Comunicado de la diócesis de Tarma ante la difícil situación ambiental en Simón Bolívar (Región Pasco)

Personas afectadas demanda solución ante este grave problema.
Foto: Diario Correo.

Programa de la CJS por festividades de San Pedrito

Participa y ¡Pasa la voz!

JUEVES 22 DE JUNIO
•8:30 a.m. Misa en homenaje a San Pedrito. “Día de la justicia, bancos, industrias, mypes y trabajo”.
Mensaje bíblico: “El que procede honradamente y practica la justicia habitará en tu monte santo Señor”
Lugar: Parroquia San Pedro (Av. José Pardo N°143. Chimbote).

•6:00 p.m. Foro Público “25 años: Caso Santa ¡NUNCA MÁS!”
Lugar: Auditorio de la Comisión de Justicia Social (Av. E. Meiggs  N°570).
Evento en Facebook: http://ow.ly/Y5a630cIgTE

VIERNES 23 DE JUNIO
•4:00 p.m. Foro Público “25 años: Caso Santa ¡NUNCA MÁS!"
Lugar: E.A. Comunicación Social – Universidad Nacional del Santa (Av. Universitaria s/n. Nuevo Chimbote).
Evento en Facebook: http://ow.ly/rSHW30cIgWR

MARTES 27 DE JUNIO
•10:00 a.m. Presentación musical “Canto a la vida y la esperanza”
Lugar: Penal Cambio Puente.
•4:00 p.m. Presentación musical “Canto a la vida y la esperanza”
Lugar: Centro Poblado Cahuide.

MIÉRCOLES 28 DE JUNIO
•10:00 a.m. Presentación musical “Canto a la vida y la esperanza”
Lugar: Auditorio Haustgen – Pedagógico Público (Av. Los Alcatraces s/n. Urb. Los Héroes, Nuevo Chimbote)
•3:00 p.m. Presentación musical “Canto a la vida y la esperanza”
Lugar: INABIF – Nuevo Chimbote

Corte Suprema de Chile amplía extradición de Fujimori

Foto: Diario La República.

Resolución de ampliación de extradición de Alberto Fujimori para ser investigado por los presuntos delitos de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir.

El fallo señala que estos cargos "en definitiva constituyen un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (...) por lo que se ha de reconocer su carácter de imprescriptibles, así como la imposibilidad de amnistiarlos y de consagrar excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de tan graves violaciones a los derechos esenciales, prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos."

Lea la resolución completa de la Corte Suprema de Chile.

Ataque brutal contra las comunidades de Buenaventura

Pronunciamiento de la "Asociación para la Investigación y la Acción Social - Nomadesc" de Colombia

CONTINÚA TRATAMIENTO DE GUERRA A PARO CÍVICO.

Composición de imágenes de El Espectador.

BOLETÍN 06

Desde la madrugada del día 02 de Junio de 2017 se presenta una arremetida brutal por parte de la fuerza pública; la comunidad denuncia la descomunal presencia de hombres armados en las calles y el movimiento de la fuerza pública por vía área, marítima y terrestre, en barrios como Isla de la Paz, Vía Alterna, Oriente y CIMA donde se han escuchado ráfagas y detonaciones de gases lacrimógenos.

-Se han recibido mensajes enviados a los transportadores y generadores de carga donde anuncian caravanas el día 01 de junio de 2017 a las 6:00 p.m. vía Mediacanoa – Buenaventura y el día 02 de junio de 2017 a las 01:00 a.m. vía Buenaventura – Mediacanoa donde se da información de contacto de los tenientes a cargo de la seguridad para dichas caravanas.

-La comunidad denuncia que se ha reforzado la presencia de la fuerza pública en casi 400 hombres del ESMAD y policía fuertemente armados, más de 6 tanquetas, 20 carros de policía y 50 motos para asegurar la movilidad de la carga que se encuentra represada; Efectivos del ESMAD han llegado al puerto de Buenaventura vestidos de civil en carros públicos pretendiendo ingresar para cambiarse y continuar con la arremetida contra la población. Se denuncia además que los efectivos de la fuerza pública han sido rotados con la finalidad de no permitir su identificación.

