Esta observación inició cuando se le hizo de conocimiento a la Dra. Roslin Villanueva Ramírez, comisionada defensorial de Chimbote, sobre el cobro ilegal por acceso a la información pública para el ‘Informe de Acción de Vigilancia Ciudadana de los recursos del canon minero en la Universidad Nacional del Santa 2005-2013’, elaborado por La Red de Ética y Gobernabilidad de la Provincia del Santa (RedEG-Santa) que, alcanzará las recomendaciones de la Defensoría a las autoridades universitarias.
En consecuencia, el 22 de mayo del año en curso, se emitió el oficio de la Defensoría donde se expone la queja con respecto a la presunta vulneración del Derecho de Acceso a la información Pública (Cobros Ilegales o arbitrarios) ante America Odar Rosario, Rectora de la Universidad Nacional del Santa. Las diversas tasas fijadas en su TUPA institucional (de la UNS) para obtener la información solicitada resultan costosas con relación al precio promedio del mercado.
Para finalizar se le pidió a la Rectora de la UNS informar dentro de 10 días hábiles sobre las acciones adoptadas por su persona, a efectos que el costo por reproducción en las solicitudes de acceso a la información pública no tenga ninguna distinción o diferenciación. También, como parte de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, deberán adecuarse a los precios del mercado donde sólo se cobre el costo real del material a usar y no costos que puedan derivar del mismo.
Justicia Social Comunicaciones
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