Pronunciamiento de la Red Pastoral de Salud Ambiental y Humana contra la Nueva Ley Forestal 31973

POR LA DEROGATORIA DE LA LEY 31973 QUE LEGALIZA LA DESTRUCCIÓN DE BOSQUES, BIODIVERSIDAD, LA SALUD, Y LA VIDA DE COMUNIDADES RURALES INDÍGENAS Y NO INDÍGENAS

Por la recuperación de la Ley Forestal que preserva los bosques, la biodiversidad, la salud y vida de nuestros pueblos y de la comunidad global

Las organizaciones e instituciones que conforman la Red Pastoral de Salud Ambiental y Humana, así como las personas involucradas en la construcción de salud integral en sus comunidades, nos pronunciamos respecto a la reciente aprobación de la Ley 31973, “Ley que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 29763” dada por el Congreso de la República.

Considerando que:

● Los bosques de producción permanente son amplios territorios boscosos ubicados a muchas horas de las orillas de los grandes ríos amazónicos, satisfacen necesidades básicas de población rural, indígena y no indígena, acorde con sus costumbres y modos de vida.

● La Nueva Ley Forestal 31973:

1. Pone en peligro la conservación de los bosques amazónicos y propicia desprotección y depredación, al no garantizar legal y técnicamente la gestión integral sostenible y sustentable de los territorios forestales.
2. Excluye a las entidades técnicas en la aprobación de la Zonificación Forestal y omite el requisito obligatorio de disponer de la Zonificación Forestal para el otorgamiento de títulos habilitantes para iniciar el desarrollo de una actividad productiva o económica.
3. Elimina el procedimiento de clasificación de tierras por su capacidad mayor y autoriza el cambio de uso de suelo sin ningún sustento técnico, lo que, a nuestro juicio, impulsará mayor deforestación a la actualmente conocida.

Declaramos que:

• Los territorios forestales juegan un rol esencial para el medio ambiente, regulando el clima, mitigando impactos humanos y reduciendo los factores de riesgos de las principales enfermedades no transmisibles y mentales.
• Los territorios forestales son fuente de una variedad de insumos medicinales y productos alimenticios para superar la desnutrición y la inseguridad alimentaria que afectan el desarrollo físico y cognitivo de niños y adultos.
• Los territorios forestales y especialmente los bosques intactos ayudan a mitigar los efectos del cambio climático y contribuyen a la salud humana.
• “La ambición por producir y poseer se ha convertido en una obsesión, y ha desembocado en una avidez sin límites, que ha hecho del ambiente objeto de una explotación desenfrenada.” (Discurso Papa Francisco Cop 28). Los mensajes del Papa Francisco nos inspiran y nos comprometen a preocuparnos por la protección de la naturaleza, la lucha contra el cambio climático y la promoción de estilos de vida saludables.

Por ello, exhortamos al Congreso de la República a:

1. La derogatoria de la Ley 31973, a través de un debate abierto de las autoridades, con la participación de los pueblos indígenas y de las diversas entidades comprometidas con la conservación ambiental y la salud de las comunidades.
2. Revisar y alinear nuestras políticas con tratados internacionales que buscan la protección ambiental, la salud y la vida de las personas, así como la conservación de los ecosistemas.
3. Explorar alternativas que no fomenten la deforestación y el cambio de uso de las tierras, ni perjudiquen la conservación de los territorios forestales, buscando propuestas que concuerden con estándares internacionales y promuevan el bienestar general.

Perú, 24 de enero de 2024

RED PASTORAL DE SALUD AMBIENTAL Y HUMANA

Área de Justicia y Paz. Centro Pastoral Sagrada Familia - Diócesis de Chulucanas

Asociación Marianista de Acción Social (AMAS). Otuzco- La Libertad

Caritas Abancay – Diócesis de Abancay

Cáritas Callao- Diócesis Callao

Centro Loyola de Ayacucho- Arquidiócesis de Ayacucho

Comisión de Ecología y Cuidado de la Creación (CECC) – Diócesis de Lurín

Comisión de Justicia Social (CJS) – Diócesis de Chimbote

Diócesis de Tarma

Departamento de Dignidad Humana de la Pastoral Social – Diócesis de Chosica

Pastoral de Salud Ambiental y Humana– Diócesis de Huancavelica

Pastoral Ecológica- Arquidiócesis de Cusco

Pastoral de la Tierra – Vicariato Apostólico de Yurimaguas

Pastoral de Salud – Vicariato Apostólico San Ignacio de Jaén

Pastoral Social – Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado

Pastoral Social de Dignidad Humana (PASSDIH) – Arquidiócesis de Huancayo

Plataforma por la Salud Ambiental y Humana – Región Junín

Pax Christi Lima- Perú

Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)

