ciudadanía y en la comunidad internacional la imagen de un débil compromiso del gobierno en materia de derechos humanos y de precariedad de la democracia en nuestro país.

Por todo ello consideramos que el General Urresti Elera debería renunciar de inmediato a su cargo como Ministro del Interior, a fin de garantizar la protección de los derechos humanos y preservar la institucionalidad democrática en nuestro país.

Secretaría Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
2 de julio del 2014

lunes, 23 de junio de 2014

La CNDDHH se pronuncia ante el nombramiento del Gral. Daniel Urresti en el Ministerio del Interior.

PRONUNCIAMIENTO
Nos preocupa nombramiento del General Daniel Urresti en el Ministerio del Interior

Ante los anunciados cambios en las carteras de Relaciones Exteriores, Vivienda y Construcción y del Interior, la CNDDHH señala a la opinión pública lo siguiente:

1. Consideramos que los cambios gubernamentales planteados ad portas de la discusión del paquete de cambios normativos para la promoción de las inversiones y el crecimiento económico en el Congreso de la República están obviamente vinculados y que se está tomando decisiones que no coadyuvan a fortalecer la institucionalidad democrática del país, priorizando los resultados sobre las estrategias.

2. En ese sentido, cuestionamos la idoneidad de General EP (r) Daniel Urresti para asumir el cargo de Ministro del Interior, por cuanto durante su gestión como Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería se han cometido graves violaciones de los derechos humanos en Madre de Dios, y se ha desarrollado una acción fuertemente represiva y autoritaria, en vez de priorizar acciones pacificas o disuasivas y generar alternativas económicas para las miles de familias involucradas.

3. El General EP (r) Daniel Urresti, además, ha mantenido una actitud poco dialogante y despectiva hacia las organizaciones de la sociedad civil, comunicadores y organismos de derechos humanos, conducta que coincide con la de sectores autoritarios del país.

4. En los próximos días la CNDDHH publicará el informe resultado de una misión de investigación que viajó a las zonas de interdicción en Madre de Dios durante el mes de junio sobre la situación de los derechos humanos en este contexto. La investigación nos ha permitido constatar la perpetración de graves violaciones de derechos humanos incluyendo:

la ejecución extrajudicial del manifestante Américo Laura Pizarro (Mazuko 7 de abril de 2014)
torturas y detenciones arbitrarias
allanamientos de viviendas
amenazas a periodistas
uso abusivo de la fuerza contra la población afectando a escolares, mujeres, personas de la tercera edad, así como a manifestantes que huían o protestaban pacíficamente.
La consecuencia de ello es que varias personas resultaron gravemente lesionadas, algunas estuvieron hospitalizadas, además de producirse diversas afectaciones de manera injustificada a la propiedad formal, dinamitando equipos paralizados de mineros que se encontraban en proceso de formalización y otros equipos no vinculados a la actividad minera como camionetas o canoas.

5. Por todo ello, consideramos que la réplica a nivel nacional de las políticas y prácticas encabezadas por el General EP (r) Daniel Urresti en Madre de Dios puede conllevar consecuencias dramáticas para los derechos humanos de la población, y acrecentar la conflictividad social en el país.

6. Finalmente lamentamos la renuncia de Walter Albán como Ministro del Interior. Su gestión ha mantenido una vocación por la erradicación de la corrupción y el diálogo con la sociedad civil que son componentes imprescindibles en la lucha contra la inseguridad ciudadana y por una sociedad auténticamente democrática.

Por todo lo expresado, nos dirigimos al Presidente de la República Ollanta Humala Tasso, para comunicarle nuestra preocupación desde el ámbito del respeto a los derechos humanos y a los convenios internacionales ratificados por el Estado peruano, ante la posibilidad de que esta nueva designación del General EP (r) Daniel Urresti pueda implicar un retroceso en el ámbito de la criminalización de la protesta social y el uso abusivo de la fuerza. Consideramos que la tarea de Ministro del Interior en este contexto electoral de cara a los diferentes conflictos sociales regionales, requiere de una labor sumamente delicada en el ámbito de la seguridad ciudadana, de la protección de los ciudadanos peruanos, dentro del respeto irrestricto a los derechos humanos, y en el marco de una relación de respeto y colaboración con la sociedad civil, en la búsqueda de un país más seguro y justo para todos los peruanos y peruanas.

23 de junio de 2014

Secretaría Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos