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viernes, 15 de junio de 2018

Decisión de la Corte IDH e Indulto a Alberto Fujimori

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) dispone al Estado Peruano investigar las motivaciones para otorgar el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori. El Estado tiene hasta el 29 de octubre de este año para informar.


Resolución completa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Supervisión de cumplimiento de sentencia (caso Barrios Altos y caso La Cantuta). Obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar.


Conferencia de Prensa en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos con familiares víctimas de Fujimori y abogados sobre decisión de la Corte IDH y el indulto otorgado al expresidente.


martes, 16 de enero de 2018

CLACSO se pronuncia contra el indulto al dictador Alberto Fujimori



CONTRA EL INDULTO AL DICTADOR ALBERTO FUJIMORI

Declaración del Comité Directivo y de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO

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Los hechos que se han producido durante las últimas semanas en el Perú son de extrema gravedad. 

El indulto “humanitario” otorgado el 24 de diciembre a Alberto Fujimori por parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski ha causado serios problemas a la democracia, a la estabilidad del país y a su desarrollo, y ha significado, sin ninguna duda, un retroceso en el ejercicio de los derechos humanos. Más aún, cuando el perdón presidencial al ex dictador peruano ha sido negociado para garantizar la permanencia en el cargo del propio Kuczynski.


El indulto al dictador Alberto Fujimori es un atentado al sistema de derechos fundamentales

CLACSO hace suyo el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se evalúa de manera detallada y precisa las implicancias de este indulto. Como señala el comunicado de la CIDH, Fujimori fue sentenciado a 25 años de cárcel por delitos de asesinato, lesiones graves y secuestro agravado; crímenes que en el ordenamiento jurídico del Perú no comportan delitos de lesa humanidad, pero sí lo son en la legislación internacional. Los crímenes juzgados y sancionados en cortes peruanas expresan inequívocamente serias violaciones a los derechos humanos. Así, el otorgamiento del indulto y la gracia presidencial no ha seguido los procedimientos de la legislación peruana y no ha tomado en cuenta el derecho de justicia que tienen las víctimas y que debieron ser consultadas. 

El otorgamiento del indulto “humanitario” al líder de una de las dictaduras más terribles del Perú, muestra que el actual gobierno peruano para mantenerse en el poder, puede echar mano de cualquier instrumento jurídico, aún el de dejar sin efecto las normativas que el derecho consagra.


El indulto al dictador Alberto Fujimori es un atentado contra la democracia

La democracia representa el ejercicio del gobierno por parte de todos los ciudadanos. Es el gobierno de todos para todos. Quien gobierna para sí no puede ser considerado un demócrata. Lo que estuvo en el centro del juzgamiento y sanción a Alberto Fujimori fue la condena para quien usa el poder para beneficio propio y es capaz de asesinar y secuestrar. La dictadura fujimorista significó la negación de la democracia y conculcó los derechos de los ciudadanos. Los ciudadanos y cientos de organizaciones se enfrentaron a esta dictadura y la derrotaron. Su líder cayó y fue procesado y condenado.

No hay manera de reconciliar los crímenes de lesa humanidad con la democracia. La única manera es que los crímenes se paguen y las condenas se cumplan. Los reos tienen la posibilidad de redimir su culpa cumplimiento la pena que les imponen los tribunales de justicia. Fujimori fue juzgado por un tribunal independiente y fue encontrado culpable. Nadie ha podido negar esta culpabilidad. Incluso, la figura del indulto la reconoce.

La lucha contra el indulto a Fujimori es la lucha por la democracia y por el derecho a vivir en una sociedad justa y en donde se respete la ley.


El indulto al dictador Alberto Fujimori es un atentado contra la estabilidad, la gobernabilidad y el desarrollo peruano.

El objetivo del indulto a Fujimori, según Kuczynski y sus asesores, es reconciliar el país y crear las condiciones de estabilidad necesarias para la gobernabilidad. Sin embargo, la noción de reconciliación no puede ser entendida como un pacto de impunidad entre poderosos sin tomar en cuenta los derechos de las víctimas. La reconciliación no es la creación de un espacio o un acuerdo entre las élites políticas. Es la creación de un espacio de convivencia democrática entre los ciudadanos. 

