“Encuentro por la Memoria y la Justicia en conmemoración de los 20 años del Caso Santa”

El próximo 2 de mayo se conmemora 20 años de la detención, desaparición de los nueve campesinos en el distrito de Santa (1992),  la Comisión de Justicia Social y el grupo local impulsor del Movimiento Ciudadano Para que no se repita, se han unido para realizar un acto de memoria y brindar un reconocimiento especial a los familiares de las víctimas de Santa por su lucha permanente, valiente y tenaz en la búsqueda de justicia.

El año pasado los familiares tras encontrar los restos de sus seres queridos pudieron darle sepultura y de esta manera cerrar el duelo, sin embargo la justicia está pendiente, hasta la fecha continúan  esperando que la Sala Permanente de la Corte Suprema fije fecha de audiencia donde se ratifique la sentencia al Grupo Colina, dictada el 1 de octubre del 2010,  por los Casos Barrios Altos, Pedro Yauri y el Caso Santa.

 

Consideramos que es importante mantener la memoria y manifestar nuestra solidaridad con los padres, madres, hermanos, hermanas, esposas e hijos de las víctimas, que  aún esperan justicia. Con este motivo, le invitamos a participar  del “Encuentro por la Memoria y la Justicia en conmemoración de los 20 años del Caso Santa”,   este miércoles 2 de mayo, donde se desarrollarán las siguientes actividades:  

Misa de Conmemoración

Hora: 8:00 a.m.

Lugar: Parroquia San Pedro

Plantón y Foro Público por la Memoria y la Justicia en conmemoración de los 20 años del Caso Santa

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Berma Central de la Plaza de Armas (Esq. Av. José Pardo y Jr. Enrique Palacios)

Romería a Huaca Corral (Lugar del hallazgo)

Hora: 3:00 p.m.

Agradecemos la difusión.

Pronunciamiento del Colectivo Ciudadano por la Vida, la Paz y la Justicia

Ante la escalada de violencia e inseguridad que causa alarma por su crecimiento y crueldad, atentando contra la vida y la integridad de las familias y  la sociedad a nivel local y regional, hemos constituido una organización  integrada por personas e instituciones a la que hemos denominado Colectivo Ciudadano por la Vida, la Paz y la Justicia.

Quienes nos suscribimos manifestamos que:

Es necesario identificar y hacer visible que los actos de delincuencia, secuestros, violaciones sexuales, corrupción, crimen organizado, extorsiones y asesinatos son la secuela de diversos males que enfrenta nuestra sociedad.

Es responsabilidad del Estado, velar por nuestra seguridad a través de sus instituciones; no solamente para enfrentar las consecuencias, sino principalmente, para prevenir sus causas.

Es evidente que las autoridades competentes no están cumpliendo las funciones que por ley les corresponden para promover y proteger la seguridad ciudadana urgente en nuestro medio. La sensación de inseguridad es cada vez mayor.

El crimen tendría menos espacio si todas las responsabilidades de nuestras autoridades, tanto en la lucha contra la pobreza, como en educación y en la seguridad pública, fueran cumplidas eficientemente.

Estamos convencidos que la intervención de ciudadanos e instituciones representativas son vitales para aportar en soluciones a estos problemas, yendo más allá de la colaboración tan sólo con las medidas represivas.

Son cada vez más frecuentes y despiadadas las manifestaciones de violencia y muy limitada la respuesta social. La marginación de grandes grupos humanos también contribuye a esta situación. Estamos siendo ganados por la indiferencia y el miedo, sin capacidad de indignarnos ante estos graves acontecimientos. Urge organizarnos y actuar para la recuperación de los valores como el respeto a la vida, la honestidad, la solidaridad, la paz y la justicia tan necesarias para fortalecer los valores familiares y comunitarios y, por ende, el fortalecimiento del Estado de derecho.

El Colectivo Ciudadano por la Vida, la Paz y la Justicia, convoca a toda la sociedad civil local, a enfrentar el problema de manera organizada y planificada. Manifestémonos y actuemos a favor del restablecimiento de una Vida de Paz con Justicia.  Y exigimos a nuestras autoridades cumplir cabalmente con el rol que les corresponde.

Chimbote, 20 de abril de 2012

Integrantes del Colectivo: Centro Pastoral de la Universidad Nacional del Santa, Escuela de Agua Limpia, Colegio de Ingenieros de la Provincia del Santa, Rotary Club Chimbote, Pastoral Social del Diócesis de Chimbote,  Renace Perú, Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional del Santa,   Instituto Pachamama, Centro Amar, Instituto Natura, Departamento de Pastoral de Salud de la Diócesis  y Comisión de Justicia Social.

