PRONUNCIAMIENTO
La
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se pronuncia en contra de la
propuesta de candidatos al Tribunal Constitucional y a la Defensoría del
Pueblo por cuotas partidarias porque esta lógica pone en riesgo la
institucionalidad democrática del Perú
La CNDDHH, en representación de 81 organizaciones
nacionales que promueven y defienden los derechos humanos, expresa su
extrañeza y cuestionamiento al proceso que se viene desarrollando en el
Congreso de la República para elegir a los nuevos miembros del Banco
Central de Reserva, Tribunal Constitucional y Defensoría del Pueblo.
Todo el país observa con sorpresa que la negociación en paquete producida en el Congreso de la República no ha sido más que una repartija de puestos entre las diferentes bancadas, habiéndose establecido un consenso en torno a candidatos que en su mayoría no tienen experiencia ni trayectoria en derecho constitucional, defensa de los derechos humanos, o probidad en el manejo de los recursos públicos y, por el contrario, han estado y siguen comprometidos con la impunidad. Tal es el caso del ex congresista fujimorista, Víctor Rolando Sousa, hoy candidato al Tribunal Constitucional.
Desde el movimiento de derechos humanos consideramos que la posible elección del ex congresista Víctor Rolando Sousa en el Tribunal Constitucional sería contradictoria, absurda e inadmisible, pues se trata de un abogado cuya carrera ha estado dedicada a procurar la impunidad de perpetradores de crímenes contra los derechos humanos, tales como los miembros del Grupo Colina y Alberto Fujimori.
Consideramos, asimismo, que la candidatura de la abogada Pilar Freitas como titular de la Defensoría del Pueblo está acompañada de una serie de inconvenientes que ensombrecen su postulación, planteando una situación de ambigüedad que no favorece la institucionalidad democrática.
Los ciudadanos que aspiren a ser miembros de instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo, deben tener una trayectoria intachable y un compromiso firme con el respeto a la Constitución y los derechos humanos consagrados en ella. Es vergonzoso que su elección dependa de una serie de componendas que desatienden los más elementales principios democráticos.
Dejamos a salvo de esta impugnación a los abogados Fernando Eguiguren y Ernesto Blume Fortini, profesores de derecho constitucional de reconocida trayectoria, así como a los tres candidatos para integrar el directorio del BCR, Drago Kisic, Gustavo Yamada y Francisco González, a quienes reconocemos su idoneidad para asumir una responsabilidad de trascendencia en el manejo económico y financiero de nuestro país, dadas sus trayectorias académicas o como dirigentes gremiales del empresariado nacional y local.
Por lo expuesto demandamos a todos los representantes del Congreso del Perú:
Todo el país observa con sorpresa que la negociación en paquete producida en el Congreso de la República no ha sido más que una repartija de puestos entre las diferentes bancadas, habiéndose establecido un consenso en torno a candidatos que en su mayoría no tienen experiencia ni trayectoria en derecho constitucional, defensa de los derechos humanos, o probidad en el manejo de los recursos públicos y, por el contrario, han estado y siguen comprometidos con la impunidad. Tal es el caso del ex congresista fujimorista, Víctor Rolando Sousa, hoy candidato al Tribunal Constitucional.
Desde el movimiento de derechos humanos consideramos que la posible elección del ex congresista Víctor Rolando Sousa en el Tribunal Constitucional sería contradictoria, absurda e inadmisible, pues se trata de un abogado cuya carrera ha estado dedicada a procurar la impunidad de perpetradores de crímenes contra los derechos humanos, tales como los miembros del Grupo Colina y Alberto Fujimori.
Consideramos, asimismo, que la candidatura de la abogada Pilar Freitas como titular de la Defensoría del Pueblo está acompañada de una serie de inconvenientes que ensombrecen su postulación, planteando una situación de ambigüedad que no favorece la institucionalidad democrática.
Los ciudadanos que aspiren a ser miembros de instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo, deben tener una trayectoria intachable y un compromiso firme con el respeto a la Constitución y los derechos humanos consagrados en ella. Es vergonzoso que su elección dependa de una serie de componendas que desatienden los más elementales principios democráticos.
Dejamos a salvo de esta impugnación a los abogados Fernando Eguiguren y Ernesto Blume Fortini, profesores de derecho constitucional de reconocida trayectoria, así como a los tres candidatos para integrar el directorio del BCR, Drago Kisic, Gustavo Yamada y Francisco González, a quienes reconocemos su idoneidad para asumir una responsabilidad de trascendencia en el manejo económico y financiero de nuestro país, dadas sus trayectorias académicas o como dirigentes gremiales del empresariado nacional y local.
Por lo expuesto demandamos a todos los representantes del Congreso del Perú:
- Evitar completar forzadamente la
elección de los seis miembros del TC, pues esta situación permitiría el
ingreso de personas cuestionadas en su trayectoria, con vínculos
explícitos con la corrupción y la violación de derechos humanos.
- Que para la elección de los
miembros del TC y Defensoría del Pueblo prime la experiencia democrática
y de defensa de los derechos fundamentales de los candidatos y
candidatas antes que su pertenencia partidaria.
- Que en el caso de los actuales
candidatos para miembros del TC es posible distinguir entre abogados y
juristas con trayectoria constitucional y democrática, de aquellos que
no la tienen, invocamos a la representación parlamentaria a establecer
una mecánica de votación que permita elegir uno por uno a los miembros
del TC y no en “bloque”.
- Que en el caso de la Defensoría del Pueblo, señalamos, que si bien es cierto han pasado dos años sin la posibilidad de elegir a un nuevo o nueva Defensor o Defensora, la Institución ha seguido respondiendo de manera objetiva a las situaciones en la que su acción ha sido solicitada por lo que invocamos a la representación parlamentaria a establecer una nueva mecánica de elección, en tanto que la lógica del “cuoteo” partidario deja sin legitimidad una institución tan importante.
Lima 11 de julio de 2013
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
APRODEH
IDL
FEDEPAZ
COMISEDH
Paz y Esperanza
IPEDHEP
CODEH – ICA
APORVIDHA
GRUFIDES
Vicaría de Jaén
CEDEP – Puno
Comisión de Justicia Social de Chimbote
COSDEJ-Chiclayo
CODEH Pucallpa
CODHA Aucayacu
MHOL
REDINFA
DDHH y Medio Ambiente – PUNO
siguen firmas
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