El escenario político que hizo posible el indulto fue la propuesta de vacancia presidencial promovida y gatillada por las denuncias de corrupción del fujimorismo contra las empresas del presidente Kuczynski. Este intento de vacancia al presidente de la república buscaba cubrir las denuncias de corrupción hechas a la lideresa del fujimorismo por parte de Marcelo Odebrecht. 

En el Perú, donde las denuncias de corrupción alcanzan a los más altos dignatarios como Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, no parece casualidad que se resuelva la no vacancia del presidente Kuczynski con el voto de un sector fujimorista que buscaba principalmente el indulto de Alberto Fujimori. 

El indulto a Alberto Fujimori generará una grave inestabilidad social, política y económica en el país. El Perú lamentablemente ya está dividido, y eso no es un buen síntoma para un que debería aspirar a fortalecer la democracia, la justicia social, el crecimiento económico y el desarrollo sustentable. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) llama a solidarizarse con el pueblo peruano y, en especial, con las víctimas de la dictadura fujimorista. Convoca a movilizarse contra todo intento de actual régimen de violar los derechos humanos, la democracia y favorecer pactos que encubren la corrupción y atentan al desarrollo de los pueblos.

Exigimos justicia.

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Lima, 9 de enero de 2018


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CLACSO | 50 AÑOS
Secretaría Ejecutiva
Estados Unidos 1168 | C1101AAX Ciudad de Buenos Aires, Argentina | Tel [54 11] 4304 9145
clacsoinst@clacso.edu.ar | www.clacso.org

miércoles, 27 de septiembre de 2017

Sobre el anunciado indulto presidencial a Alberto Fujimori

Foto: RPP.


La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), plataforma que articula a 82 organizaciones que defienden, promueven y educan a favor de los derechos humanos y la democracia en todo el Perú, ante las reiteradas declaraciones del Presidente y sus ministros sobre un posible indulto al reo Alberto Fujimori, señala lo siguiente:

1. En procesos limpios, transparentes y con todas las garantías del debido proceso, Fujimori fue hallado culpable de delitos contra los derechos humanos, y en consecuencia sentenciado a 25 años de cárcel. Además, él mismo se declaró culpable de delitos de corrupción. Todas las causas fueron además previamente evaluadas por el sistema judicial chileno, país donde intentó escapar de la justicia y desde el que fue extraditado.

2. No obstante, para facilitar de modo irregular su libertad, personas vinculadas al fujimorismo han presentado cuatro hábeas corpus, todos rechazados por el Poder Judicial.

3. Un posible indulto significaría desconocer estas resoluciones judiciales y garantizar la impunidad para graves casos de violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, así como la violación al Estado Constitucional de Derecho y la separación de poderes por parte del propio Presidente de la República.

4. Un posible indulto también significaría la posibilidad de impunidad frente a un proceso pendiente de justicia por el cual Alberto Fujimori aún no responde: la desaparición y muerte de seis campesinos de la zona de Caraqueño, en la provincia de Pativilca.

5. Las condiciones carcelarias de Fujimori son excepcionales en el país, y le garantizan no solo la debida atención permanente de salud y visitas de sus familiares y amigos, sino incluso el desarrollo de actividades recreativas como pintura y jardinería. Un eventual indulto no respondería a cuestiones humanitarias sino políticas.

6. Un indulto político sería una pésima señal para nuestra democracia en momentos en los que se procesa a dos ex-presidentes (Alejandro Toledo y Ollanta Humala), y se investiga a un tercer ex-presidente (Alan García). Indultar a responsables de graves crímenes, a condición de tener una representación parlamentaria que los proteja, vulnera la administración de justicia en el Perú y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares.

