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lunes, 18 de noviembre de 2019

Semana Social Diocesana 2019

LA IGLESIA CHIMBOTANA CON LA MIRADA EN LA REALIDAD

Como cada año la Delegación de Pastoral Social de la diócesis de Chimbote organiza la Semana Social Diocesana, la cual se desarrollará del 20 al 22 de noviembre a las 5:30 p.m. en el auditorio del Centro Pastoral Pablo VI (Jr. Espinar 456 - Chimbote). Está dirigido a toda la comunidad diocesana, agentes pastorales, religiosas, religiosos y público en general.

La Semana Social Diocesana es un espacio para la reflexión de la coyuntura del país, desde la mirada de especialistas nacionales e invitados locales. Este año abordará temas como la situación de la Amazonía, el contexto político nacional, las elecciones congresales y la violencia contra la mujer.

La Delegación de Pastoral Social está conformada por la Comisión de Justicia Social, el Centro AMMAR, las Hnas. Mercedarias Misioneras de Berriz, las parroquias San Pedro, San Martín de Porres y San Pedro (Samanco).
Se agradece difusión.


Chimbote, viernes 18 de noviembre de 2019.







lunes, 2 de septiembre de 2019

Carta a los obispos peruanos de la Amazonía

SINODOAMAZONICO.VA

Laicos/as, religiosos/as y sacerdotes que pertenecientes a diferentes diócesis presentamos una carta dirigida a los Obispos peruanos de la Amazonía con aportes sustanciales sobre la situación y retos que viven las comunidades pertenecientes al territorio Panamazónico, así como la preocupación nacional sobre esta situación. Una realidad que no debe ser ajena al corazón de la Iglesia.

Hacemos extensivo este documento previo al desarrollo del Sínodo Panamazónico (octubre 2019).

jueves, 28 de febrero de 2019

Comunicado de REPAM Venezuela sobre conflictos socio-ambientales



ACCIÓN URGENTE
ANTE LOS SUCESOS OCURRIDOS EN SANTA ELENA DE UAIRÉN

1. La Red Eclesial Panamazónica (REPAM) de Venezuela eleva su voz de dolor, angustia e indignación, ante los dolorosos sucesos que se están desarrollando en medio de la tensión desatada por el intento de ingresar la ayuda humanitaria al país desde la mañana del pasado 23 de febrero, en la población de Santa Elena de Uairén, en el Territorio de la Gran Sabana en el Estado Bolívar, colindante con el estado de Roraima en Brasil.

2. Según informaciones reseñadas en las redes sociales y en algunos medios de comunicación social así como de personas que viven y desarrollan una actividad de promoción social en la zona, ya van, en un primer momento, 4 personas fallecidas, más de 26 heridos, algunos de los cuales han tenido que ser evacuados al Hospital de Boa Vista por la imposibilidad del Hospital de Santa Elena de Uairén de atenderlos, y un número indeterminado de detenidos y desaparecidos. Contactos directos posteriores hablan de cifras mayores por contabilizar, y, sobre todo, denuncian el clima de violencia y persecución que ha ido en aumento. Ha llegado desde las zonas urbanas del estado Bolívar gran cantidad de personas, muchas de las cuales nada tienen que ver con la FANB, que son generadores de terror entre la población.

3. Llama la atención el ensañamiento que están demostrando con los pobladores de esta región, tan permanentemente abandonada pero, al mismo tiempo, tan codiciada por sus recursos naturales. Solicitamos se detenga tal agresión. Los pueblos indígenas que ancestralmente viven en ella, llevan décadas de años solicitando el reconocimiento formal de propiedad comunitaria y de la demarcación de sus tierras y territorios, derecho reconocido formal y perentoriamente por la Constitución de 1.999 (dos años después de su aprobación) y de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI). A pesar de todos los esfuerzos, estudios y autodemarcaciones realizadas por los pueblos indígenas, todo ha quedado en una promesa incumplida, en una invasión y depredación de sus tierras y amenazas permanente de desalojo. En lugar de reconocer los territorios indígenas el gobierno venezolano ha creado la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, cuyo decreto 2.248 fue publicado en Gaceta Oficial el 24 de febrero de 2016 y acaba de cumplir tres años, para la explotación de oro, diamante, cobre, coltán, hierro, tierras raras. Todo esto sin la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas; y sin realizar un estudio de impacto socio-ambiental. A partir de este decreto se han incrementado el número de masacres y desapariciones en los municipios mineros, cuyo control está en manos de bandas criminales.

4. A eso se añade una constante acusación, más o menos velada, de una voluntad separatista del pueblo Pemón (“balkanización” la han llamado algunos) por el hecho de defender sus derechos, identidad y cultura, escondiendo de esa manera intereses y propósitos injustificables. Es constante en los territorios indígenas la labor que llevan adelante algunos sectores (privados, políticos y gubernamentales) para minar la unidad de estos pueblos y crear divisiones que luego aprovechan en contra de ellos. La actuación de estos días en Santa Elena de Uairén es una muestra más de lo que se hace contra los más indefensos.

5. Elevamos nuestra voz, junto con la de tantos venezolanos, para denunciar esta situación, asumir una actitud crítica frente al manejo de la situación que empiezan a hacer determinadas autoridades, y pedir el respeto de los derechos de estos pueblos autóctonos, y abrir los ojos ante la terrible realidad social que sufre una gran mayoría de la población de Venezuela. El cinismo que encierra el no reconocer y socorrer estas necesidades, negándolas o acusando sin más a otros, e impidiendo las ayudas que se nos están ofreciendo, constituye un crimen y un pecado que sólo reflejan inhumanidad y egoísmo.

6. Urgimos a los responsables de esta situación inaceptable a que depongan su actitud de violencia e intransigencia ante los planteamientos ajenos a sus interéses; a todos los venezolanos de cualquier cultura y condición a propiciar el reencuentro y la reconciliación; y a la comunidad internacional que acompañe y apoye a Venezuela en su lucha por hacer vigente su Constitución por caminos civilizados y no violentos.

7. La Red Eclesial Panamazónica manifiesta su solidaridad con la Iglesia venezolana, en particular con el Vicariato Apostólico de Caroní, en su incansable defensa de los derechos de la población. Manifestamos también nuestra solidaridad con el hermano pueblo Pemón y con toda la sociedad venezolana y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la vida y de los derechos humanos.

lunes, 12 de noviembre de 2018

Declaración de Tarapoto 2018 camino al IX Fospa – Colombia ¡SEGUIMOS EN LA LUCHA!

Foto: MOCICC
Pueblos Indígenas, organizaciones, colectivos y movimientos sociales amazónicos nuevamente movilizados en defensa de la Amazonía, los Territorios Indígenas y la Vida del Planeta

El Perú está atravesando una crisis política y moral, que demuestra el conflicto de intereses de los sectores políticos y económicos que representan el fracaso del modelo de desarrollo actual. Cuando llevamos a cabo el VIII FOSPA en la ciudad de Tarapoto el 2017, no imaginábamos la dimensión y profundidad de esta crisis. Esta grave situación, se da también en un escenario en que se ha confirmado la elección de Jair Bolsonaro, como presidente de Brasil y esto constituye una nueva y mayor amenaza para la Amazonía, los pueblos indígenas y el planeta.

Nuestro país y nuestra Amazonía se encuentran más amenazados que nunca por el modelo de desarrollo neoliberal, extractivista, racista, patriarcal y homofóbico, por la imposición de la Constitución de 1993 y la corrupción endémica promovida por el fujimorismo, el aprismo y otros sectores políticos y empresariales como la CONFIEP, la SNMP y la SPH.

