Defensoría del Pueblo hace un llamado al cese inmediato de la violencia y pide diálogo entre organizaciones de Cotabambas y Grau con la empresa MMG

CEP se pronuncia sobre los acontecimientos por motivo del Proyecto "Tía María"

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) se pronuncia sobre los sucesos ocurridos por el Proyecto "Tía María" en Arequipa.

Iglesia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Impacto en Prensa Internacional de la Audiencia de la Iglesia Católica ante la CIDH sobre Industrias Extractivas y DDHH. Valiosa contribución a nuestras luchas.

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EEUU

Iglesia, por primera vez en la CIDH, defiende a los indígenas y sus recursos

19 MAR. 2015

18:12

Religiosos católicos de Latinoamérica, EE.UU. y Canadá acudieron hoy por primera vez a la CIDH para denunciar la vulneración de los derechos de los campesinos y de los pueblos indígenas por parte de las industrias que extraen recursos naturales en América, especialmente en la Amazonía.

En una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los religiosos reclamaron la necesidad de proteger "a los más pobres entre los pobres", que el obispo de la diócesis guatemalteca de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini, identificó con los pueblos indígenas.

"Denunciamos el comportamiento irresponsable de las empresas trasnacionales, que en el desarrollo de sus actividades no respetan los acuerdos internacionales, mientras los Estados permanecen pasivos ante las prácticas extractivas", alertó Ramazzini.

"No somos los dueños de la creación, sino sus guardianes y administradores", destacó el obispo, que recordando la doctrina social de la Iglesia dijo que el hombre no puede reducir al medio ambiente a un "objeto de explotación" y debe ser respetuoso con otros hombres y con los animales.

El purpurado incidió en que la responsabilidad sobre los daños a la naturaleza o a los derechos de los indígenas viene tanto de parte de los Estados que acogen a las empresas extractivas, como de los cuales proceden las compañías, entre los que citó a Canadá y EE.UU.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Justicia y Paz de Canadá, Donald Bolen, expresó el compromiso de su Iglesia para hacer llegar al Gobierno canadiense las denuncias sobre los daños al medioambiente y mostrar las consecuencias a las industrias mineras.

De esta forma, el arzobispo de Huancayo, en Perú, Pedro Barreto Jimeno, destacó la "seria" preocupación de la Iglesia católica sobre las consecuencias de la extracción de recursos naturales, de las que los religiosos son testigos en primera línea.

"Somos testigos cercanos del aumento de las enfermedades graves de las poblaciones indígenas a causa de los gases y de la destrucción de la naturaleza", señaló el arzobispo, que también preside el Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

Citando unas palabras del papa Francisco, recordó que si bien "el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la Política, la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la Justicia".

Los religiosos incidieron en la gravedad de algunos casos en Brasil, Honduras, México, Perú y Ecuador, país que citaron para hablar del Parque Nacional Yasuní, una reserva de la biosfera envuelta en polémica por el anuncio de la explotación de petróleo en una de sus zonas.

Mauricio López, de la Red Eclesial Pan Amazónica, llamó la atención sobre la situación del Amazonas, que "requiere una respuesta urgente" por la vulneración de derechos humanos de los pueblos que habitan los territorios que comparten la selva tropical.

Para proponer soluciones, la Iglesia entregó un informe en el que se destacan como prácticas usuales de los Estados la criminalización de la protesta y las agresiones a los defensores de derechos humanos, así como el crecimiento de la conflictividad social como consecuencia de las extracciones de recursos naturales.

Tras escuchar a los religiosos, los comisionados expresaron su emoción por lo que la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Antoine, consideró "un momento histórico".

"Es la primera vez que vienen tres conferencias a la comisión en un tema que refleja la importancia crítica, la afectación al medio ambiente y a los defensores del medioambiente de la industria extractiva", dijo a Efe el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza.

Icaza, que estuvo presente en la audiencia, consideró que la asistencia de los obispos lanza un mensaje "muy importante" sobre la valía de la CIDH, que hoy ha dado la bienvenida a un nuevo actor social.

