Los decretos legislativos 1094, 1095, 1096 y 1097 promulgados (1 de setiembre) por el Ejecutivo han causado preocupación y un total rechazo de los organismos de derechos humanos como la Comisión de Justicia Social y los organismos integrantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El pasado 14 de setiembre, ante la enorme presión ciudadana e internacional, el Gobierno de Alan García Pérez se vio obligado a derogar el decreto más polémico, el 1097, que permitía liberar a los violadores de derechos humanos como los miembros del sanguinario Grupo Colina.El decreto legislativo 1095 establece que las Fuerzas Armadas podrán intervenir y reprimir manifestaciones sociales y considera a los manifestantes “grupos hostiles” y podrán ser combatidos por las FFAA usando tácticas propias de la guerra. Esta norma es muy peligrosa, pues como sabemos las FFAA no están entrenadas para resolver conflictos sociales sino para liquidar a enemigos externos. Por lo tanto se puede prestar a una serie de abusos. Hasta la fecha, las FFAA sólo podían intervenir en conflictos sociales brindado apoyo a la Policía y con un mandato expreso del Gobierno, pero con este decreto, pueden intervenir sin participación de la Policía.
La intervención de las FFAA es conflictos sociales es un riesgo, en lugar de encauzar el conflicto pacíficamente, lo atiza, lo degenera, lo empeora. En cambio la Policía conoce cuándo usará un arma de fuego, una bomba lacrimógena u otro tipo de recursos. Lamentablemente este Gobierno al emitir este decreto 1095, ha optado por la salida más fácil y autoritaria para manejar los conflictos sociales.
Además el decreto legislativo Nº 1094, aprueba un nuevo e innecesario Código penal militar policial, el decreto señala que en caso de excesos y actos delictivos de las FFAA, serán juzgados en el fuero militar, que no sólo va a ver los delitos de función, sino todas las conductas ilícitas que se produzcan en el marco de la intervención de las FFAA, con lo cual están creando un manto de impunidad para permitir que las FFAA se excedan. Esta norma va contra lo que establece el Tribunal Constitucional; la competencia del fuero militar no puede, ni debe juzgar actos que involucran a ciudadanos, sólo militares.
Y el decreto 1096 modifica la ley de organización y funciones del fuero militar policial Ley Nº 29182, el Gobierno reiterando un modelo de organización de la justicia militar policial contrario a lo que establece la Comisión y la Corte interamericana de Derechos Humanos.
La CJS se suma a la Campaña para lograr la derogatoria de las normas 1094 y 1095 que atentan con la libertad de expresión, iniciaciada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Aquí puede escuchar el spot:
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