En medio de esta profunda crisis nacional, hombres y mujeres de diversas organizaciones indígenas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil de la Amazonía y sus pueblos, nos hemos reunido los días 26 y 27 de octubre en la ciudad de Tarapoto, San Martín, en camino hacia el IX FOSPA, para protestar, proponer y exigir nuestros derechos, en defensa de nuestros bosques, ríos y territorios habitados ancestralmente por nuestros pueblos y en defensa de nuestra cosmovisión espiritual y material.

Consideramos que las reformas políticas y del sistema judicial propuestas por el gobierno del Presidente Vizcarra para ser sancionadas en el Referéndum del 9 de diciembre del presente año, son importantes, las saludamos y vemos necesaria su aprobación, pero también creemos que son insuficientes y que no existe otra salida para nuestro país y la Amazonía que construir un nuevo pacto o Acuerdo Social, Político, Cultural, Espiritual y Ético, desde los territorios y desde adentro, que en una nueva Constitución Política del Estado exprese las expectativas y aportes de todo el país.

Frente a esta situación, reunidos en este Primer Encuentro Nacional en camino al IX FOSPA, Mocoa, Colombia planteamos lo siguiente:

Territorio y Autonomía

1. Ante la pérdida de los territorios y los bosques y frente a la inseguridad jurídica recuperar y defender los territorios indígenas y no indígenas.
2. Exigimos la titulación y reconocimiento de territorios integrales y títulos de propiedad como pueblos y naciones indígenas.
3. Fortalecer y seguir promoviendo la construcción de Gobiernos Autónomos Indígenas, ejerciendo nuestro derecho a la libre determinación reconocido en las leyes internacionales y nacionales.
4. Promover proyectos productivos desde nuestros territorios que respondan a la realidad de los pueblos indígena y no indígena para asegurar su sustento y su vida.
5. Exigimos que todos los megaproyectos, actividades extractivas y propuestas de ley, sean sometidos a procesos de consulta previa libre e informada y que cuenten con el consentimiento de los pueblos cuyos territorios van a ser afectados.

Educación Comunitaria Intercultural

1. Promover intensivamente la valoración de las culturas y la identidad de los pueblos indígenas y no indígenas.
2. Rescatar y valorar costumbres y saberes ancestrales de los pueblos amazónicos que afirme su identidad cultural en los distintos espacios de la vida.
3. Las instituciones educativas deben trabajar con los actores sociales y políticos de las comunidades y de la localidad para fortalecer la educación comunitaria intercultural
4. Exigir capacitación permanente de los docentes en educación comunitaria intercultural
5. Contribuir y exigir cambios en la currícula de las instituciones educativas para que exprese mejor nuestra realidad como pueblos y de acuerdo a nuestras expectativas y necesidades.

Seguridad y soberanía Alimentaria

1. Exigimos respeto a la soberanía alimentaria desde los territorios, impulsando el consumo de los productos locales y fortaleciendo los mercados locales y regionales.
2. Rechazamos el condicionamiento y utilización política de los programas sociales alimentarios, los cuales deben priorizar en su implementación el consumo de productos regionales, fortaleciendo la identidad y las economías de los pueblos indígenas y no indígenas.
3. Exigimos la titulación colectiva de comunidades y de territorios integrales indispensables para nuestra seguridad alimentaria y rechazamos la titulación individual que conduce al acaparamiento de tierras para el monocultivo y pone en riesgo la seguridad alimentaria.
4. Aspiramos a un consumo sano y saludable, que implica el no uso de pesticidas, promoviendo los productos ecológicos que contribuye a la preservación de la biodiversidad.
5. Nos comprometemos a fortalecer las iniciativas de las organizaciones indígenas y no indígenas sobre agroforestería ecológica y gestión sostenible de los bosques para la seguridad y soberanía alimentaria.