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De izquierda a derecha: Timothy P. Broglio (Arzobispo Castrense de los EEUU, Conferencia Episcopal de EEUU); Álvaro Ramazzini (Obispo de Huehuetenango, Guatemala); Pedro Barreto Jimeno (Arzobispo de Huancayo-Perú, Presidente del Dpto. de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano); Roque Paloschi (Obispo de Roraima-Brasil y Representante del Cardenal); Donald Bolen (Presidente de la Comisión Justicia y Paz, Canadá)
Foto: CIDH

Obispos latinoamericanos piden al papa que visite la CIDH en su viaje a EEUU

Obispos latinoamericanos han pedido en una carta al papa Francisco que visite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su viaje a EE.UU. en septiembre de este año, confirmó hoy uno de los signatarios en Washington. 

Agencia EFE | 19 de Marzo de 2015

Washington, 19 mar (EFE).- Obispos latinoamericanos han pedido en una carta al papa Francisco que visite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su viaje a EE.UU. en septiembre de este año, confirmó hoy uno de los signatarios en Washington.

"El papa recibió la carta con mucha alegría", explicó a Efe uno de los firmantes, Pedro Barreto Jimeno, arzobispo de Huancayo, en Perú, y presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

Junto a otros religiosos latinoamericanos, estadounidenses y un canadiense, Barreto intervino hoy en una de las audiencias que la CIDH celebra esta semana para evaluar el estado de los Derechos Humanos en el continente americano.

Al final de la audiencia, en la que la Iglesia dio su visión sobre los efectos de las industrias extractivas, Barreto se dirigió a los comisionados para pedirles que le indicarán cuál era el mejor momento para dar "una buena noticia".

Entonces, expuso que él y el cardenal brasileño Claudio Hummes viajaron a Roma para reunirse con el sumo pontífice, el primero de América Latina, y hacerle entrega de una carta en la que le solicitan que visite la CIDH durante su visita a Washington, una de las posibles paradas de su viaje a Estados Unidos.

"Estoy seguro de que el papa hará algún pequeño cambio. No lo puedo asegurar porque eso ya está en manos de ellos, pero he hablado con la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Antoine, para pedirle que nos refuerce y el papa pueda venir aquí", explicó el obispo.

"Estoy seguro que el papa, que aboga por los derechos de los más humildes, puede hacer mucho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", destacó.

El obispo mostró a los comisionados la carta y una fotografía en la que aparecen él y el cardenal Hummes entregando la misiva al papa Francisco en Roma.

En declaraciones a Efe, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, dijo que el papa será "bienvenido" y consideró "una agradable sorpresa" la noticia que dieron los religiosos al final de la audiencia.

"El papa viene de un contexto latinoamericano, vivió en carne propia las dictaduras. La Iglesia en América Latina jugó un papel determinante en materia de derechos humanos. Muchos monjes, monjas, hicieron un gran trabajo. Lo que se hizo en Chile por ejemplo. Unos grandes defensores", destacó el secretario ejecutivo.

Icaza explicó que ahora, muy probablemente, lo que hará la CIDH será someter la noticia a conocimiento de las instancias pertinentes del organismo para ver si se formaliza también por parte de la Comisión la disposición de recibir al papa.

Durante su primera visita oficial a Estados Unidos, el Santo Padre participará en el octavo Encuentro Mundial de las Familias, que se celebrará en Filadelfia, del 22 al 27 de septiembre de 2015. EFE

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Aquí la audiencia completa

Informante desinformado o cómo desprestigiar a una familia campesina

Compartimos la publicación de la socióloga Marisa Glave, respondiendo a las argumentos que el periodista Ricardo Uceda refiere en su columna* sobre el caso de la familia Chaupe. Uceda, en base a su información los considera, y en palabras de Glave, unos estafadores.

A continuación la nota de Marisa Glave** desde el portal web de noticias de la Asociación Servicios Educativos Rurales (NoticiasSER).

Marisa Glave

El informante desinformado o cómo desprestigiar a una familia campesina

Ricardo Uceda es un periodista al que respeto. Por eso, fue grande mi sorpresa al leer su última columna sobre la familia Chaupe. El artículo da a entender que esta familia es propietaria de varios terrenos y que este hecho tira por los suelos la imagen de una mujer luchadora, que emociona hasta las lágrimas, pues Máxima y su familia no serían “indigentes”, sino algo así como una clase media acomodada. Quienes no conocen el mundo rural pueden tener la sensación de estar frente a una familia que tiene varias casas, con las que genera buena renta.