-Denuncian que alrededor de las 2:30 de la mañana en la comuna 6 empezó a rondar un helicóptero que lanzó gases lacrimógenos en el barrio Isla de la Paz, situación que obligó a la comunidad a salir de sus viviendas y refugiarse en el Barrio Cima, el helicóptero hacia seguimiento de estas personas con bombillo.

-En estos momentos en el Sector del Barrio Oriente se escuchan detonaciones con arma de fuego.

-En el Centro Asistencial Santa Sofía dos agentes de la SIJIN se hicieron pasar por Defensores de Derechos Humanos y abordaron al joven herido que presentó fractura de pierna izquierda para hacer preguntas, la familia se dio cuenta y no permitió el interrogatorio.

La comisión de veeduría de derechos humanos se encuentra en el Hospital en Santa Sofía; verificando primer reporte de atención a personas lesionadas; confirmado varios heridos menores de edad entre los cuales se encuentran cuatro menores de 2 meses de edad con graves signos de asfixia por gases lacrimógenos; un herido con granada de gases lacrimógenos que ocasionó una fractura en la pierna izquierda.

La comunidad se encuentra en estado de alerta máxima, han denunciado la gravedad de los enfrentamientos que se presentan desde la madrugada hasta el momento, todo con la única finalidad de movilizar la carga del puerto hacia el interior del país, sin dimensionar los actos de violencia que se cometan en contra de la población civil.

Por intermedio de los garantes de la mesa de negociación en Buenaventura y ante la negativa del presidente Juan Manuel Santos de asumir su responsabilidad directa en la búsqueda de soluciones a las peticiones de la población de Buenaventura, se solicitó al Procurador General de la Nación como institución que debe brindar garantías para que el gobierno nacional responda a las solicitudes de la Población. Se propuso para el día de hoy una reunión de alto nivel en la que participarán solo tres delegados del comité ejecutivo del paro cívico para vivir con dignidad y en paz en Buenaventura. Esta reunión solo tiene el propósito que el presidente y los ministros viajen a Buenaventura en las próximas horas para entregar una respuesta a las comunidades sobre la propuesta presentada a la cual los delegados de segundo nivel del gobierno dicen no tener capacidad de decisión.

Manifestamos que estaremos atentos en todos los puntos de encuentro de la comunidad, con el objetivo de dar seguimiento a las situaciones que alteren el respeto a los derechos humanos.

“La protesta pública es una de las formas de ejercicio del derecho de reunión y de la libertad de expresión, y permite garantizar el buen funcionamiento del sistema democrático” Relator Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

REITERAMOS LA NECESIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE POR PARTE DE ORGANISMOS MULTILATERALES DE NACIONES UNIDAS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS.

LA COMUNIDAD DE BUENAVENTURA TEME POR SU VIDA.

Premio nobel de la paz @JuanManSantos debe parar la guerra contra su pueblo. Buenaventura requiere soluciones ya. @RevistaSemana

— Asociación Nomadesc (@Nomadesc) 2 de junio de 2017

Eventos por el Día Nacional Contra los Crímenes de Odio

u Encuentro "Memorias (IN)visibles", se desarrollará en el LUM desde las 5:00 pm a las 8:30 pm, y verá una mesa redonda y un conversatorio sobre el tema de la violación de los DDHH de la población LGBTI durante la época del conflicto y respetivamente, las respuestas de Estado y Sociedad Civil a tales crímenes de discriminación.

Aquí el enlace al evento en Facebook: https://www.facebook.com/events/299669410478222/

v En la sede del MHOL, mañana 31 de mayo de 7:30 pm a 9:30 pm, y consistirá en la construcción del Quipu de la Memoria LGBTI; participarán Indira Huilca, Carlos Bruce, y el Presidente del Poder Judicial,Duberlí  Rodríguez.