Cambio Climático

1. Demandamos mayor información, transparencia y participación de las organizaciones amazónicas en la toma de decisiones sobre Cambio Climático valorando conocimientos tradicionales para la preservación de bosques.
2. Exigimos el cumplimiento de planes, estrategias y programas aprobados para enfrentar las causas y consecuencias del Cambio Climático
3. Financiamiento de planes, proyectos y programas para la conservación sostenible de bosques, reforestación y manejo de residuos sólidos.
4. Exigimos el cumplimiento de acuerdos y tratados internacionales para la reducción de emisión de gases de efecto invernadero y el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y no indígenas.
5. Rechazamos las falsas soluciones al cambio climático, tales como la economía verde y el pago por servicios ambientales como los mercados de carbono (REDD+), la compensación de la biodiversidad y los mercados de agua ya que constituyen nuevos mecanismos del capitalismo global para mantener una economía de acumulación, que continúe con el control de los territorios en beneficio de unos cuántos
6. Exigimos la implementación del Plan de Acción en Género y Cambio Climático aprobado en julio del año 2016.

Mujeres Panamazónicas Andinas

1. Demandamos al interior de las comunidades y organizaciones, el reconocimiento de las mujeres panamazónicas andinas como sujetas de derechos y con capacidad para ejercer responsabilidades y cargos en sus organizaciones; y en consecuencia, la implementación de mecanismos que garanticen el pleno ejercicio del derecho a la participación.
2. Nos comprometemos a apostar por el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo comunal y político de las mujeres en las organizaciones y en las instituciones.
3. Exigimos que las consecuencias e impactos en la salud de las comunidades, producidas por la contaminación del territorio sean enfrentadas por hombres y mujeres con el apoyo del Estado.
4. Denunciamos que el monocultivo, además de afectar la productividad del suelo y privar a nuestras comunidades de los beneficios de la diversificación, está limitando la autonomía económica de las mujeres. A pesar que ellas se involucran en las tareas de la producción, la comercialización está a cargo de los hombres y eso les priva del derecho de tomar decisiones sobre los recursos que ellas contribuyen a generar.
5. Ratificamos la importancia de que espacios como el FOSPA recojan las demandas de las mujeres y que estas sean incorporadas en la agenda de desarrollo de la panamazonía.
6. Denunciamos la violencia contra las mujeres defensoras de los territorios como una violencia de género perpetrada por las industrias extractivas y el Estado, y demandamos su atención prioritaria por parte de las autoridades.
7. Demandamos la continuidad del Tribunal de Justicia y defensa de los derechos de las mujeres panamazónicas andinas como una estrategia de justicia simbólica para visibilizar la vulneración de sus derechos y la violencia del sistema colonial, patriarcal, capitalista y extractivista.

Alternativas al Modelo Neoliberal

1. Respetar los convenios internacionales de protección de los derechos humanos y de la naturaleza.
2. Diversificar y transformar la matriz productiva y energética.
3. Promover y fortalecer los modos de producción indígena (diálogo de saberes, tecnología).
4. Promover la agroecología, la agricultura orgánica y la conservación de la biodiversidad y la agrobiodiversidad.
5. Moratoria de explotación petrolera en selva peruana y en zonas de protección.
6. Reducir el consumismo, calidad de vida más austera en lo material y en el uso de energía.
7. Inclusión de los órganos de gobierno indígena dentro del Estado (y con derecho a beneficiarse del presupuesto nacional).
8. Representación política indígena a nivel nacional y regional.

Nos solidarizamos con todos los pueblos y países que luchan y resisten frente las amenazas y los graves impactos sociales, ambientales y culturales producto de las políticas de los Estados que criminalizan la protesta y siguen viendo la Amazonía como un lugar que puede ser saqueado por las empresas nacionales y transnacionales y los grupos de poder económico.