Pero lo realmente grave, es que el periodista dice que tales propiedades han sido logradas por ocupación. Como pone Uceda en el titular, emociona hasta las lágrimas…hasta [saberla] dueña de nueve predios por vía de la ocupación. La columna da a entender que los Chaupe llegaron, los ocuparon y luego se los apropiaron. Esta referencia no es gratuita. La disputa entre Máxima y Yanacocha por el predio Tragadero Grande es porque la empresa señala que ella es la “auténtica propietaria” y que la familia Chaupe lo habría “invadido”, para luego hacerse de la propiedad. Se pretende demostrar que la familia usa este mecanismo de manera habitual. Entonces, es fácil creer que los Chaupe son unos estafadores.

La imagen que el lector tiene al final del artículo es que una familia vendida como “indigente” por unas ONGs, obviamente politizadas, resulta ser de una clase media campesina acomodada, que se ha ido ganando la vida apropiándose de terrenos de otros. Se insinúa que la mala imagen de Yanacocha ha permitido que se cree una especie de “leyenda urbana” en torno al uso de la violencia contra la familia, la que parecería estar justificada, pues se omite un dato fundamental: Los varios intentos de desalojo contra los Chaupe se hicieron SIN MANDATO JUDICIAL, y el último, en el que se registra la destrucción de la ampliación de su vivienda, luego de que la justicia peruana declarara INOCENTE a Máxima del delito de usurpación, así como el cese del desalojo preventivo y de la administración provisional de Yanacocha sobre el predio Tragadero Grande.

Quisiera aclarar algunas de las imágenes que se construyen en el texto. Empiezo por las propiedades, en plural, para darnos una idea de qué significan nueve hectáreas (ha) en una zona andina. Los investigadores agrarios usan mecanismos de “estandarización” para comparar terrenos: Caballero y Álvarez plantean que una hectárea en costa con riego equivale a 0.53 ha en la sierra con riego y a 0.25 en secano. Si hacemos el cálculo tenemos, entonces, que las nueve hectáreas aludidas, equivalen a 4.77 ha, si fueran buenos suelos -que no lo son-  y a 2.25 ha, si son de secano, como señala la familia. Sumados los predios, no llegan, pues, bajo ningún cálculo, ni a una mediana propiedad rural. Ello, sin tomar en cuenta que se trata de terrenos que, además, están dispersos.

Quisiera añadir, por otro lado, un dato sobre el “modo de apropiación”: Los títulos de propiedad parten del reconocimiento de la posesión, sí. Pero no porque se haya “ocupado” el espacio abruptamente, para conseguir la prescripción. Una parte de las parcelas es producto de una herencia. La madre de Máxima se las dio a ella y a sus hermanos. Y otros terrenos son adquiridos. Pero, ¿por qué la mamá o los vendedores originales no inscribieron la propiedad? Pues, porque en el campo hay un problema – grave – de acreditación de la propiedad. Eso no quiere decir que no exista, quiere decir que no está registrada. Por eso, desde los años 90, en que se empezó a fomentar el mercado de tierras rurales, funcionan programas especiales de titulación, que buscan formalizar la propiedad. Una familia podía ser propietaria de una parcela como consecuencia de la Reforma Agraria, por más de 30 años, pero recién a inicios de este siglo consiguió el título que acredita dicha propiedad. Sí, así es el Perú. Entonces, que el título que otorga el sector Agricultura se base en el reconocimiento de la posesión no quiere decir que los Chaupe sean unos usurpadores profesionales. Quiere decir que, como sucede a decenas de miles de campesinos en el Perú, sus derechos y los de sus familias no estaban reconocidos formalmente, pero sí socialmente por sus vecinos, quienes acreditan la propiedad.

