Es importante mantener la memoria viva
para no permitir que actos que violan los derechos humanos se vuelvan a
repetir, es por ello, que la Comisión de
Justicia Social como organismo de defensa de los derechos humanos organizó
el video foro, “Hagamos memoria: Verdad
y justicia de las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas”
Teniendo como expositores a Lic. Yolanda
Cadenillas Ortega, directora del Instituto Pacha Mama, quien definió y amplió el
tema y nos contó su experiencia y al Abg. Víctor Mendoza Barrantes, Director de
la Comisión de Justicia Social, quien hizo referencia sobre el caso de Mamérita
Mestánza, el cual fue precedente para la reapertura de la investigación por las
esterilizaciones forzadas en el Perú.
En los años 1996-2000, la política de
planificación familiar implementada durante el gobierno del Alberto Fujimori,
fue aplicada de forma irregular, violando una serie de derechos humanos de las
mujeres (tanto por la falta de consentimiento, como por la baja calidad de
atención médica) y es uno de los temas
pendientes de sanción y reparación.
La cantidad de mujeres esterilizadas oscilan entre las 300 mil, y a 16 mil hombres,
se les practicó la vasectomía. Las consecuencias de las esterilizaciones en
cifras, daños físicos y mentales a las mujeres esterilizadas contra su voluntad,
es un asunto que aún no ha sido evaluado a profundidad en el Perú. (Fuente: Man Fundacional)
Las mujeres a quienes se dirigió, el
programa nacional de salud reproductiva pertenecían a los sectores más pobres
del país. Como explica el informe de la Defensoría del Pueblo del Perú, las
mujeres tenían el siguiente perfil: mujeres analfabetas o con instrucción
primaria, agricultoras, campesinas y amas de casa. Asimismo, señala que el
mayor número de denuncias se concentra en los departamentos de Ayacucho y Huancavelica,
los más pobres del país. Los métodos de «captación» de usuarias comprendían la
entrega de paquetes de alimentos, las visitas reiteradas a los domicilios de
las mujeres, las amenazas veladas o explícitas y la persecución y detención en
el caso de mujeres indígenas de Amazonía.
Así también, en el evento se presentó el
reporte “Nada Personal”, de Giulia
Tamayo, sobre las Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), la misma que
presentaba documentación de metas impuestas por el Ministerio de Salud y en el
que se fundamentaron las investigaciones en la CIDH.
Cabe recalcar, que hasta la fecha, el estado Peruano, no ha sancionado a los
responsables y las víctimas aun no han recibido reparaciones.
“Más de dos décadas de nuestras vidas y exigiendo justicia para nuestros hijos, a pesar de las enfermedades, dificultades e indiferencia, nunca desmayamos hasta encontrar los cuerpos de nuestros hijos, sin embargo la búsqueda de verdad con justicia continua” señaló don Alejandro Castillo Vega, padre de Denis Castillo Chávez, uno de los nueve campesinos.
Por su parte, Edwin Barrientos Velásquez agradeció a las personas e instituciones que a lo largo de estos años los han acompañado y apoyado en su clamor por justicia. Asimismo exigió que los jueces de la Corte Suprema ratiquen la sentencia al Grupo Colina. 