Aquí  el   enlace  al  evento en   Facebook:  https://www.facebook.com/events/1838085596519278/
y  a  la  nota  de  prensa:  https://es.scribd.com/document/349348528/Nota-de-Prensa-Convocatoria-Quipu-LGBTI-2017.

¿Por qué el 31 de mayo?

La fecha alude directamente a la masacre perpetrada en 1989 por terroristas del MRTA contra homosexuales, en su autodenominado proceso de ‘erradicación de indeseables’. Este crimen múltiple sucedió en Tarapoto (San Martín) el cual está consignado en el Informe Final de a Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

La violencia manifestada en varias formas continúa atacando a la población LGTBI.

Texto del blog: Grupo Impulsor contra el Racismo y otras formas de Discriminación (GIM-PERÚ)

Organizaciones brasileñas repudian matanza de campesinos en el Estado de Pará

REPUDIAMOS LA BRUTAL MATANZA DE CAMPESINOS EN EL SUR DEL ESTADO DE PARÁ – BRASIL.

EXIGIMOS INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL INDEPENDIENTE DE ESTE CRIMEN DE ESTADO.

"Masacre en Pará". Nota informativa de TV FHOLA: ow.ly/PBzb30caNmq

El conjunto de entidades y movimientos abajo firmantes repudia vehementemente la acción planificada de las Policías Civil (Delegación Especializada en Conflictos Agrarios – DECA) y Militar del estado de Pará (Brasil) que llevó, en el último día 24/05, a la muerte de por lo menos 10 campesinos, heridas en al menos 14 y varios desaparecidos. Los muertos confirmados hasta el momento son: Weldson Pereira da Silva; Nelson Souza Milhomem; Weclebson Pereira Milhomem; Ozeir Rodrigues da Silva; Jane Julia de Oliveira; Regivaldo Pereira da Silva; Ronaldo Pereira de Souza; Bruno Henrique Pereira Gomes; Antonio Pereira Milhomem; Hércules Santos de Oliveira. Siete de las víctimas pertenecen a una misma familia.

Los trabajadores rurales estaban acampados al lado de la hacienda Santa Lúcia, Municipalidad de Pau D'Arco, sudeste del estado, por ellos ocupadas hasta la reciente reintegración de posesión. La tierra sería supuestamente propiedad de una conocida familia de "grileiros" (usurpadores con titulo falso), que controla irregularmente miles de hectáreas en la región. En la hacienda Cipó, también ocupada recientemente por la "Liga de los Campesinos Pobres (LCP) de los estado de Pará y Tocantins (movimiento al que estaban vinculados los asesinados en Santa Lúcia), se comprobó, por ejemplo, que de sus 800 acres, apenas 200 eran documentados, siendo el restante tierra del Estado en verdad.

Repudiamos y denunciamos igualmente la versión presentada por la Policía, según la cual las muertes fueron por efecto de un "enfrentamiento" armado. No existe enfrentamiento posible cuando NINGÚN policía sufrió daño físico alguno, como fue el caso. También las "armas" presentadas como prueba por la Policía, viejas e ineficientes, son evidentemente incapaces de ser usadas de forma ofensiva, inclusive si estuvieran de hecho en pose de los sin tierra. En verdad, en esta justificativa vemos la reproducción, en el contexto rural, de los alegatos de "autos de resistencia" (artilugio legal para cubrir de impunidad las muertes de civiles en manos de policías) sistemáticamente presentadas por las fuerzas policiales brasileñas para las ejecuciones sumarias y matanzas perpetradas en las favelas y periferias del país, práctica ya condenada muchas veces por la ONU y otros organismos internacionales.

Los relatos que tenemos hasta el momento testifican atrocidades e irregularidades en la actuación policial. Actuando sobre el pretexto de un mandato de prisión, ejecutaron incluso al presidente de la asociación de campesinos local, Jane, que intentó dialogar con los agentes del Estado. La escena del crimen fue desarmada y los cuerpos enviados para dos ciudades diferentes, Marabá y Paraopebas, antes de la realización de la pericia local. El Ministerio Público Federal y el Consejo Nacional de Derechos Humanos ya se encuentran en el local y relataron estas y varias otras irregularidades.