Comunicado de REPAM Venezuela sobre conflictos socio-ambientales

ACCIÓN URGENTE

ANTE LOS SUCESOS OCURRIDOS EN SANTA ELENA DE UAIRÉN

1. La Red Eclesial Panamazónica (REPAM) de Venezuela eleva su voz de dolor, angustia e indignación, ante los dolorosos sucesos que se están desarrollando en medio de la tensión desatada por el intento de ingresar la ayuda humanitaria al país desde la mañana del pasado 23 de febrero, en la población de Santa Elena de Uairén, en el Territorio de la Gran Sabana en el Estado Bolívar, colindante con el estado de Roraima en Brasil.

2. Según informaciones reseñadas en las redes sociales y en algunos medios de comunicación social así como de personas que viven y desarrollan una actividad de promoción social en la zona, ya van, en un primer momento, 4 personas fallecidas, más de 26 heridos, algunos de los cuales han tenido que ser evacuados al Hospital de Boa Vista por la imposibilidad del Hospital de Santa Elena de Uairén de atenderlos, y un número indeterminado de detenidos y desaparecidos. Contactos directos posteriores hablan de cifras mayores por contabilizar, y, sobre todo, denuncian el clima de violencia y persecución que ha ido en aumento. Ha llegado desde las zonas urbanas del estado Bolívar gran cantidad de personas, muchas de las cuales nada tienen que ver con la FANB, que son generadores de terror entre la población.

3. Llama la atención el ensañamiento que están demostrando con los pobladores de esta región, tan permanentemente abandonada pero, al mismo tiempo, tan codiciada por sus recursos naturales. Solicitamos se detenga tal agresión. Los pueblos indígenas que ancestralmente viven en ella, llevan décadas de años solicitando el reconocimiento formal de propiedad comunitaria y de la demarcación de sus tierras y territorios, derecho reconocido formal y perentoriamente por la Constitución de 1.999 (dos años después de su aprobación) y de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI). A pesar de todos los esfuerzos, estudios y autodemarcaciones realizadas por los pueblos indígenas, todo ha quedado en una promesa incumplida, en una invasión y depredación de sus tierras y amenazas permanente de desalojo. En lugar de reconocer los territorios indígenas el gobierno venezolano ha creado la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, cuyo decreto 2.248 fue publicado en Gaceta Oficial el 24 de febrero de 2016 y acaba de cumplir tres años, para la explotación de oro, diamante, cobre, coltán, hierro, tierras raras. Todo esto sin la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas; y sin realizar un estudio de impacto socio-ambiental. A partir de este decreto se han incrementado el número de masacres y desapariciones en los municipios mineros, cuyo control está en manos de bandas criminales.

4. A eso se añade una constante acusación, más o menos velada, de una voluntad separatista del pueblo Pemón (“balkanización” la han llamado algunos) por el hecho de defender sus derechos, identidad y cultura, escondiendo de esa manera intereses y propósitos injustificables. Es constante en los territorios indígenas la labor que llevan adelante algunos sectores (privados, políticos y gubernamentales) para minar la unidad de estos pueblos y crear divisiones que luego aprovechan en contra de ellos. La actuación de estos días en Santa Elena de Uairén es una muestra más de lo que se hace contra los más indefensos.

5. Elevamos nuestra voz, junto con la de tantos venezolanos, para denunciar esta situación, asumir una actitud crítica frente al manejo de la situación que empiezan a hacer determinadas autoridades, y pedir el respeto de los derechos de estos pueblos autóctonos, y abrir los ojos ante la terrible realidad social que sufre una gran mayoría de la población de Venezuela. El cinismo que encierra el no reconocer y socorrer estas necesidades, negándolas o acusando sin más a otros, e impidiendo las ayudas que se nos están ofreciendo, constituye un crimen y un pecado que sólo reflejan inhumanidad y egoísmo.

6. Urgimos a los responsables de esta situación inaceptable a que depongan su actitud de violencia e intransigencia ante los planteamientos ajenos a sus interéses; a todos los venezolanos de cualquier cultura y condición a propiciar el reencuentro y la reconciliación; y a la comunidad internacional que acompañe y apoye a Venezuela en su lucha por hacer vigente su Constitución por caminos civilizados y no violentos.

7. La Red Eclesial Panamazónica manifiesta su solidaridad con la Iglesia venezolana, en particular con el Vicariato Apostólico de Caroní, en su incansable defensa de los derechos de la población. Manifestamos también nuestra solidaridad con el hermano pueblo Pemón y con toda la sociedad venezolana y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la vida y de los derechos humanos.