7. El indulto humanitario se debe conceder únicamente a quienes padecen enfermedades, terminales y no terminales irreversibles o degenerativas; y a quienes pese a no padecer enfermedades terminales, la naturaleza de las condiciones carcelarias pueden colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad. Es de público conocimiento que en el caso de Fujimori no se cumple con ninguna de esas condiciones.

8. Un indulto político -como el que se pretendería otorgar a Alberto Fujimori- colocaría al Poder Ejecutivo y al presidente Kuczynski de espaldas a sus promesas electorales y al compromiso con los familiares de las víctimas, así como de espaldas al Estado de Derecho.


Lima, 26 de septiembre del 2017
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

martes, 6 de junio de 2017

Corte Suprema de Chile amplía extradición de Fujimori

Foto: Diario La República.

Resolución de ampliación de extradición de Alberto Fujimori para ser investigado por los presuntos delitos de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir.

El fallo señala que estos cargos "en definitiva constituyen un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (...) por lo que se ha de reconocer su carácter de imprescriptibles, así como la imposibilidad de amnistiarlos y de consagrar excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de tan graves violaciones a los derechos esenciales, prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos."

Lea la resolución completa de la Corte Suprema de Chile.

lunes, 17 de abril de 2017

Jóvenes conversarán sobre Autogolpe de Estado de Fujimori


En el marco de los 25 años del autogolpe de Fujimori, la Comisión de Justicia Social de la diócesis de Chimbote desarrollará el conversatorio “Hablan los jóvenes: ¿Qué nos dejó el chino?”, el cual tiene la finalidad de que las juventudes de Chimbote reflexionen lo sucedido en  aquel acontecimiento y a partir de ello identificar y asumir retos para que no vuelva a repetirse.

Las presentaciones estarán a cargo de cuatro jóvenes: Mario Mendoza (Instituto NOR), Melany Rojas (Proética - Chimbote), Diego Mendoza (Biciteca Chimbote) y Karla Achutegui (Cinequanom).

La cita es el miércoles 19 de abril a las 6:30 p.m. en el local de la Comisión de Justicia Social (Av. E. Meiggs N°570).

Agradecemos difusión.

17 de abril, 2017
Área de comunicaciones – CJS
 

miércoles, 2 de diciembre de 2015

Jueza Luz Inés Tello y portal periodístico "Ojo Público" recibirán premio en Derechos Humanos 2015

Este año la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos entregará el XXV Premio de Derechos Humanos “Ángel Escobar Jurado” a la jueza Luz Inés Tello Ñecco, quien fuera Presidenta de la Primera Sala Penal Liquidadora de Lima y quien diera la sentencia al denominado Grupo Colina; también se entregará el Premio de Periodismo y Derechos Humanos al portal periodístico Ojo Público, que viene realizando periodismo de investigación sobre los grupos de poder económico en el Perú e impulsando una participación ciudadana en el conocimiento de sus derechos.

La premiación se llevará a cabo en la Biblioteca Nacional del Perú este martes 8 de diciembre en el marco de diversas actividades que empezarán a las 3:00pm. Entre las actividades se presentará el documental de Luis Cintora titulada Te saludan los cabitos a las 2:30, así como la presentación de la obra de teatro Adiós Ayacucho de Yuyachkani a las 4:30, entre otras actividades artístico- culturales y de debate nacional. La entrega de los premios está programada para las 6:30pm.

A su vez, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos entregará un Premio Póstumo de Periodismo y Derechos Humanos a Raúl Alfredo Wiener Fresco, reconocido periodista de investigación que aportó a la defensa de los derechos humanos.  Asimismo, se entregará un Premio Especial a Máxima Acuña de Chaupe, una de las mujeres defensoras del medio ambiente más luchadoras de los últimos años,  y también a la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas - Cusco y a la Asociación de Mujeres Esterilizadas de la Provincia de Huancabamba, por su lucha continua por justicia frente a los terribles sucesos de esterilizaciones forzadas ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Lugar: Biblioteca Nacional del Perú (Av. De La Poesía 160, San Borja).