La región donde ocurrió la matanza tiene una larga historia de conflictos agrarios y violaciones de derechos cometidos por el Estado Brasileño. Todavía sobre régimen militar, la resistencia popular organizada en la llamada Guerrilla de Araguaia fue aplastada con asesinatos, torturas y desapariciones masivas, condenables por las legislaciones nacional e internacionales. En diciembre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, condenó a Brasil por no punir los responsables por las muertes y desapariciones, y determinó que sean realizados todos los esfuerzos para localizar los cuerpos de los desaparecidos. El Tribunal concluyó que el Estado Brasileño es responsable por la desaparición de 62 personas, ocurrida entre 1972 e 1974. En esta misma región, en abril de 1996, la Policía Militar (PM) de Pará realizó la tristemente célebre masacre de Eldorado dos Carajás, en la cual 19 campesinos del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) fueron asesinados, y decenas de heridos y mutilados. Apenas dos comandantes de la PM fueron condenados por las atrocidades, en procesos y juicios denunciados por enormes irregularidades por Anistía Internacional, entre otros órganos.

El telón de fondo de esta historia de violencia e injusticia es una enorme concentración de la propiedad de la tierra. En Pará, apenas 8% de los propietarios rurales controlan 69% del suelo. Aunque en esta parte del país la concentración sea la mas extrema, esa es una realidad de todo Brasil, que incluso se profundizó en las últimas décadas. El área ocupada por los latifundios pasó de 214,8 millones de hectáreas en 2003, para 318 millones en 2010 (casi 50% de aumento). Entre 2010 y 2014, 6 millones de hectáreas mas pasaron para las manos de los grandes propietários. 130 mil grandes latifundios concentran 47,23% de toda el área registrada por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA). Por otro lado, 3,75 millones de minifundios (pequeñas propriedades y posesiones) corresponden a 10,2% del territorio registrado, solamente. Ante semejante desigualdad, consideramos legítimos y apoyamos los movimientos de ocupaciones y retomadas, que por todo Brasil son organizados por campesinos sin tierra, pueblos indígenas y quilombolas. Si el Estado no hace nada efectivo para erradicar la desigualdad, el pueblo tiene el derecho y el deber de buscar la justicia a través de su propia organización y acción directa.

El estado Brasileño no solo que promueve la justicia, sino que además es el principal agente de la violencia contra la organización y la lucha popular en el campo. Cuando no la ejecuta directamente a través de sus órganos represivos (policías y eventualmente las Fuerzas Armadas), el Estado se omite o se vincula clandestinamente a los pistoleros armados e pagos por el latifundio, como ya fue demostrado por investigaciones en varios casos. La violencia en la lucha por la tierra ha aumentado significativamente en los últimos años. Según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en 2015 hubieron 49 asesinatos en el campo, y 61 en 2016, el mayor número desde 2003. Ahora en 2017, incluyendo las 10 víctimas ya confirmadas de Pau D'Arco, ya son 36 muertos. De estos, 9 fueron asesinados en una única matanza hace un mes atrás, en Colniza, norte de Mato grosso, crimen ejecutado por pistoleros. O sea, no solo que las muertes han aumentado, sino que también los episodios han sido mas sangrientos, en una dimensión que no era observada desde los años 1990, época de los masacres de Eldorado dos Carajás y Corumbiara (Rondônia). Un componente fundamental en ese agravamiento de la violencia, es el comportamiento del poder Judicial, que ha expedido con una velocidad sin precedentes ordenes de reintegración de pose (desalojo), que generalmente redundan en conflictos violentos.

