Desde Chimbote, la Comisión de Justicia Social se suma a las más de cien organizaciones civiles latinoamericanas que rechazan la captura de la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía General de la República en El Salvador.
Los actos mencionados constituyen un atentado grave a la independencia del sistema de justicia salvadoreño, pero, además, eliminan los principales contrapesos democráticos al poder político, concentrados en el partido de gobierno. De manera particular, la captura ilegítima de autoridades judiciales vinculadas al poder político, y la subsecuente desaparición del principio de separación de poderes, constituye un peligroso precedente para la democracia en el hemisferio.
Alertamos a los organismos internacionales de derechos humanos, y la comunidad internacional e interamericana de naciones sobre la gravedad de estos hechos, y hacemos un llamado público a adoptar medidas inmediatas para evitar un escenario de ruptura democrática en el país, a través de los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana.
Aquí el comunicado completo y el apoyo a nivel latinoamericano.