Nota compartida de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

martes, 25 de febrero de 2014

Perú debe respetar sus obligaciones internacionales frente a solicitud de revisión de condena de Fujimori

Importante pronunciamiento del "Centro por la Justicia y el Derecho Internacional" y la "Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos" sobre posible revisión de condena de Alberto Fujimori.

San José, Costa Rica y Washington D.C. 24 de febrero de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), mostramos nuestra preocupación frente al anuncio de la defensa de Alberto Fujimori de presentar un recurso de revisión de su condena por graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los casos de Barrios Altos y Cantuta, y las declaraciones públicas emitidas posteriormente por un Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema que conocería el recurso de revisión.

El abogado del ex mandatario ha anunciado la presentación de un recurso de revisión de la condena contra su patrocinado, alegando que la Corte Suprema de Chile no concedió la extradición por crímenes de lesa humanidad. Posteriormente, el 15 de febrero de 2014, Javier Villa Stein, Presidente de la Sala Permanente de la Corte Suprema que conocería el recurso de revisión, señaló que “nunca he sido ni soy fujimorista. Lo que pasa es que no me he sumado a la ‘caviarada’ que, después de haber trabajado con Fujimori, lo persiguieron para desmarcarse”. A su vez, Villa Stein dijo en declaraciones a la radio que “da razón” al planteamiento de que Fujimori no fue extraditado para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad.

Al respecto, recordamos que el 7 de abril de 2009 la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia impuso a Alberto Fujimori una condena de 25 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, lesiones graves y secuestro agravado. Si bien la Sala calificó los crímenes como de lesa humanidad de acuerdo al derecho internacional, la condena fue impuesta por delitos incluidos por la Corte Suprema chilena al conceder la extradición. En diciembre de 2009 la decisión fue ratificada por la Corte Suprema peruana y por tanto es una decisión firme.

“El proceso penal contra el ex mandatario fue calificado por la comunidad internacional como ejemplar por haberse llevado a cabo de manera justa, imparcial y en pleno respeto al debido proceso y los derechos del acusado”, anotó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, para quien “la condena constituyó un paso determinante dentro y fuera de las fronteras del Perú en la lucha contra la impunidad”.

Posteriormente, las condenas contra Fujimori y otros procesados por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos han sido objeto de pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como parte de la supervisión de la obligación del Perú de investigar y procesar a todos los responsables de tales violaciones.

En ese sentido, el 7 de septiembre de 2012, la Corte emitió una resolución en el caso Barrios Altos en la que analizó la decisión de la Sala de la Corte Suprema, también presidida por el Magistrado Villa Stein, que decretó una rebaja de penas para integrantes del denominado “grupo Colina” condenados por los crímenes de Barrios Altos. La Corte declaró que dicha decisión era contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, y la Corte Suprema del Perú revocó la decisión. La Corte IDH reiteró la obligación del Perú de remover “todo obstáculo que impida la investigación y juzgamiento de los hechos y, en su caso, la sanción de todos responsables”. Según la Corte, “un procesamiento que se desarrolla hasta su conclusión y cumpla su cometido es la señal más clara de no tolerancia a las graves violaciones a los derechos humanos, contribuye a la reparación de las víctimas y muestra a la sociedad que se ha hecho justicia”.

En el caso citado, la Corte también se pronunció sobre la garantía de imparcialidad necesaria en el conocimiento de este tipo de asuntos, señalando que las autoridades estatales deben asegurar que el juez que interviene en el proceso actúe careciendo de todo prejuicio y, asimismo, “ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto a la ausencia de imparcialidad”.

Tales pronunciamientos son aplicables frente a una eventual revisión de la condena contra Fujimori. Es por ello que en palabras de Jo-Marie Burt, Asesora Principal de WOLA, “CEJIL y WOLA hacemos un llamado a las autoridades peruanas para que cualquier recurso judicial que cuestione la condena contra Fujimori sea considerado en el marco de las obligaciones internacionales del Perú, y en apego a los principios de imparcialidad y debido proceso para todas las partes”.