La Conferencia de Religiosos del Paraguay (Conferpar) ha criticaba la manipulación
de los medios de información “por sectores que buscan provecho político,
impunidad y de mantenimiento de estatus que beneficia sus intereses personales
o corporativos”.
Después de conocida la muerte de campesinos y policías en la Estancia
Campos Morombí, acaecida el 15 de junio, que desató la destitución de Lugo, la
CONFERPAR difundió el siguiente pronunciamiento:
Ante las gravísimas derivaciones que han tenido y
están teniendo los trágicos acontecimientos de muerte de campesinos y policías
en la Estancia Campos Morombí, con el subsiguiente sometimiento a juicio
político del Presidente de la República, y sus consecuencias para el presente y
el futuro de la vida social y política de la nación, la Junta directiva de la
Conferencia de Religiosos del Paraguay (CONFERPAR), manifiesta cuanto sigue:
Desde nuestra visión cristiana el uso de la violencia
y el crimen nunca serán aceptables como medio para alcanzar reivindicaciones ni
defender intereses. Lamentamos la muerte de los campesinos y los policías y
abogamos firmemente por el esclarecimiento de estos hechos, mientras animamos a
todos a seguir trabajando por la paz
como verdaderos hijos de Dios, reafirmamos que la paz querida por Dios no
vendrá del ocultamiento de los problemas sino como fruto de una auténtica justicia social.
Vemos en la raíz de estos hechos la complicidad de los
tres poderes del estado, en el abandono de una reforma agraria integral, en no
haber enfrentado el problema de la distribución de la tierra, sometida hasta ahora
al acaparamiento, a la irregularidad, a la posesión mal habida; en el
encubrimiento sistemático de estos problemas por parte de la justicia y el
parlamento. Mientras los tres poderes
del estado no den una respuesta seria y concertada a este problema, seguirán
cargando sobre sus espaldas con la responsabilidad de la violencia que se
genera al buscar salidas bajo presión con sus impredecibles consecuencias.
Nos llama poderosamente la atención la rápida reacción
de los partidos políticos y sus representantes que han acordado impulsar el
juicio político del presidente en las dos cámaras del Congreso de la Nación,
que aún siendo un procedimiento constitucional, se aplica y se procede de tal
forma, que crea fundadas sospechas de manipulación, afectando gravemente al
proceso legítimamente instaurado por elección popular, como si esta fuera la
salida a nuestros problemas y como si hubiera una responsabilidad unilateral de
los hechos graves que atentan contra nuestra convivencia.
Vemos con preocupación la manipulación de los hechos,
a través de muchos de los medios de comunicación, por sectores que buscan sacar
provecho político, réditos de impunidad y de mantenimiento de un estado de
cosas que favorece a sus intereses personales o corporativos. Vemos a los
partidos políticos más preocupados con defender sus cuotas de poder y con el
reparto de cargos, que buscando una verdadera respuesta a los problemas que
padecemos. Vemos como una falta de respeto a la vida y la dignidad humana que
se usen los hechos de muerte entre hermanos para crear un clima de
inestabilidad, para estigmatizar a campesinos y criminalizar sus
organizaciones, para exasperar a policías y militares, instaurando un ambiente
de terror para disuadir y desmovilizar a los ciudadanos indignados.
Sorprende que los mismos parlamentarios, hace poco
tiempo desprestigiados por sus bochornosos procedimientos ante los reclamos de
la ciudadanía, son ahora los que acusan y se erigen en jueces absolutos,
apareciendo como los defensores de la Patria. Nos da que pensar que con todo
esto, no casualmente, desaparezcan del horizonte los cuestionamientos que han
surgido de la ciudadanía a las listas sábanas, el pedido de juicio político a
los miembros de la Corte, los tímidos avances para la implementación del impuesto
a la renta personal.
Como parte de la Iglesia que peregrina en Paraguay,
respondiendo a nuestro compromiso con Dios y con su pueblo, invitamos a todos a
participar con responsabilidad personal e institucional en la construcción de
un estado de derecho basado en la justicia social, en la inclusión de todos los
compatriotas, en el respeto a la voluntad popular, integrados a la marcha
democrática de las naciones vecinas.
Nos sentimos parte de una Iglesia comprometida con la
paz que brota de la justicia, que abraza con especial predilección a los
más desfavorecidos, e invitamos a todos
los sectores sociales a poner lo mejor de nosotros en la tarea de construir un
país de hermanos, a trabajar por una mayor equidad en la distribución de los
bienes, hacia un futuro promisorio.
Por la Junta directiva:
Hermana Venancia González, FMA.
Padre José Ramón Torre-Marín, SS.CC.
Padre Alberto Luna, SJ.
Hermana María Elisa Ortiz, HC.
Padre Walter Jara, SDB.
Padre Federico Gayoso, TOR.
Padre Pedro Jubenville, CSSp.