La CNDDHH ante las facultades extraordinarias del Poder Ejecutivo otorgadas por el Congreso

LA CNDDHH ANTE LAS FACULTADES

EXTRAORDINARIAS OTORGADAS POR EL

CONGRESO AL PODER EJECUTIVO

La CNDDHH y las instituciones que conforman el Grupo de trabajo sobre Pueblos Indígenas expresamos nuestra preocupación sobre la delegación que ha aprobado el Poder Legislativo de  otorgar al Poder Ejecutivo facultades para legislar en materia administrativa, económica y financiera, específicamente, sobre nuevos procedimientos para desarrollar centrales de generación eléctrica, además de proponer la modificación de la Ley General de Minería. Estas modificaciones y proyectos podrían afectar derechos colectivos de las comunidades y los pueblos indígenas en general. 

El gobierno del Presidente Ollanta Humala inició en el año 2013 una estrategia política-legal para reactivar la economía en base a privilegiar la inversión privada y pública, especialmente en infraestructura e industrias extractivas, como  factor fundamental del crecimiento económico por eso ha sancionado paquetes de normas y leyes “flexibilizadoras” que forman parte de esta estrategia. 

En este escenario, el Congreso de la República viene cumpliendo el rol de facilitador, aprobando en forma expeditiva y sin un adecuado debate público, las normas propuestas por el Poder Ejecutivo. En este caso incluso a través de decretos supremos se modifican normas con rango de ley de forma inconstitucional. El resultado de estas medidas, además de la trasgresión a la Constitución, es el debilitamiento de la seguridad jurídica y la reducción de los estándares de respeto a los derechos humanos, sociales, ambientales y, en particular, derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas. El mensaje gubernamental es que la inversión es prioritaria y debe promoverse a cualquier costo, aunque se vulneren derechos. 

Una consecuencia de las normas que se vienen aprobando e implementando es la agudización de la conflictividad socioambiental que se expresa en 211 conflictos, de los cuales 142 (67%) son socio-ambientales; 107 protestas sociales, con manifestaciones muy críticas en Arequipa, Cajamarca, Loreto, Puno, Junín, Apurímac, Arequipa, entre otras zonas, mostrando  a falta de estrategia del Gobierno o de voluntad política para abordar los conflictos y darles una solución democrática. ¿Acaso no es posible promover el crecimiento y el desarrollo respetando los derechos de todas y todos y no únicamente los del inversionista?

¿A qué niveles de conflictividad podemos llegar si el gobierno continúa aprobando normas como el D.S. 054-2013-PCM sobre el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) que la Corte Superior de Lima ha declarado inconstitucional por atentar contra el patrimonio arqueológico y los recursos naturales? 

¿A qué nivel de conflictividad podemos llegar con normas como el D.S. 060-2013-PCM que establecía que las entidades públicas tienen un plazo no mayor a 30 días hábiles para otorgar sus opiniones y observaciones sobre un Estudio de Impacto Ambiental al Ministerio de Energía y Minas? Asimismo el polémico D.S. 001-2015-MEM, redactado de manera más que dudosa, promueve que las decisiones fundamentales de enajenación de tierras de las comunidades sean aprobadas solo por la junta directiva y no por la asamblea comunal.

A estas normas del Ejecutivo, se suman las dos leyes promulgadas por el Congreso que disminuyen los estándares ambientales y afectan los derechos colectivos de las comunidades. Nos referimos a la Ley 30230 de julio de 2014 y a la Ley 30327 de mayo de 2015. La Ley 30230 debilita de manera considerable el funcionamiento del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y su capacidad de sancionar, burocratiza y politiza decisiones técnicas como el establecimiento de Zonas Reservadas o la Política de Ordenamiento Territorial se dé por decreto supremo con el voto de todo el Consejo de Ministros, y establece procedimientos especiales de saneamiento físico legal para áreas de influencia de proyectos de inversión. 

De otro lado, la Ley 30327, faculta a que, en tanto se implemente el SENACE, los sectores promotores de la inversión sean jueces y parte ya no solo en la promoción de actividades económicas sino también en su certificación ambiental y en el otorgamiento de los permisos asociados incluso los que no son de su sector. Esta ley permite que sobre los terrenos destinados a derechos de vía o servidumbre no puede otorgarse ningún título de propiedad ni emitir autorizaciones de ocupación, con lo cual se traba la titulación de comunidades y la formalización de la propiedad rural. Al afectar derechos colectivos de pueblos indígenas,  tanto la Ley 30230 como la 30327 son normas debieron ser sometidas a CONSULTA PREVIA, hecho que no sucedió.

