Mostrando las entradas con la etiqueta indulto. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta indulto. Mostrar todas las entradas

viernes, 15 de junio de 2018

Decisión de la Corte IDH e Indulto a Alberto Fujimori

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) dispone al Estado Peruano investigar las motivaciones para otorgar el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori. El Estado tiene hasta el 29 de octubre de este año para informar.


Resolución completa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Supervisión de cumplimiento de sentencia (caso Barrios Altos y caso La Cantuta). Obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar.


Conferencia de Prensa en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos con familiares víctimas de Fujimori y abogados sobre decisión de la Corte IDH y el indulto otorgado al expresidente.


martes, 16 de enero de 2018

CLACSO se pronuncia contra el indulto al dictador Alberto Fujimori



CONTRA EL INDULTO AL DICTADOR ALBERTO FUJIMORI

Declaración del Comité Directivo y de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Los hechos que se han producido durante las últimas semanas en el Perú son de extrema gravedad. 

El indulto “humanitario” otorgado el 24 de diciembre a Alberto Fujimori por parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski ha causado serios problemas a la democracia, a la estabilidad del país y a su desarrollo, y ha significado, sin ninguna duda, un retroceso en el ejercicio de los derechos humanos. Más aún, cuando el perdón presidencial al ex dictador peruano ha sido negociado para garantizar la permanencia en el cargo del propio Kuczynski.


El indulto al dictador Alberto Fujimori es un atentado al sistema de derechos fundamentales

CLACSO hace suyo el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se evalúa de manera detallada y precisa las implicancias de este indulto. Como señala el comunicado de la CIDH, Fujimori fue sentenciado a 25 años de cárcel por delitos de asesinato, lesiones graves y secuestro agravado; crímenes que en el ordenamiento jurídico del Perú no comportan delitos de lesa humanidad, pero sí lo son en la legislación internacional. Los crímenes juzgados y sancionados en cortes peruanas expresan inequívocamente serias violaciones a los derechos humanos. Así, el otorgamiento del indulto y la gracia presidencial no ha seguido los procedimientos de la legislación peruana y no ha tomado en cuenta el derecho de justicia que tienen las víctimas y que debieron ser consultadas. 

El otorgamiento del indulto “humanitario” al líder de una de las dictaduras más terribles del Perú, muestra que el actual gobierno peruano para mantenerse en el poder, puede echar mano de cualquier instrumento jurídico, aún el de dejar sin efecto las normativas que el derecho consagra.


El indulto al dictador Alberto Fujimori es un atentado contra la democracia

La democracia representa el ejercicio del gobierno por parte de todos los ciudadanos. Es el gobierno de todos para todos. Quien gobierna para sí no puede ser considerado un demócrata. Lo que estuvo en el centro del juzgamiento y sanción a Alberto Fujimori fue la condena para quien usa el poder para beneficio propio y es capaz de asesinar y secuestrar. La dictadura fujimorista significó la negación de la democracia y conculcó los derechos de los ciudadanos. Los ciudadanos y cientos de organizaciones se enfrentaron a esta dictadura y la derrotaron. Su líder cayó y fue procesado y condenado.

No hay manera de reconciliar los crímenes de lesa humanidad con la democracia. La única manera es que los crímenes se paguen y las condenas se cumplan. Los reos tienen la posibilidad de redimir su culpa cumplimiento la pena que les imponen los tribunales de justicia. Fujimori fue juzgado por un tribunal independiente y fue encontrado culpable. Nadie ha podido negar esta culpabilidad. Incluso, la figura del indulto la reconoce.

La lucha contra el indulto a Fujimori es la lucha por la democracia y por el derecho a vivir en una sociedad justa y en donde se respete la ley.


El indulto al dictador Alberto Fujimori es un atentado contra la estabilidad, la gobernabilidad y el desarrollo peruano.

El objetivo del indulto a Fujimori, según Kuczynski y sus asesores, es reconciliar el país y crear las condiciones de estabilidad necesarias para la gobernabilidad. Sin embargo, la noción de reconciliación no puede ser entendida como un pacto de impunidad entre poderosos sin tomar en cuenta los derechos de las víctimas. La reconciliación no es la creación de un espacio o un acuerdo entre las élites políticas. Es la creación de un espacio de convivencia democrática entre los ciudadanos. 

El escenario político que hizo posible el indulto fue la propuesta de vacancia presidencial promovida y gatillada por las denuncias de corrupción del fujimorismo contra las empresas del presidente Kuczynski. Este intento de vacancia al presidente de la república buscaba cubrir las denuncias de corrupción hechas a la lideresa del fujimorismo por parte de Marcelo Odebrecht. 