El Congreso del Perú no debe otorgar extensión sin condiciones a Doe Run en La Oroya

Empresa usa tácticas legales y políticas cuestionables para presionar al gobierno

San Francisco, EEUU – Mientras que el Congreso peruano se encuentra considerando una norma para otorgar a la empresa Doe Run Perú (DRP) una extensión del plazo para el cumplimiento de las obligaciones del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por tercera vez, DRP usa tácticas legales cuestionables para presionar al Perú. El gobierno peruano no debe permitir la reapertura del complejo metalúrgico de La Oroya sin que la empresa cumpla de antemano sus obligaciones ambientales, se pronunciaron el martes las organizaciones internacionales Earthjustice y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente.

El Grupo Renco, la matriz de DRP, ahora mantiene una demanda en contra del Estado de Perú ante un tribunal de arbitramento internacional por $800 millones de dólares – monto que corresponde a la multa esperada como resultado de una demanda contra Renco en los EEUU interpuesta por niños envenenados de plomo en La Oroya. DRP está exigiendo al Estado que asuma la responsabilidad en este caso. En tal escenario, es importantísimo aclarar que incluso si el Congreso peruano le otorga a DRP otra extensión del PAMA y le permite reabrir el complejo metalúrgico, esto no tendría ningún impacto en el caso del arbitraje y la exigencia de que el Estado pague a DRP $800 millones de dólares.

Si el Congreso peruano considera que puede o debe otorgar una extensión al PAMA, este debería insistir en al menos tres puntos no negociables:

• Primero, que el Grupo Renco desista de continuar con la demanda de arbitraje internacional comercial.

• Segundo, que Doe Run acuerde que ésta asumirá toda responsabilidad en los EEUU relacionada con la contaminación proveniente de la fundición.

• Tres, DRP debería cumplir con la totalidad de sus compromisos del PAMA, antes del inicio de cualquier operación, de tal manera que el Estado peruano pueda empezar la remediación de suelos y de esa manera proteger la salud y los derechos humanos de los niños de La Oroya.

Para más sobre los antecedentes y tácticos legales, ver aquí: http://www.aida-americas.org/es/release/los-esfuerzos-del-per%C3%BA-para-limpiar-la-oroya-no-deben-detenerse-por-una-demanda-del-inversio.

“El Congreso debe reconocer que una extensión de ningún manera garantizaría que la empresa desistirá de la demanda, ni que cumplirá por fin con sus obligaciones ambientales. La demanda por $800 millones de dólares no tiene nada que ver con si se le permite a DRP continuar operando el Complejo. Pero los riesgos para la salud – y los riesgos económicos por posibles demandas contra el Estado para el país – son demasiado graves para que el Estado apruebe una extensión al PAMA. Si lo hace, el Estado quedaría vulnerable a la responsabilidad que pueda surgir en casos futuros de terceros por daños sufridos en La Oroya,” dijo Anna Cederstav de Earthjustice y AIDA.

“No podemos seguir visibilizándonos como un país débil, que cede ante la presión de una empresa irresponsable…. El Perú que todos queremos es aquel que hace cumplir las reglas que como Estado hemos decidido e impuesto, y que la vida está sobre cualquier interés particular,” dijo César Ipenza, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

Conversatorio: “Hagamos Memoria: 5 de Abril, a 20 años del AUTOGOLPE Fujimorista. Para que la HISTORIA NO SE REPITA”

Al conmemorarse 20 años del AUTOGOLPE de Estado de Alberto Fujimori (05 de abril del 1992), hecho que dio paso a un ciclo de corrupción, manipulación de los medios de comunicación y recorte a las libertades ciudadanas, además de agravar el escenario de violación de derechos humanos que acompañó el período de guerra interna desde la década de 1980.

La Comisión de Justicia Social como organismo local encargado de la defensa y promoción de derechos humanos pretende promover la memoria ciudadana desde la reflexión, el diálogo, el debate y la exposición de imágenes, para asumir las responsabilidades que nos compete como ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el respeto a la vida y los derechos humanos, como base de un buen presente y construyendo un mejor futuro.

El Conversatorio: “Hagamos Memoria: 5 de Abril, a 20 años del AUTOGOLPE Fujimorista. Para que la HISTORIA NO SE REPITA”, se realizará el martes 10 de Abril, en el Auditorio “Justicia y Paz”, de la Comisión de Justicia Social de Chimbote (CJS), ubicado en Av. Enrique Meiggs N°570, de 6:00 a 8:00 p.m.

La presencia de destacados personalidades, profesionales y líderes de opinión de Chimbote; que participarán como panelistas, dará realce a la actividad, a la cual están invitados todos y todas. Además tendremos una Exposición Fotográfica.

Agradecemos por la difusión. Reiterando la invitación a las organizaciones, instituciones y ciudadanía, para recordar que acciones como éstas no deben repetirse.