El último argumento que quisiera rebatir, que es, además, el que me resulta más agresivo, es que Máxima despierta solidaridad porque es una “indigente”. Máxima es una mujer campesina, trabajadora y luchadora; ahí radica su fuerza. ¿La violencia de Yanacocha sobre Máxima deja de ser condenable porque ella es “propietaria” de algo más? ¿No es Máxima una ciudadana que tiene derecho a enfrentar el cuestionamiento de su propiedad sobre Tragadero Grande en un juicio justo? ¿No es una ciudadana que tiene derecho a que la Policía no vaya como guardián de una empresa con la que disputa la propiedad, a agredirla y a ser testigo pasivo de cómo destruyen su vivienda? El caso de Máxima es simbólico NO porque es una mujer “indigente”, sino porque es una ciudadana que no está dispuesta a aceptar que la insulten, la agredan o la pretendan desalojar con violencia y sin mandato judicial.

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*Artículo de Ricardo Uceda: "El Pantanoso caso Chaupe"
**Otras publicaciones de Marisa Glave en NoticiasSER

El Congreso del Perú no debe otorgar extensión sin condiciones a Doe Run en La Oroya

Empresa usa tácticas legales y políticas cuestionables para presionar al gobierno

San Francisco, EEUU – Mientras que el Congreso peruano se encuentra considerando una norma para otorgar a la empresa Doe Run Perú (DRP) una extensión del plazo para el cumplimiento de las obligaciones del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por tercera vez, DRP usa tácticas legales cuestionables para presionar al Perú. El gobierno peruano no debe permitir la reapertura del complejo metalúrgico de La Oroya sin que la empresa cumpla de antemano sus obligaciones ambientales, se pronunciaron el martes las organizaciones internacionales Earthjustice y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente.

El Grupo Renco, la matriz de DRP, ahora mantiene una demanda en contra del Estado de Perú ante un tribunal de arbitramento internacional por $800 millones de dólares – monto que corresponde a la multa esperada como resultado de una demanda contra Renco en los EEUU interpuesta por niños envenenados de plomo en La Oroya. DRP está exigiendo al Estado que asuma la responsabilidad en este caso. En tal escenario, es importantísimo aclarar que incluso si el Congreso peruano le otorga a DRP otra extensión del PAMA y le permite reabrir el complejo metalúrgico, esto no tendría ningún impacto en el caso del arbitraje y la exigencia de que el Estado pague a DRP $800 millones de dólares.

Si el Congreso peruano considera que puede o debe otorgar una extensión al PAMA, este debería insistir en al menos tres puntos no negociables:

• Primero, que el Grupo Renco desista de continuar con la demanda de arbitraje internacional comercial.

• Segundo, que Doe Run acuerde que ésta asumirá toda responsabilidad en los EEUU relacionada con la contaminación proveniente de la fundición.

• Tres, DRP debería cumplir con la totalidad de sus compromisos del PAMA, antes del inicio de cualquier operación, de tal manera que el Estado peruano pueda empezar la remediación de suelos y de esa manera proteger la salud y los derechos humanos de los niños de La Oroya.

Para más sobre los antecedentes y tácticos legales, ver aquí: http://www.aida-americas.org/es/release/los-esfuerzos-del-per%C3%BA-para-limpiar-la-oroya-no-deben-detenerse-por-una-demanda-del-inversio.

“El Congreso debe reconocer que una extensión de ningún manera garantizaría que la empresa desistirá de la demanda, ni que cumplirá por fin con sus obligaciones ambientales. La demanda por $800 millones de dólares no tiene nada que ver con si se le permite a DRP continuar operando el Complejo. Pero los riesgos para la salud – y los riesgos económicos por posibles demandas contra el Estado para el país – son demasiado graves para que el Estado apruebe una extensión al PAMA. Si lo hace, el Estado quedaría vulnerable a la responsabilidad que pueda surgir en casos futuros de terceros por daños sufridos en La Oroya,” dijo Anna Cederstav de Earthjustice y AIDA.

“No podemos seguir visibilizándonos como un país débil, que cede ante la presión de una empresa irresponsable…. El Perú que todos queremos es aquel que hace cumplir las reglas que como Estado hemos decidido e impuesto, y que la vida está sobre cualquier interés particular,” dijo César Ipenza, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.