viernes, 10 de septiembre de 2010

PRONUNCIAMIENTO: Exigimos la derogatoria de decretos legislativos que permiten la Impunidad

Los decretos legislativos recientemente promulgados por el Poder Ejecutivo constituyen un grave atentado contra los principios fundamentales de la democracia. El decreto legislativo 1097 que establece los nuevos procedimientos en casos de violaciones a los derechos humanos, el decreto legislativo 1095 referido al uso de la fuerza, y el decreto legislativo 1094 que considera delitos comunes como delitos de función, establecen la existencia de un nuevo marco normativo de absoluta desprotección para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

Las disposiciones contenidas en el decreto legislativo 1097 favorecen de manera ilegal y desproporcionada a quienes se encuentran procesados por graves crímenes contra los derechos humanos y tienen como objetivo fundamental el archivamiento definitivo de los procesos judiciales. Estas disposiciones legales no son más que la materialización de una intensa estrategia liderada desde el Poder Ejecutivo en alianza con el fujimorismo con el evidente propósito de dejar en la impunidad los crímenes horrendos perpetrados durante el conflicto armado interno. En tal sentido, dicha norma no es más que una amnistía encubierta.

Por otro lado, las disposiciones contenidas en el decreto legislativo 1095 referidas al uso de la fuerza no sólo expresan una falta de de comprensión de las causas de los diferentes conflictos sociales que aquejan a nuestro país, sino también la persistencia del Estado en una estrategia que prioriza la intervención militar, la misma que a todas luces ha fracasado y que ha significado la pérdida de vidas humanas. Bajo esa lógica, este decreto y el decreto legislativo 1094 (código penal militar policial), termina concediendo indebidas atribuciones a la justicia militar para que juzgue situaciones provenientes de dichos conflictos sociales.

Nuestras instituciones, y sobre todo las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, tienen el legítimo derecho a que la justicia determine de manera independiente las responsabilidades penales de los perpetradores. Es contrario a la Constitución y a los instrumentos internacionales de derechos humanos, que el propio Estado peruano aliente la impunidad de crímenes contra la humanidad, siendo inadmisible, además, que los propios gobernantes que las promulgan se terminen beneficiando de ellas.

Por ello, las organizaciones firmantes exigimos a la representación nacional derogue los mencionados decretos legislativos y restituya así la plena vigencia del Estado de derecho.

COMISIÓN DE JUSTICIA SOCIAL - CHIMBOTE
COMITÉ DE FAMILIARES DE LOS DESAPARECIDOS DE SANTA
RED DE ÉTICA Y GOBERNABILIDAD DE LA PROVINCIA DEL SANTA
PARROQUIA SAN PEDRO - CHIMBOTE
PARROQUIA APOSTOL SANTIAGO DE PAMPAROMAS.
JUNTA DE DESARROLLO DISTRITAL DE PAMPAROMAS
CENTRO AMAR

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