Bagua, por María Lorbés

María Rosa Lorbés*

En las últimas semanas, a propósito del juicio oral iniciado en Bagua el 14 de mayo, ha habido números comentarios y opiniones que es necesario analizar. Lo incontestable es que, cinco años después del Baguazo, no sabemos aún quiénes fueron los responsables de que 33 peruanos murieran a manos de otros peruanos en un enfrentamiento que nunca debió ocurrir.

Era junio del 2009 y hacía dos meses que los nativos de varias localidades de la Amazonía peruana se encontraban en huelga pidiendo la derogatoria de nueve decretos, aprobados por el Gobierno para posibilitar la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos los que, a juicio de los nativos, desconocían sus derechos ancestrales. El Ejecutivo hizo oídos sordos a sus reclamos y dejó que el problema se agudizara sin proponer ninguna solución, hasta que el 5 de junio, a pesar de que los manifestantes habían expresado su decisión de levantar el bloqueo de la carretera en Bagua, decidió disolver a los huelguistas, disparando desde helicópteros. Los primeros indígenas que cayeron fueron el detonante para que un grupo de pobladores tomaran como rehenes a varios policías que custodiaban una instalación petrolera y se ensañaran con algunos de ellos asesinándolos cruelmente.

Hasta hoy no sabemos quiénes fueron los responsables materiales de esas 33 muertes, aunque un amplio sector de la opinión pública sí sabe quiénes fueron los responsables políticos de esa masacre.  Pero, como en toda guerra, la primera que muere es la verdad, así que será difícil llegar a saber verdaderamente lo que pasó aquél día.  Eso parece ser fácil para El Comercio que en un alarde increíble de desinformación, editorializó hace unos días (11 de junio 2014) un artículo titulado: Los otros autores del Baguazo, en el que, en resumen, responsabiliza de lo ocurrido en Bagua a la Defensoría, “AIDESEP y varias otras ONG, los obispos de la Amazonía (que emitieron dos comunicados) y una serie de radios, y hasta varios congresistas del hoy gobernante Partido Nacionalista”…”quienes sembraron en la zona las insidiosas mentiras que permitieron que las cosas escalaran al nivel de beligerancia que desembocó en la matanza”.

En esta columna no podemos dejar de refutar semejante calumnia, en particular lo referente a los Obispos mencionados. Por el contrario, antes y durante el conflicto, la acción de la Iglesia estuvo en todo momento orientada a lograr la paz y defender la vida.

Antes, en agosto de 2008, los Obispos de los Vicariatos Apostólicos de la Selva se reunieron en Lima, “para reflexionar sobre la situación de los pueblos indígenas de nuestra Amazonía, y el impacto de los Decretos Legislativos promulgados por el Poder Ejecutivo, en relación con dichos pueblos y sus territorios ancestrales”. En otro documento del 2009, anterior a Bagua, afirman que “Ante este delicado panorama invocamos al Señor Presidente Constitucional y al Congreso de la República la derogatoria de dichos dispositivos legales y contribuya a la formulación de nuevas normas con la participación de las poblaciones indígenas. Así mismo invocamos a estas poblaciones amazónicas y a sus líderes a unirse para buscar juntos el Bien Común. Consideramos necesaria una Mesa de auténtico Diálogo conformada por todos los actores sociales para la solución pacífica y armoniosa del conflicto creado. A manera de conclusión, reafirmamos con los Obispos de América Latina, la necesidad de “buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología humana y natural, que se fundamente en el Evangelio de la justicia, la solidaridad y en el destino universal de los bienes…” (Documento de Aparecida 474c).

De igual modo, el día de los hechos la acción de la iglesia fue decisiva para que el conflicto no se hiciera más violento. En la misma tarde del 5 de junio el Presidente de la Conferencia Episcopal y la Defensoría del Pueblo hicieron un llamado a retomar un camino de paz. Después la solidaridad eclesial jugó un papel importantísimo en el lugar, cuando parroquias y conventos tuvieron que acoger a los nativos que huían asustados, darles tranquilidad, comida y atención médica y ayudarlos a retornar sanos y salvos a sus lugares de origen.

Por todo lo anterior, responsabilizar a los Obispos de la Selva y a los sacerdotes, religiosas y laicos que trabajan con ellos, de la tragedia de Bagua es, simple y llanamente, una calumnia que envilece al periodismo.

Lo más grave es que dicha calumnia puede generar confusión y ser usada para favorecer la impunidad de los principales culpables de esos 33 asesinatos. Nos toca a todos los ciudadanos estar muy atentos al desarrollo de este juicio, a que se respete el debido proceso y a que se sancione, de acuerdo a ley a los responsables políticos y a los responsables inmediatos. Lo que está en juego no es solo un asunto de los pobladores amazónicos de Bagua sino de todo el Perú. Si en un país no hay justicia para unos, no habrá justicia para nadie. Bagua somos todos.

* Comunicadora y periodista especializada en temas de Iglesia.