Ese aumento de la violencia sobre la población pobre, negra e indígena, no es exclusiva de las áreas rurales. También en las ciudades los números de la violencia que afecta principalmente a los habitantes de las favelas y periferias ha aumentado terriblemente desde 2012 por lo menso. Incluyendo la violencia ejecutada directamente por el Estado, como ejecuciones sumarias, torturas y desapariciones practicados por la policía. Acá en Rio de Janeiro, por ejemplo, el número de víctimas fatales debido al accionar policial (los macabros "autos de resistencia"1) pasó de 241, en el período entre enero y abril de 2016, para 383 en el mismo período de este año, cerca del 59% de aumento.

Para completar este cuadro, desde 2013 la represión violenta y persecución a los movimientos y protestas populares también aumentó de forma alarmante, así como las legislaciones e instrumentos adoptados para eso por el Estado. Los vínculos entre la represión política y la violencia social permanente y estructural contra los oprimidos, son evidentes. Desde 2013, acá en Rio, los blindados de la policía e el BOPE2, creados para la actuación en las favelas, también fueron empleados en la represión a manifestaciones públicas. Jóvenes que protestaban contra los gastos ilegítimos en el Mundial de fútbol acá en Rio. Y militantes del MST en el estado de Goiás, fueron procesados y presos con base en la ley ampliada de "organizaciones criminosas". Y, mas significativo, en el mismo día 24/05 en que sucedió la matanza en Pará, el presidente de la República decretó la intervención de las Fuerzas Armadas contra las manifestaciones en Brasília. La legislación usada, que prevé las llamadas misiones de "Garantía de la Ley y el Orden" (GLO), fue la misma usada para la ocupación de la Favela de la Maré por el ejército por 14 meses, a partir de abril de 2014.

Ese recrudecimiento de la violencia de las oligarquías sociales y políticas, un verdadero giro fasistizante del Estado brasileño, ganó mayor aliento desde las elecciones de 2014, que fortalecieron significativamente en el Congreso Naciona los bloques de parlamentarios ligados a los sectores mas reaccionarios de la sociedad, las llamadas Bancadas del Buey y de la Bala. Ese es el contexto del masacre de Pau D'Arco! La Violencia contra los campesinos tiene que ser repudiada por todos los sectores democráticos y progresistas del país, incluso porque es parte de una violencia creciente que se cierne sobre toda la sociedad!

Frente a la incapacidad que ha demostrado el estado brasileño de investigar y punir sus propios crímenes, sea en el campo o en las ciudades, exigimos una investigación independiente por parte de los organismos internacionales sobre la matanza de Pau D'Arco. En la historia reciente de América Latina hay precedentes suficientes para eso, como la investigación de los peritos internacionales independientes en el caso de los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada en Ayotzinapa, México, en 2014.

Firman este documento:

Grupo Tortura Nunca Mais/RJ

Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos (CEBRASPO)

Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência

Mães de Maio

Justiça Global

Comissão de Direitos Humanos OAB-RJ

Associação Brasileira dos Advogados do Povo (ABRAPO)

Instituto de Estudos Críticos do Direito (IECD)

Mídia Independente Coletiva-MIC

Rexistência Aldeia Maracanã

Coletivo Fala Akari

Centro Cultural Antonio Carlos Carvalho (CeCAC)

Fórum Social de Manguinhos - FSM.

Filhos e Netos por Memória, Verdade e Justiça

Coletivo Mariachi

Radio Mutirão

MPL Niterói

CAOS - Auto-organização social

Frente Dario Santillán (Argentina)

NOS - Nova Organização Socialista

PartidA RJ

Grupo TransRevolucão

CasaNem

PCR - Partido Comunista Revolucionário

MLC - Movimento Luta de Classes

MLB - Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas

Movimento de Mulheres Olga Benário

Movimento Negro Perifa Zumbi

Coletivo Técnico de Apoio às Comunidades em Luta por Moradia

Assembleia Popular do Largo do Machado 

Grupo de Defesa da Ecologia Ocupa Golfe 

Assembleia Popular da Cinelândia 

Mais Amor Menos Capital 

Ação Direta em Educação Popular (ADEP)

Rede de Informações Anarquistas (RIA)

Más información sobre la situación de derechos humanos en Brasil en: www.global.org.br

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