Las organizaciones indígenas, colectivos, redes, organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil comprometidos con la defensa de la Amazonía y reunidos en la Reunión Nacional camino al IX FOSPA-Colombia, hacemos un nuevo llamado para seguir fortaleciendo nuestra gran alianza de los pueblos para visibilizar nuestras demandas, y articular nuestras agendas en defensa de la Amazonía, los Territorios Indígenas y la Vida del Planeta



miércoles, 18 de marzo de 2015

Obispos latinoamericanos expondrán ante la CIDH sobre los efectos de las industrias extractivas



El próximo jueves 19 de marzo la Iglesia de América Latina expondrá su visión sobre los efectos de las industrias extractivas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, durante una audiencia pública dedicada al tema “Derechos Humanos e Industrias Extractivas en América Latina”.

En dicha audiencia, informa una nota, el Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), la Red Eclesial Pan-Amazónica (REPAM), el Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Caritas (SELACC), la Confederación Latinoamericana y caribeña de Religiosos y Religiosas (CLAR)  y  la  Comisión Amazónica  de  la  Conferencia  Nacional  de Obispos  de  Brasil  (CNBB)  presentarán  “la  posición de la Iglesia Católica ante la vulneración de los derechos humanos de poblaciones indígenas y  campesinas, afectadas por las industrias extractivas en América Latina”. Serán presentados algunos  casos emblemáticos en Brasil, Ecuador, Honduras, México y Perú, en los que la Iglesia cumple un  papel relevante y se formularán algunas recomendaciones a los Estados y a la  sociedad civil del continente.

Durante la audiencia, la delegación de la Iglesia entregará un informe donde se incluyen casos en los que la Iglesia católica ha tenido un papel relevante ante las violaciones a los derechos humanos cometidas por las empresas extractivas. Además, el informe indica que muchos Estados de la región permanecen indiferentes a estas prácticas, considerando como prácticas usuales la criminalización  de defensores y defensoras de derechos humanos y las afectaciones graves a la salud, integridad y  vida, especialmente de comunidades indígenas y campesinas.

El informe destaca la necesidad de adoptar un modelo de desarrollo en América Latina que sea sostenible, en donde esté en equilibrio el desarrollo económico, los derechos humanos y el ambiente.

Participarán en la audiencia Monseñor Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo (Perú) y Presidente del Departamento de Justicia y  Solidaridad del CELAM; Mons. Roque Paloschi, Obispo de Roraima y miembro de la Comisión Amazónica de la Conferencia  Nacional  de  Obispos  de  Brasil  CNBB; Mons. Álvaro Ramazzini, Obispo de Huehuetenango (Guatemala) y Presidente la Comisión de Justicia y Solidaridad de la Conferencia Episcopal de Guatemala; Mauricio López Oropeza, Director nacional de Caritas Ecuador y secretario ejecutivo de la REPAM; David Lovatón, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y asesor del CELAM para esta audiencia.

*La audiencia se transmitirá en vivo a través del canal web de la Organización de los Estados Americanos: www.oas.org

jueves, 19 de junio de 2014

Bagua, por María Lorbés

María Rosa Lorbés*

En las últimas semanas, a propósito del juicio oral iniciado en Bagua el 14 de mayo, ha habido números comentarios y opiniones que es necesario analizar. Lo incontestable es que, cinco años después del Baguazo, no sabemos aún quiénes fueron los responsables de que 33 peruanos murieran a manos de otros peruanos en un enfrentamiento que nunca debió ocurrir.
Era junio del 2009 y hacía dos meses que los nativos de varias localidades de la Amazonía peruana se encontraban en huelga pidiendo la derogatoria de nueve decretos, aprobados por el Gobierno para posibilitar la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos los que, a juicio de los nativos, desconocían sus derechos ancestrales. El Ejecutivo hizo oídos sordos a sus reclamos y dejó que el problema se agudizara sin proponer ninguna solución, hasta que el 5 de junio, a pesar de que los manifestantes habían expresado su decisión de levantar el bloqueo de la carretera en Bagua, decidió disolver a los huelguistas, disparando desde helicópteros. Los primeros indígenas que cayeron fueron el detonante para que un grupo de pobladores tomaran como rehenes a varios policías que custodiaban una instalación petrolera y se ensañaran con algunos de ellos asesinándolos cruelmente.