Puede visualizar otros videos en nuestro canal de youtube: Comisón de Justicia Social

Grupo Impulsor Local del Plan Nacional de Derechos Humanos en Chimbote

Con la finalidad de contribuir a la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016, la Comisión de Justicia Social y representantes de la Universidad San Pedro, Hospital la Caleta, Defensoría del Pueblo – Módulo de atención Chimbote, Instituto Pachamama, Colegio de Ingenieros – Consejo Departamental Ancash- Chimbote, Colegio Regional XIX Ancash- Costa, Escuela de Agua Limpia y Ambiente con Perspectiva de Género, Pastoral social de la Diócesis de Chimbote, Pastoral de Cárceles, Comité de familiares detenidos desaparecidos de Santa, Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Chimbote, Asociación de discapacitados Perpetuo Socorro y Grupo Impulsor Local del Movimiento Ciudadano Para que no se Repita conformaron, ayer, el Grupo Impulsor Local.

El gobierno actual, desde el Consejo Nacional de Derechos Humanos ha anunciado el inicio de las audiencias públicas a nivel nacional, para recoger los aportes de las organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas para la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016, documento que orientará las políticas públicas de reconocimiento, protección y promoción de los derechos humanos de acuerdo a los estándares internacionales.

En nuestra jurisdicción la Comisión de Justicia Social, como organismo de derechos humanos ha promovido la conformación del Grupo impulsor Local, con la finalidad de que las organizaciones sociales e instituciones del Estado de la Sub región El Pacífico participen de la Audiencia Regional a realizarse en la ciudad de Huaraz, el próximo 12 y 13 de abril del presente.

APORVIDHA: Sobre demanda de amparo por violación del derecho a la consulta previa en aeropuerto de Chinchero

La Asociación por la Vida y la Dignidad Humana – APORVIDHA, se dirige a la opinión pública y a los medios de comunicación para expresar su rechazo a todos los adjetivos que se han venido utilizando en contra de nuestra institución respecto de la Demanda de Amparo presentada en el Caso del Aeropuerto de Chinchero, por los comuneros de Yanaconas del distrito de Chinchero, frente a lo que señalamos lo siguiente:

1. APORVIDHA es una asociación civil sin fines de lucro, integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que desde 1997 labora a favor de la defensa y promoción de los Derechos Humanos en el Cusco, no sólo desde la defensa legal sino también a través de capacitaciones y talleres para promover y difundir los Derechos Humanos.

2. De esta formar venimos trabajando con lideres comunales, operadores de justicia, consejeros regionales, procuradores, periodistas en talleres sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169, Tratado Internacional de Derechos Humanos que cuenta con rango constitucional y que debe ser aplicado de manera efectiva en nuestro territorio nacional, tal como lo reconoce el Tribunal Constitucional STC. Nº 0025-2005-PI/TC.F.J.33.

3. Como organización de derechos humanos y a pedido de los comuneros de Yanacona estudiamos la situación del Proyecto del Aeropuerto de Chinchero, identificando la violación de algunos derechos estipulados en el Convenio 169 razón por la cual presentamos una DEMANDA DE AMPARO POR VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA, EN EL CASO DEL AEROPUERTO DE CHINCHERO. Demanda que se viene tramitando en el Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia del Cusco.

4. El derecho a la Consulta Previa es un derecho de los pueblos indígenas que debe ser respetado, para ello, tal como lo indican el Convenio 169 de la OIT (suscrito por el Estado Peruano) y la Ley del Derecho a la Consulta Previa, se debe realizar un proceso adecuado que asegure una real participación de los involucrados.

5. También queremos aclarar que son falsas las afirmaciones vertidas en algunos medios de comunicación sobre la vinculación laboral que tendría el señor Jorge Millones con Aporvidha. El señor Jorge Millones no ha laborado ni labora en nuestra institución, teniendo como único vinculo la amistad y el respeto por el arte que realiza.

6. Finalmente, APORVIDHA reconoce la necesidad de la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero y lo único que exigimos es el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos originarios en cumplimiento del marco normativo vigente.

Cusco, viernes 23 de marzo 2012.

APORVIDHA
Asociación por la Vida y Dignidad Humana – Cusco

Audiencia: " Acceso a la Justicia para las Mujeres en las Américas"

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció hoy la persistencia de dificultades para que la mujer latinoamericana acceda a la justicia, pese a los avances normativos en la región en cuestión de género y de violencia doméstica.

Ante organizaciones de mujeres de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y México, la CIDH analizó hoy el acceso de las mujeres a la justicia y la protección por violencia de género, durante una audiencia en Washington en su 144 periodo de sesiones.

Pese a ciertos avances legislativos al respecto en la región, las asociaciones a favor de los derechos de la mujer subrayaron que hay tipos de violencia contra la mujeres que “quedan invisibles” en el sistema judicial, como el acoso sexual a trabajadoras domésticas.