En el Perú, donde las denuncias de corrupción alcanzan a los más altos dignatarios como Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, no parece casualidad que se resuelva la no vacancia del presidente Kuczynski con el voto de un sector fujimorista que buscaba principalmente el indulto de Alberto Fujimori. 

El indulto a Alberto Fujimori generará una grave inestabilidad social, política y económica en el país. El Perú lamentablemente ya está dividido, y eso no es un buen síntoma para un que debería aspirar a fortalecer la democracia, la justicia social, el crecimiento económico y el desarrollo sustentable. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) llama a solidarizarse con el pueblo peruano y, en especial, con las víctimas de la dictadura fujimorista. Convoca a movilizarse contra todo intento de actual régimen de violar los derechos humanos, la democracia y favorecer pactos que encubren la corrupción y atentan al desarrollo de los pueblos.

Exigimos justicia.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lima, 9 de enero de 2018


..........................................

CLACSO | 50 AÑOS
Secretaría Ejecutiva
Estados Unidos 1168 | C1101AAX Ciudad de Buenos Aires, Argentina | Tel [54 11] 4304 9145
clacsoinst@clacso.edu.ar | www.clacso.org

miércoles, 27 de septiembre de 2017

Sobre el anunciado indulto presidencial a Alberto Fujimori

Foto: RPP.


La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), plataforma que articula a 82 organizaciones que defienden, promueven y educan a favor de los derechos humanos y la democracia en todo el Perú, ante las reiteradas declaraciones del Presidente y sus ministros sobre un posible indulto al reo Alberto Fujimori, señala lo siguiente:

1. En procesos limpios, transparentes y con todas las garantías del debido proceso, Fujimori fue hallado culpable de delitos contra los derechos humanos, y en consecuencia sentenciado a 25 años de cárcel. Además, él mismo se declaró culpable de delitos de corrupción. Todas las causas fueron además previamente evaluadas por el sistema judicial chileno, país donde intentó escapar de la justicia y desde el que fue extraditado.

2. No obstante, para facilitar de modo irregular su libertad, personas vinculadas al fujimorismo han presentado cuatro hábeas corpus, todos rechazados por el Poder Judicial.

3. Un posible indulto significaría desconocer estas resoluciones judiciales y garantizar la impunidad para graves casos de violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, así como la violación al Estado Constitucional de Derecho y la separación de poderes por parte del propio Presidente de la República.

4. Un posible indulto también significaría la posibilidad de impunidad frente a un proceso pendiente de justicia por el cual Alberto Fujimori aún no responde: la desaparición y muerte de seis campesinos de la zona de Caraqueño, en la provincia de Pativilca.

5. Las condiciones carcelarias de Fujimori son excepcionales en el país, y le garantizan no solo la debida atención permanente de salud y visitas de sus familiares y amigos, sino incluso el desarrollo de actividades recreativas como pintura y jardinería. Un eventual indulto no respondería a cuestiones humanitarias sino políticas.

6. Un indulto político sería una pésima señal para nuestra democracia en momentos en los que se procesa a dos ex-presidentes (Alejandro Toledo y Ollanta Humala), y se investiga a un tercer ex-presidente (Alan García). Indultar a responsables de graves crímenes, a condición de tener una representación parlamentaria que los proteja, vulnera la administración de justicia en el Perú y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares.

7. El indulto humanitario se debe conceder únicamente a quienes padecen enfermedades, terminales y no terminales irreversibles o degenerativas; y a quienes pese a no padecer enfermedades terminales, la naturaleza de las condiciones carcelarias pueden colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad. Es de público conocimiento que en el caso de Fujimori no se cumple con ninguna de esas condiciones.

8. Un indulto político -como el que se pretendería otorgar a Alberto Fujimori- colocaría al Poder Ejecutivo y al presidente Kuczynski de espaldas a sus promesas electorales y al compromiso con los familiares de las víctimas, así como de espaldas al Estado de Derecho.


Lima, 26 de septiembre del 2017
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

viernes, 7 de junio de 2013

¡¡¡NO AL INDULTO A FUJIMORI!!!

Desde la Comisión de Justicia Social, saludamos la decisión del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, de rechazar la solicitud de indulto humanitario del preso Alberto Fujimori Fujimori, sentenciado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, secuestro agravado y corrupción. También saludamos y reconocemos el trabajo de la comisión de Indultos y Gracias presidenciales.

Este anuncio presidencial, es un triunfo contra la IMPUNIDAD.

No olvidemos que, en abril de 2007, Alberto Fujimori -que gobernó entre 1990 y 2000- fue condenado a 25 años por ser «autor mediato» en la creación y prohijamiento del grupo Colina, que se creó dentro del ejército y que realizó asesinatos extrajudiciales en las matanzas de Barrios Altos, la Universidad La Cantuta y el Caso Santa. También fue condenado por corrupción y por el secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti y el empresario, Samuel Dyer.