Hasta hoy no sabemos quiénes fueron los responsables materiales de esas 33 muertes, aunque un amplio sector de la opinión pública sí sabe quiénes fueron los responsables políticos de esa masacre.  Pero, como en toda guerra, la primera que muere es la verdad, así que será difícil llegar a saber verdaderamente lo que pasó aquél día.  Eso parece ser fácil para El Comercio que en un alarde increíble de desinformación, editorializó hace unos días (11 de junio 2014) un artículo titulado: Los otros autores del Baguazo, en el que, en resumen, responsabiliza de lo ocurrido en Bagua a la Defensoría, “AIDESEP y varias otras ONG, los obispos de la Amazonía (que emitieron dos comunicados) y una serie de radios, y hasta varios congresistas del hoy gobernante Partido Nacionalista”…”quienes sembraron en la zona las insidiosas mentiras que permitieron que las cosas escalaran al nivel de beligerancia que desembocó en la matanza”.

En esta columna no podemos dejar de refutar semejante calumnia, en particular lo referente a los Obispos mencionados. Por el contrario, antes y durante el conflicto, la acción de la Iglesia estuvo en todo momento orientada a lograr la paz y defender la vida.

Antes, en agosto de 2008, los Obispos de los Vicariatos Apostólicos de la Selva se reunieron en Lima, “para reflexionar sobre la situación de los pueblos indígenas de nuestra Amazonía, y el impacto de los Decretos Legislativos promulgados por el Poder Ejecutivo, en relación con dichos pueblos y sus territorios ancestrales”. En otro documento del 2009, anterior a Bagua, afirman que “Ante este delicado panorama invocamos al Señor Presidente Constitucional y al Congreso de la República la derogatoria de dichos dispositivos legales y contribuya a la formulación de nuevas normas con la participación de las poblaciones indígenas. Así mismo invocamos a estas poblaciones amazónicas y a sus líderes a unirse para buscar juntos el Bien Común. Consideramos necesaria una Mesa de auténtico Diálogo conformada por todos los actores sociales para la solución pacífica y armoniosa del conflicto creado. A manera de conclusión, reafirmamos con los Obispos de América Latina, la necesidad de “buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología humana y natural, que se fundamente en el Evangelio de la justicia, la solidaridad y en el destino universal de los bienes…” (Documento de Aparecida 474c).

De igual modo, el día de los hechos la acción de la iglesia fue decisiva para que el conflicto no se hiciera más violento. En la misma tarde del 5 de junio el Presidente de la Conferencia Episcopal y la Defensoría del Pueblo hicieron un llamado a retomar un camino de paz. Después la solidaridad eclesial jugó un papel importantísimo en el lugar, cuando parroquias y conventos tuvieron que acoger a los nativos que huían asustados, darles tranquilidad, comida y atención médica y ayudarlos a retornar sanos y salvos a sus lugares de origen.
Por todo lo anterior, responsabilizar a los Obispos de la Selva y a los sacerdotes, religiosas y laicos que trabajan con ellos, de la tragedia de Bagua es, simple y llanamente, una calumnia que envilece al periodismo.

Lo más grave es que dicha calumnia puede generar confusión y ser usada para favorecer la impunidad de los principales culpables de esos 33 asesinatos. Nos toca a todos los ciudadanos estar muy atentos al desarrollo de este juicio, a que se respete el debido proceso y a que se sancione, de acuerdo a ley a los responsables políticos y a los responsables inmediatos. Lo que está en juego no es solo un asunto de los pobladores amazónicos de Bagua sino de todo el Perú. Si en un país no hay justicia para unos, no habrá justicia para nadie. Bagua somos todos.

* Comunicadora y periodista especializada en temas de Iglesia.