La sociedad civil, entre quienes se encuentran los pueblos originarios y las diferentes comunidades del Perú, defendemos la legalidad por caminos democráticos y no violentos. A fin de frenar y responder a la estrategia político-legal e inconstitucional en curso, hemos presentado:

• Una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30230, por debilitar los estándares de protección y la institucionalidad ambiental, no respetar los derechos de los pueblos indígenas y poner en serio peligro su derecho al territorio.

• Una demanda de acción popular contra el DS 001-2015-EM,  por no respetar el derecho a la consulta previa, interferir en la autonomía de las comunidades campesinas y vulnerar el principio constitucional de jerarquía de normas.

La demanda de inconstitucionalidad se encuentra respaldada por más de 7 mil firmas de ciudadanos y ciudadanas. Ambas cuentan con el apoyo solidario de miles de personas, redes y organizaciones sociales nacionales e internacionales. Invocamos a las autoridades, a la representación nacional y a la ciudadanía en general a reflexionar y vigilar hacia dónde nos conduce este camino sin control, de expedir y aprobar leyes inconsultas y parcializadas a favor de intereses privados que vulneran el derecho a la propiedad y la seguridad jurídica de los territorios de los pueblos indígenas, comunidades y pequeños propietarios. 

Lima, 19 de junio de 2015

Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

¡SOLUCIÓN A 43 AÑOS DE EXPLOTACIÓN PETROLERA!

¡SOLUCIÓN A 43 AÑOS DE EXPLOTACIÓN PETROLERA!

Y RESPETO AL DERECHO A LA CONSULTA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LAS CUATRO CUENCAS EN EL LOTE 1AB (192)

La CNDDHH y las instituciones que conforman el Grupo de trabajo sobre Pueblos Indígenas expresamos nuestra preocupación por lo que viene ocurriendo en las cuencas de los ríos Tigre y Corrientes (Loreto), en donde las comunidades de los pueblos Kichwa, Achuar y Kukama, representadas  por las federaciones FECONAT, FECONACO, FEDIQUEP y ACODECOSPAT, se han visto en la necesidad de adoptar  medidas de  fuerza  a fin de que el Estado atienda sus demandas tantas veces postergadas.

Las comunidades han bloqueado los ríos de la zona, impidiendo  el paso de embarcaciones de la empresa Pluspetrol y han tomado las instalaciones del lote 1AB, ejerciendo su legítimo derecho a la protesta reconocido por la constitución,  debido a la negativa de la empresa de otorgar compensaciones justas por el uso de sus tierras y  por la poca voluntad política del Estado de encontrar soluciones a la contaminación producida durante más de 40 años de actividad petrolera en los lotes 1AB y 8 (actualmente lote 192).

Estas medidas se dan luego de que las cuatro federaciones, durante mucho tiempo,  han intentado abrir y mantener canales de diálogo con la empresa y con el Estado. Ese esfuerzo hizo posible la formación de la Comisión Multisectorial (RS 119-2014-PCM), instalada desde mayo de 2014 y que tuvo como objetivo buscar consensos en temas de salud, de remediación ambiental e indemnización, y de titulación y compensación por uso de tierras. Sin embargo, luego de ocho meses aún no se han implementado acuerdos y  la solución a los graves problemas existentes se sigue postergando.

Estas postergaciones hacen que el escenario se agrave cada vez más, entre otras cosas porque  el plazo del contrato con Pluspetrol se vence en agosto 2015. El Primer Juzgado de Maynas de Loreto, ha favorecido a la empresa al desestimar el Informe de la OEFA [No 411-2014-OEFA/DS-HID] que identifica más de 90 sitios contaminados que deben ser remediados  y porque el MINEM y PeruPetro han anunciado una nueva licitación del Lote 192, poniendo en serio riesgo el derecho a la consulta previa en dicho lote, establecido así en el Convenio 169 de la OIT y en la Ley de Consulta N°29785.

En consecuencia, exigimos al Estado la solución a las demandas de los pueblos indígenas de las cuatro cuencas (Corrientes, Tigre, Pastaza y Marañón) y un manejo del conflicto que permita establecer condiciones de una paz duradera, en el marco del respeto irrestricto a los derechos humanos de los pueblos indígenas establecidos en las normas internacionales y nacionales.

Demandamos al Presidente Ollanta Humala y a la Premier Ana Jara, a pronunciarse oficialmente garantizando el respeto y la implementación del derecho a la consulta en el lote 192, estableciendo previamente acuerdos firmes para el cumplimiento de las demandas sociales y ambientales de las federaciones  de las cuatro cuencas y manifestando su total respaldo al Estado de Derecho y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas.

Lima 28 de enero de 2015

Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Residuos de petróleo